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Política

EXSECRETARIO DE PRESIDENCIA PRESENTÓ ESCRITO CON GRAVES ACUSACIONES

Toma denuncia campaña de desprestigio alentada por Lacalle Pou

El caso del exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma no se ha cerrado. El exfuncionario, hoy fiscal de Gobierno, denuncia una serie de irregularidades en la investigación de las supuestas irregularidades y señala al presidente Luis Lacalle Pou como responsable de lanzar una campaña de desprestigio hacia su persona.

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El exsecretario de la Presidencia y actual fiscal de Gobierno, Miguel Ángel Toma, denunció persecución política, escarnio público, suspensión del cargo, entre otras, por parte del Poder Ejecutivo en una denuncia contra el gobierno presentada ante la Federación Latinoamericana de Fiscales.

Toma ha sido denunciado por irregularidades en el desempeño de su cargo de secretario de la Presidencia durante la anterior administración y sometido a una investigación, con separación del cargo, ordenada por el presidente Luis Lacalle Pou, quien expresó en reiteradas oportunidades su opinión contraria a Toma y juzgó las supuestas irregularidades difundidas por algunos medios de prensa. No obstante, el exsecretario se desempeña ahora como fiscal de Gobierno, cargo sobre el cual no recaen sospechas de irregularidad alguna.

“Se me persigue administrativamente por haber actuado en un cargo de confianza política en el gobierno anterior, cuando mi cargo de carrera de fiscal estaba en reserva legal”, señala Toma en el escrito.

Recuerda en el escrito que las Fiscalías de Gobierno son responsables del contralor de la regularidad jurídica de la administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho.
“Deben ser oídas en todo recurso administrativo deducido contra decisiones o resoluciones del Poder Ejecutivo o de sus dependencias; sumarios cuando el funcionario instructor sea el asesor jefe o en cualquier estado del trámite en carácter de medida para proveer mejor; en los procedimientos de reconocimiento de personerías jurídicas y en los recursos interpuestos contra la resolución que disponen destituciones, o en cualquier otra consulta jurídica que dispongan los ministerios o la Presidencia de la República”, agrega.

No obstante, se ha modificado el esquema de intervenciones preceptivas de las Fiscalías de Gobierno porque, conforme se ha hecho público”, se quiere evitar mi intervención en los asuntos”, agrega.

En sus descargos recuerda que actualmente ejerce como fiscal de Gobierno de 2° Turno, que se encuentra en la estructura de cargos del sistema orgánico Poder Ejecutivo-Ministerio de Educación y Cultura.

“Además, tuve el honor de ser designado por el expresidente de la República Tabaré Vázquez como secretario de la Presidencia de la República el 1º de marzo de 2015, cargo del que cesé exactamente cinco años después, el 1º de marzo de 2020”, señala.

Otro punto indica que “se omite instruir sendas peticiones de que: se investigue la filtración masiva a la prensa (que me ha linchado cruelmente) de los extremos de la investigación -legalmente de carácter secreta- y se instruya mi pedido de recusación o apartamiento del señor presidente de la República del trámite”.

“Se me persigue administrativamente por haber actuado en un cargo de confianza política en el gobierno anterior, cuando mi cargo de carrera de fiscal estaba en reserva legal”, sentencia.

Indica que se la ha suspendido del ejercicio del cargo a plazo fijo (penalidad a cuenta) por seis meses (cuando la suspensión en esta etapa es de carácter cautelar o preventiva mientras se instruye el sumario).

Ante una petición formulada al Poder Ejecutivo para que se mande investigar si hubieron filtraciones del procedimiento disciplinario -que debe ser secreto- “atribuibles a algún agente, la desconcertante “respuesta” es que me calle y que se me va a sancionar por haber incurrido en la grave irregularidad de haber formulado la petición de marras”.

Por estas razones, el exsecretario de la Presidencia solicita “se emita declaración repudiando la persecución de que soy objeto por parte del Poder Ejecutivo de Uruguay, que atenta seriamente contra la independencia técnica y la autonomía de los fiscales en Uruguay y se pida mi inmediata reintegración al puesto”.

 

Antecedentes

En el escrito señala Toma que las supuestas irregularidades fueron denunciadas cuando cumplía la función de secretario de la Presidencia, designado por el presidente anterior, por lo cual no corresponde la sanción del Poder Ejecutivo, ya que se le retira de un cargo sobre el que no pesan denuncias.

Señala que “es por demás evidente que no puede válidamente el Poder Ejecutivo arrogarse atribuciones correctivo-disciplinarias con miras a reprimir una presunta inconducta funcional mía, cuando fungía otro cargo, fuera de dicho sistema orgánico Poder Ejecutivo, que es el de secretario de la Presidencia de la República”.

A consecuencia, afirma seguidamente: “El legítimo ejercicio de la potestad disciplinaria lo puede ejercer el Poder Ejecutivo exclusivamente en relación a actos, hechos u omisiones punibles en ocasión de ejercer -el agente- un cargo del Ejecutivo. Jamás en relación a conductas presuntivamente irregulares ocurridas en ocasión del ejercicio de un cargo ajeno a dicha estructura”.

Sostiene que “la razón por la que en este asunto el Poder Ejecutivo no me puede sancionar radica en que él no me designó al frente de la Secretaría de la Presidencia, sino que lo hizo la Presidencia de la República. Por lo que los hechos presuntamente ilícitos que se me endilguen, en tanto ocurrieron en ocasión del ejercicio de la Secretaría de la Presidencia, son completamente ajenos y extraños a la competencia sancionadora del Ejecutivo”.

Indicó que por resolución del Poder Ejecutivo “se resolvió instruirme un sumario con suspensión por seis meses (que no es preventiva sino fijada en el acto de inicio del procedimiento). En el presente asunto disciplinario se ha puesto el foco en la composición de las delegaciones que viajaron al exterior en ocasión de los diversos pleitos arbitrales que se le dirigieron al Estado uruguayo o a las acciones criminales instadas por la República ante la Justicia Criminal italiana”.

“Se trata de una imputación completamente absurda”, sentencia.

“Pues como quedó acreditado con la documentación que presenté por escrito del 21 de octubre pasado (exp 2020/02008/00277), todas las designaciones para integrar la nómina de viajeros fueron resueltas por el Poder Ejecutivo, y no por mí desde la Secretaría de la Presidencia”, subraya.

Recuerda que en setiembre pasado, el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “activó una campaña de desprestigio personal en mi contra en los propios medios masivos de comunicación. Campaña que obedece al escarmiento que se pretende por haber ocupado un cargo de confianza política en el gobierno anterior (2015-2020), que dirigía el partido Frente Amplio, hoy en la oposición”.

“En el curso de esa ‘investigación’, el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió en diversos medios de comunicación al caso, exponiendo un juicio valorativo adverso sobre mí. Se hizo pública la información que dio cuenta de dos llamadas telefónicas que realizó el presidente de la República al instructor de esa investigación”, señala Toma en otra parte del escrito.

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