Una ley innecesaria

Los dos proyectos plantean modificaciones en el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia (aprobado por la Ley 17.823 en 2004). De acuerdo a la normativa vigente, “cuando los padres estén separados se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia”. Si no se logra el acuerdo, establece la ley, “la tenencia la resolverá el Juez de Familia”, quien debe seguir una serie de recomendaciones establecidas como, por ejemplo, “oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente”.

En términos generales, los nuevos proyectos buscan que la tenencia compartida sea preceptiva. Es decir, en caso de que padre y madre estén separados, se obligará a las partes a compartir el mismo tiempo con hijas e hijos.

Las organizaciones que se manifestaron en contra de estos proyectos, plantean que al apelar a soluciones genéricas “no se tiene en cuenta el concepto del niño como sujeto de derecho que establece la Comité de Derechos del Niño” que implica que “cada persona es única”.

Desconocer esa individualidad, explican, “vulnera su condición de sujeto para pasar a ser considerado un mero objeto de tutela del mundo adulto”.

Advierten que esta situación, en términos de derechos, “constituye una regresión inadmisible en un Estado de derecho como el Uruguay, que se ha caracterizado por ser un país de avanzada en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, habiendo ratificado prácticamente todas las Convenciones y Tratados internacionales que se han ido aprobando”.

Además, cuestionan que en la exposición de motivos que acompaña los proyectos presentados “no se presenta evidencia de investigaciones, estudios o sistematización de jurisprudencia que muestre que la Justicia no cumple con lo dispuesto en la normativa vigente”.

Legislar para dañar

Bajo los hashtags #UnaLeyInnecesaria que #DañalaInfancia se lanzó la campaña en contra de los proyectos de “Tenencia compartida responsable” y “Corresponsabilidad en la crianza”. La actividad se desarrolló el pasado lunes, en modalidad virtual, por las redes de la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong).

Algunas de las organización que integran esta iniciativa son la, el Comité de los Derechos del Niño Uruguay  (CDNU), la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual,  Red Pro Cuidados, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y la Intersocial Feminista.

Durante la presentación Cynthia Pérez, en representación de Anong, explicó que la campaña “busca informar a la población” sobre los mencionados proyectos que se votarán el mes próximo en el Parlamento. Informó que los materiales presentados en la campaña surgieron del trabajo conjunto con colectivos de defensa en derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Gastón Cortés, integrante del equipo coordinador del Comité de Derechos del Niño del Uruguay, señaló que se trata de proyectos “que parten del error y del prejuicio de que la legislación actual no permite la tenencia compartida y esto es un error”. “El actual Código de la Niñez y la Adolescencia en nuestro país si establece la tenencia compartida para aquellos casos en los que se dan las garantías para los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En un documento informativo de la campaña explican que, actualmente, “si hay acuerdo entre los progenitores y si el niño también está de acuerdo (el derecho a ser oído debe ser respetado en toda circunstancia aún la extrajudicial), puede pactarse válidamente una tenencia compartida, solución que podrá ser homologada por la Justicia”.

Aquellos casos en los que no existe acuerdo para la tenencia compartida también están previstos en la normativa actual. “El juez la podrá determinar, pero siempre atendiendo a la particular situación de esa niña, niño o adolescente, sus circunstancias de vida y su interés y voluntad acorde a su grado de desarrollo, que es el que debe prevalecer siempre”.  “La posibilidad de una tenencia compartida existe en nuestro derecho, siempre que sea la mejor solución para el niño y sus circunstancias particulares”.

Cortés enfatizó en que el nombre de los proyectos “Tenencia Compartida Responsable” y “Corresponsabilidad en la Crianza” suenan bien, pero son engañosos porque “confunden y anteponen el interés de los adultos al de niñas, niños y adolescentes, imponiendo a la justicia la tenencia obligatoria sin observar la particularidad de cada situación, sin proteger las garantías de niños y adolescentes como si lo hace la legislación actual vigente”.

“Ambos proyectos confunden las ideas de patria potestad con tenencia, y plantean la división de niños, un 50% y un 50%, entre los adultos. Una cosa casi salomónica, En esta división arbitraria, no se consideran los diferentes modelos de familia y prima el interés del adulto por encima del de los niños”, agrega Cortés.

Sobre este punto, el material informativo de la campaña plantea que “los progenitores (tanto madres como padres) no siempre pueden responder a la división en partes iguales de los cuidados y, sin embargo, se impone la tenencia compartida sin contemplar si es viable”,

“¿Cómo tendrán que hacer niñas y niños?, ¿ir con sus mochilas de un lado al otro, obligados a trasladarse permanentemente?,  ¿cómo van a construir vínculos en su comunidad y a participar en la vida de sus barrios?”, se preguntó el referente del CDNU.

Peligro

Otra preocupación es que los mencionados proyectos no tienen en cuenta los casos de violencia o abuso, ya que ante la existencia de denuncias en contra del progenitor o la progenitora, plantean que “no se suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del denunciado por parte del tribunal competente”.

Asimismo, para los casos de medidas cautelares previas a la sentencia, los nuevos proyectos proponen que se respete “el derecho del denunciado a las visitas, en las modalidades que garanticen el interés superior del menor”. Las organizaciones señalan que se expondría a niñas, niños y adolescentes “a convivir con sus agresores o abusadores sexuales o a sostener un régimen de visita, en tanto la justicia no se expida, sin garantizar su protección integral y exponiendo a niñas, niños y adolescentes a una verdadera tortura”.

Según el último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), en el 2020 se registraron más de 4. 900 casos de violencia contra niñas y niños. En tal sentido, Cortés cuestionó: “¿Cómo vamos a garantizar una vida libre de violencia si permitimos esto?”.

En representación de la Intersocial Feminista, Andrea Tuana, quien también participó de la presentación de la campaña, destacó la relevancia de comprender que la actual campaña “no cuestiona la idea de la tenencia compartida ni la corresponsabilidad en los cuidados”, con la cual están de acuerdo, sino que “cuestiona que no se toma en cuenta cada situación, y que se pretende imponer esta forma de organización en todos los casos”.

Tuana remarcó que los proyectos “dañan” porque “cuando existen conflictos entre los padres, cuando no existe posibilidad de dialogar, cuando hay padres que se encuentran en una guerra, en un fuego cruzado, colocar a los niños en tenencia compartida les puede generar situaciones muy complicadas en cuanto a las lealtades. Son padres que no van a estar priorizando sus necesidades, sino que se cumpla con rigidez ese acuerdo de tenencia compartida”.

Por otra parte, subrayó que esta ley “puede poner en serio peligro a los niños y niñas, porque abre la puerta a que abusadores sexuales puedan acceder libremente a ellos, que violentos puedan hacer uso de esa violencia y generar sufrimiento a su expareja como forma de perpetuar la violencia que había antes de la separación”.

Para la activista feminista, también es importante observar quienes están impulsando estos proyectos de ley y cuáles son sus planteos. “Los planteos de quienes impulsan estos proyectos es que una gran mayoría de las denuncias de abusos sexuales y malos tratos son falsas y que las mujeres, manipulado a sus hijos e hijas, ponen denuncias falsas”. En su opinión, estas formas de legitimar que la violencia no existe “expone a niños y niñas a un enorme riesgo y vuelve a instalar la idea de que los niños mienten y fantasean”.

“Muchos de quienes están impulsando estos proyectos pretenden volver a instalar una pseudoteoría sin base científica, que ha sido rechazada por la comunidad internacional, que es el falso síndrome de alienación parental”. Según Tuana, esta pseudoteoría es “un instrumento de tortura que se utiliza para separar a niños y niñas de adultos y adultas protectoras y entregarlos a la convivencia con personas agresoras”.

Quienes llevan adelante la campaña en contra de los proyectos de “Tenencia compartida responsable” y “Corresponsabilidad en la crianza” se preguntan si, en caso de su aprobación, el Estado se hará responsable de las consecuencias.