Un gobierno sin diálogo

Otra fue la visión del Frente Amplio (FA). En palabras de su presidente Javier Miranda el país está ante un gobierno “sin diálogo” y que “eligió el camino de la confrontación y polarización de la sociedad en el marco de una crisis sanitaria, cuando se necesitaba unidad nacional”.

La realidad, más allá de los discursos y campañas, indica que hay más de 80.000 que se alimentan diariamente en ollas populares. O sea, que comen de la solidaridad porque ya no están en condiciones de ganarse el pan. Más de 60.000 empleos se han perdido, decenas de pequeñas empresas han cerrado sus puertas, el salario y las jubilaciones han caído. Y además el gobierno de Luis Lacalle Pou ha hecho oídos sordos a las propuestas del Frente Amplio que, entre otras cosas, propuso un acuerdo nacional para hacer frente a la crisis.

Un documento dado a conocer al día siguiente del mensaje de Lacalle señala que  “el Gobierno optó por ignorar a la oposición y, con ello, a la mitad del país que esta fuerza política representa. Despreció la mano tendida y desestimó toda instancia de diálogo democrático. Por el contrario, eligió el camino de la confrontación y eludió el debate amplio en instancias parlamentarias. Con la agravante de hacerlo en tiempos de pandemia, cuando es clave la unidad nacional”.

Para Miranda esto es así porque “el gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla propuestas de socios de la coalición, lo cual define la soberbia de un gobierno”.

De acuerdo al FA “los anuncios del presidente de la República ante la Asamblea General […] confirman la insuficiencia de las medidas para atender la crisis social y económica. Se anuncia que se volcarán menos recursos en el Fondo Coronavirus que lo gastado en 2020. Los adelantos realizados en materia de inversiones en infraestructura -que podrían ir en la dirección correcta- han sido difusos y con un alto grado de incertidumbre en cuanto a su composición y ejecución en el presente año”.

“Con esta perspectiva, se seguirán perdiendo puestos de trabajo y crecerán la informalidad y la pobreza, con menos oportunidades para la infancia y la juventud. Si no se toman medidas contundentes como las planteadas por el Frente Amplio, la reactivación económica será tardía, débil e injusta”, sentencia el Frente Amplio.

Recuerda el documento que “el gobierno construyó un relato negando los logros de los gobiernos del Frente Amplio. Culpó a la principal fuerza política del país de todas sus limitaciones presentes y justificó en la herencia sus políticas antipopulares. Sin embargo, contó éxitos y fortalezas heredadas al inversor extranjero”.

Más adelante afirma que “a diferencia de lo hecho en materia sanitaria, donde el gobierno mostró apertura al conocimiento científico, en la respuesta económica y social a la crisis se encerró en su ortodoxia ideológica”.

“La única política fue y es el ajuste fiscal y el recorte de políticas públicas y de participación del Estado”, sentencia el FA, y enumera algunas de las características de la gestión económica, entre ellas la ortodoxia neoliberal que se expresa en:

• Una concepción que propone menos Estado como sinónimo de Estado eficiente.
• La explícita intención de favorecer al “malla oro” y aliviarlo del “lastre” del Estado, bajo la (vieja y comprobadamente falsa) idea de que su beneficio se derramará en mejora de la distribución para toda la sociedad.
• El debilitamiento de las empresas públicas, a las cuales se les recorta su accionar y su capacidad de competir.
• Se insiste con que bajando salarios se recuperará el empleo.
• Se intenta restablecer la “patria financiera”, erosionando la reputación de transparencia del Uruguay.

Tras reseñar los aspectos negativos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), señala el Frente Amplio que “la respuesta a la crisis ha sido definitivamente insuficiente. Se ha caracterizado por una apuesta excesiva al mercado y la insuficiencia de políticas de protección social, de empleo, reactivación y apoyo a pequeños empresarios”.

Con respecto a la crisis económica y social, el Frente Amplio consideró que, la respuesta “ha sido insuficiente” y que “quedó atrapada en la ortodoxia ideológica del gobierno”. “La política preponderante fue, y sigue siendo, la del ajuste fiscal, el recorte de las políticas públicas y la reducción de la participación del Estado”.

Informe presidencial

Lacalle, fiel a su estilo, comenzó su intervención el pasado martes cobrando cuentas: “No venimos a hablar de herencias […], ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas”, dijo.

Tras repasar, con claro estilo triunfalista, las medidas adoptadas durante el primer año de gobierno, entre las que destacó, sin nombrar, obras planificadas e iniciadas en los gobiernos del Frente Amplio (FA), anunció que impulsará “nuevas medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas para aliviar su carga mientras transcurre la pandemia”.

Destacó que se extenderá el seguro de paro parcial hasta el 30 de junio y se impulsarán medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Señaló que se presentará un proyecto ante el Parlamento para exonerar de aportes a las mypimes.

Anunció que se aumentará en un 60% el monto de las canastas que entrega el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Lacalle también anunció una partida de $ 200 millones para apoyar a ollas populares, comedores y merenderos.

Clases y seguridad

Por otra parte destacó la vuelta a clases y recordó que hace un poco menos de un año eso parecía “algo lejano”. “En los lugares más apartados del país, en el medio del campo, donde el virus no estaba presente aún, decidimos la vuelta a clases. Se continuó luego en tres etapas que se dieron en el mes de junio. Obviamente que recordamos las incertidumbres, los temores y las críticas. El gobierno tenía claro el camino; y así procedió, siendo uno de los pocos países del mundo que el año pasado tuvo en la educación cierta presencialidad”, expresó.

Se refirió a la seguridad y destacó las medidas adoptadas. “Se amplió la legítima defensa, se declararon ilegítimos los piquetes, se aumentaron penas al narcotráfico y se creó el delito de la resistencia al arresto. Se creó y se dotó de herramientas a la Dirección Nacional de Seguridad Rural”, sintetizó.

“Estas medidas, sumadas a un gran cambio de actitud con respecto al respaldo a la labor policial, ha traído aparejado una baja sustantiva en la comisión de delitos en nuestro país. La reducción de un 20% en los homicidios, 12% en las rapiñas, 18% en los hurtos, y aunque en márgenes menores también en la violencia doméstica y los abigeatos”, subrayó.

Por otra parte anunció la concesión de cinco aeropuertos -Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo-, “con una inversión cercana a US$ 65 millones”.

Maquillando la crisis

De inmediato algunos referentes del Frente Amplio, como el diputado comunista Gerardo Núñez y el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, salieron a responder.

“El presidente vino al Parlamento a maquillar el ajuste y ocultar sus efectos sociales, defendió la LUC y el achique. Demasiado autobombo, y pocas medidas para ayudar a quienes más necesitan la presencia del Estado. En el barrio se decía: mucho ruido y pocas nueces”, publicó Núñez en su cuenta de Twitter, dando la postura de su fuerza política.

Por su parte, y en la misma línea, Ferreri destacó que “dentro de los anuncios la extensión de Seguro de Desempleo, Garantías del SIGA, aumento de las asignaciones y canastas, son de sentido común y bienvenidas. Las medidas adicionales para pymes y 200 millones para ollas y 200 para situación de calle tiene gusto a poco, a muy poco”.

Ferreri destacó en su cuenta de Twitter que el gobierno “sigue sin dar una respuesta potente para todos aquellos que tienen enormes dificultades para llevar el sustento a su casa en esta pandemia”.