La política de Trump sobre crimen organizado y narcotráfico: presiones y amenazas

La principal característica que tuvo esta política fue el uso de la fuerza en desmedro de una relación de diplomacia con todos y cada uno de los mandatarios latinoamericanos.

Presiones y amenazas fueron su instrumental principal en el relacionamiento con sus pares, para conseguir el apoyo y la expansión de políticas que han sido consideradas como unilaterales, contraproducentes y de escasa efectividad en sus resultados.

Un análisis de InSight Crime, sobre los años de política de Trump para estos temas indica que “la volatilidad de la estrategia de su administración durante los pasados cuatro años ha dejado (a) los aliados antidrogas sin un punto de agarre, brindado capital político a presidentes que socavaron las iniciativas anticorrupción y malgastado los esfuerzos por reforzar la seguridad regional desperdiciando recursos en un ineficaz muro fronterizo”.

Para el sitio, especializado en investigaciones de crimen organizado, la política de Trump tuvo, en particular, “cinco decisiones (…) que impactaron el crimen organizado en la región:

En primer lugar, se destaca la amenaza de los Estados Unidos contra Colombia, buscando calificarla como incumplidora de las “iniciativas antinarcóticos” del país del Norte.

“En su primer memorando en la Casa Blanca, dirigido al secretario de Estado estadounidense a finales de 2017, el presidente Trump rompió con un precedente que había durado décadas y amenazó con declarar a Colombia de “falla demostrable en el cumplimiento de sus obligaciones según los acuerdos antinarcóticos internacionales” como resultado del “extraordinario aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína” en el país andino. La advertencia allanó el camino para limitar la política antinarcóticos de Colombia a sus cifras de cultivo e interdicción”, recuerda el informe del sitio de investigaciones y análisis.

En un segundo lugar, se destaca la vinculación errónea que realizara el mandatario norteamericano de querer vincular a la mara S13 (MS13) con inmigración.

“En un evento en 2018, el presidente Trump viajó a Long Island, Nueva York, para discutir la “amenaza de la MS13”. Despotricó diciendo que la pandilla callejera había “violado nuestras fronteras y transformado nuestros barrios en campos de muerte manchados de sangre”, y que hicieron uso de “vacíos legales flagrantes” para “entrar al país como menores no acompañados”. Usó a la MS13, en parte, para justificar las políticas de mano dura contra la inmigración, aunque la expansión de la pandilla en Estados Unidos obedece a una diversidad de factores sociales y económicos. El Departamento de Justicia bajo su administración ha seguido escalando esfuerzos para “trastocar, desmantelar y destruir” la pandilla pese a que entiende perfectamente su capacidad criminal”.

Esta apreciación errónea del próximo ex presidente norteamericano “continuó cuando el líder pandillero Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue” o “Clipper”, fue imputado por ocho “delitos asociados al terrorismo” en julio de 2020, aunque las autoridades no lograron justificar los sorpresivos cargos criminales”.

Los tres hechos que siguen se vinculan a “las políticas fronterizas de Trump” que terminan fortaleciendo el crimen organizado, las exigencias a México para que redoblara una estrategia de mano dura contra la problemática del narcotráfico y la forma en que las posiciones de Trump contribuyeron al desmantelamiento de la lucha anticorrupción en lo que se denomina “el triángulo Norte”.

Respecto a las “políticas fronterizas”, se recuerda la orden ejecutiva de 2018, “mediante la cual se separó a las familias que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos”.

Conocida como política de “tolerancia cero”, terminó provocando un mayor acercamiento de “la gente (…) al mercado ilegal y a las manos de los grupos criminales, permitió elevar el precio de los servicios criminales, como el coyotaje, incrementó el riesgo de que los deportados engrosaran las filas de los grupos criminales y socavó la confianza entre las autoridades y las comunidades migrantes explotadas por los grupos criminales”.

En el informe de los investigadores sobre crimen organizado se describe cómo en “septiembre de 2020, luego de amenazar con clasificar como organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado mexicano, el presidente Trump usó el memorando anual de la Casa Blanca sobre producción de drogas y narcotráfico para instar a la acción a los funcionarios de gobierno mexicanos”.

En dicha ocasión, Trump “exigió que el gobierno “demostrara con claridad su compromiso con el desmantelamiento de los carteles y sus empresas criminales”. O de lo contrario, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador correría el riesgo de ser descertificada por “incumplimiento demostrable de sus compromisos internacionales sobre el control internacional de narcóticos”.

“Estos carteles plantean una clara amenaza para México y para la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre varias partes de su país”, comentó el presidente. “México debe mostrar un claro compromiso con el desmantelamiento de los carteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses que se ven amenazados por estos grupos”, señala un memorándum de Trump, del pasado 16 de setiembre.

Este memorando de carácter anual aparece señala InSight Crime “en el contexto de la mayor presión estadounidense a la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador” y recuerdan que, tan solo en el curso del “último año, el presidente Trump amenazó con designar los grupos criminales de México como organizaciones terroristas y enviar tropas estadounidenses a “limpiar[los]”.

Aunque López Obrador ha rechazado las escaladas de esta política, las estrategias desarrolladas para contener “la espiral de violencia en el país”, no han dado sus frutos, lo que avizora un nuevo récord de homicidios para el cierre del año 2020.

La exigencia sobre una estrategia de más de 15 años y un importante acumulado de fracasos ha sido fuertemente rechazada por México sobre todo en círculos académicos de investigación que insisten en afirmar que “la violencia debe entenderse como un fenómeno social y político, no como una reacción espontánea o un problema individual aislado”.

Finalmente, concluye el informe del sitio de investigación, la “efímera era dorada” de lucha contra la corrupción pública y privada en el área centroamericana ha llegado a su fin “al esfumarse el compromiso de la administración Trump con la lucha anticorrupción en la región. Los congresistas estadounidenses celebraron audiencias para atacar las investigaciones por corrupción y no movieron un dedo cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las Naciones Unidas, terminó siendo sacada a patadas del país luego de más de una década de trabajo”.