Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMELa trata de personas fue el principal delito imputado; en este caso, el fin era someterlos a trabajo forzoso o a la esclavitud en la chacra.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El pasado jueves se llevó a cabo en el departamento de Tacuarembó la Operación Resplandor, una acción que combinó a efectivos policiales con personal del Mides y del MSP. El objetivo consistía en intervenir un residencial situado en el paraje de Rincón de Tranqueras.
De acuerdo con el reportero, la operación se llevó a cabo luego de que pesquisas indicaran que los residentes sufrían “malos tratos de todo tipo, incluidos la privación de alimentos, el encadenamiento y los golpes. Además, los responsables del lugar obligaban a los alojados a trabajar en situación análoga a la esclavitud.
Ya son ocho las personas condenadas por el hogar clandestino que funcionaba en el paraje de Rincón de Tranqueras en Tacuarembó. Se clausuró la semana pasada porque se detectó que mantenían a los 32 residentes en situaciones precarias.
La fiscal de Tacuarembó, Ángela Bonke, logró ayer domingo la condena por un proceso abreviado de otras tres personas que trabajaban en el lugar por delitos de abandono de incapaces, amenazas, violencia privada y lesiones.
Para dos trabajadores se dispuso pena de dos años, que incluyen 12 meses de arresto domiciliario total con tobillera y los otros 12 meses "una serie de condiciones, entre las que se encuentra el trabajo comunitario", se informó desde Fiscalía.
"En el tercer caso, el arresto con tobillera es por seis meses y las condiciones a cumplir por 18 meses", se añadió.
La Fiscalía ya había informado el sábado que otras cinco personas recibieron una condena por el hogar en Tacuarembó.
Tres personas recibieron una condena a cuatro años y seis meses de penitenciaria por delitos como trata de personas. "Las otras dos fueron condenadas a 24 y 18 meses respectivamente, que implican arresto domiciliario con dispositivo y trabajo comunitario, entre otras disposiciones".
En la audiencia, la fiscal relató que los responsables del establecimiento reclutaban a personas con patologías y las sometían a diversas violaciones de derechos humanos. La trata de personas fue el principal delito imputado; en este caso, el fin era someterlos a trabajo forzoso o a la esclavitud en la chacra. Sin embargo, entre los delitos accesorios, la fiscal, por ejemplo, relató que se apropiaban indebidamente de las pensiones por discapacidad, sacaban préstamos en sus nombres y los usaban para beneficio propio, y utilizaban sus tarjetas sin su autorización.
