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Sociedad Punta del Diablo | amnistía |

Rocha

Vecinos de La Paloma consiguieron amnistía impositiva

La IdR decretó la aplicación de un "impuesto a la edificación inapropiada" en La Paloma y Punta del Diablo y la comunidad planteó una alternativa.

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En 2023 la Intendencia de Rocha (IdR) realizó un relevamiento de padrones para identificar cuántas edificaciones no declaradas existen en el territorio de La Paloma y Punta del Diablo. En octubre emitió una resolución (2760/2023) en la que informó que, a raíz de esos datos, decidió aplicar el "impuesto a la edificación inapropiada", es decir, la realizada sin permisos en padrones que, a pesar de tener construcciones, pagan contribución inmobiliaria como terrenos baldíos.

Estas resoluciones abarcan los territorios de "Balneario La Paloma con exclusión de Parque Balneario La Paloma [por ser, de acuerdo con el jerarca departamental, barrio de gente trabajadora], La Pedrera, Ampliación La Pedrera, San Sebastián de la Pedrera, Punta Rubia, Santa Isabel de la Pedrera y Punta del Diablo".

Se dio un plazo de dos meses, hasta diciembre de 2023, para firmar una declaración ante el Departamento de Arquitectura y Control de Edificación de la IdR "por la que se obligan a iniciar los trámites para la regularización de dicha edificación". Quienes firmaron tienen hasta octubre de 2024 (resolución 2951/2024) para iniciarlos.

Quienes no firmaron en ese período de "amnistía", indicaron desde la comuna, deberán pagar el impuesto a partir de enero de este año. La suma es de 25 Unidades Reajustables (UR), $ 40.650, por cada año no declarado, a pagar junto con la contribución.

En diálogo con radio Ulmá el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez (PN), explicó: "Tras el relevamiento, nos llevamos la sorpresa de que hay más de 3.500 construcciones sin declarar, en situación de evasión fiscal y de forma irregular, pagando los montos mínimos por terrenos baldíos. Es legítimo el reclamo de los vecinos de pedir mejoras y obras, pero también hay que tener el aporte de la contribución correspondiente. No vale reclamar iluminación, asfaltado, recolección de residuos y, por otro lado, aportar de forma engañosa por un valor mínimo como si allí hubiera solo pasto". Además, dijo a la diaria que esta medida es de "estricta justicia tributaria".

Gabriel Laino, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Punta Rubia, explicó a Caras y Caretas que los territorios abarcados por la resolución "no son", como dijo el intendente "de gran poder adquisitivo". Son, por el contrario "balnearios de gente de trabajo, viviendas de gente obrera que construye con la familia".

Para Laino "la normativa de edificación no contemplar las características de una casa de playa", lo que motivó que muchas familias no fuesen a firmar el acuerdo entre octubre y diciembre de 2023, ya que regularizar su situación implicaría "subir techos, tirar escaleras o partes de casas" y "nada de eso es regularizable, son reformas extremadamente grandes, más caras de lo que sale una casa. La gente no puede comprometerse a esto, no va a poder pagar la contribución y la multa [el impuesto], se va a generar un endeudamiento demasiado grande". Agregó que otras personas no firmaron porque no se enteraron de la amnistía.

El representante comunitario dijo que el impuesto "se aplicó de manera aleatoria" en balnearios "donde no hay residentes" por lo que "para el intendente no tiene un costo político porque esa gente no vota en Rocha" y la medida "tiene un fin recaudatorio".

También se manifestaron en contra del argumento de justicia tributaria que esgrimió Umpiérrez: "Justicia tributaria es que todo lo que pagamos de contribución vuelva a la costa. La IdR está totalmente omisa en la costa. Los impuestos nuestros no vienen al lugar". Laino puntualizó que la medida no aplica a todo el territorio, por lo que no es justa. Umpiérrez declaró a varios medios de prensa que este es un plan piloto y la idea es aplicarlo en más padrones.

Consultado sobre los motivos por los que la gente construyó sin regular la situación en primera instancia, Laino dijo: "La intendencia permitió que eso se construyera. Si yo tengo la opción de construir sin permiso lo voy a hacer y digo 'en algún momento trataré de regularizar esto', porque son viviendas sencillas, no son mansiones. La gente ha ido, desde hace 60 años, construyendo a medida que ha podido y se ha llegado a esta situación. Por eso nadie dice 'no, no queremos regularizar', entendemos que estamos obligados porque es lo que corresponde".

Diálogo y amnistía

El viernes 26 de enero representantes de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Punta Rubia, voceros de vecinos de Santa Isabel y un vocero del grupo Interblanearios se reunieron con autoridades de la IdR, incluidos el intendente Umpiérrez y la directora de Arquitectura.

La primera consiste en realizar una caracterización urbana a través de un ingeniero agrimensor, un trámite que, según Laino, cuesta alrededor de $ 6000. "Se hace relevamiento de la propiedad y se estipula la cantidad de metros cuadrados edificados. Eso se registra en Catastro, se reafora el valor del padrón y el valor de la contribución. Problema solucionado".

La segunda iniciativa la presentaron ante la Junta Departamental y la catalogaron como "verdadera amnistía": consiste en "pasar raya" a diciembre de 2023, dejar las edificaciones que se erigieron hasta la fecha como excepción (que no deban hacer cambios estructurales), y comenzar a fiscalizar a partir de 2024. Esta idea se sustenta en que, para vecinas y vecinos, la situación actual deriva de una "responsabilidad compartida" entre la comunidad y el gobierno departamental: "Nosotros no solicitamos el permiso y la intendencia no fiscalizó, vayamos por el camino del medio". Las y los propietarios "nos autoexigimos que [la edificación] cumpla requisitos reglamentarios a nivel sanitario" de acuerdo con la normativa de edificación, "hay que ser responsables", dijo Laino.

La IdR aceptó la segunda propuesta y se está redactando una circular interna para que la Dirección de Arquitectura sepa cómo actuar en estos padrones. Además, se extendió hasta el 16 de febrero el plazo para presentar la declaración jurada que perdona el pago de la multa, por el señalamiento comunitario de que mucha gente no se había enterado.

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