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Sociedad LUC |

LUC y educación

Una reforma educativa que nace debilitada

Sindicatos de la educación evalúan el escenario político y el fututo de la educación tras la ratificación de los 135 artículos de la LUC que fueron sometidos a referéndum.

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Los 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC) sometidos a referéndum quedaron ratificados luego de la instancia electoral del pasado 27 de marzo. De estos artículos, 74 conforman el capítulo de educación y se orientan hacia la transformación educativa, uno de los objetivos prioritarios en los que se enfocará la gestión del gobierno, según reafirmó el presidente Luis Lacalle Pou tras conocerse los resultados.

Al 30 de marzo, el No a la derogación de los 135 artículos alcanzó el 47,3% de los votos escrutados, lo que significa que 1.087.557 personas apoyaron el articulado de la coalición de gobierno. Desde los sindicatos de la educación, remarcan que tales resultados pintan un escenario político “débil” para la implementación de la anunciada transformación educativa.

El Secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), Emiliano Mandacen, explicó que el sindicato terminará de evaluar el escenario en los próximos días, ya que después de un proceso tan intenso hay que tomarse un tiempo para profundizar. No obstante, aseguró que “no hay dudas de que los artículos son un retroceso muy importante para la educación pública uruguaya”.

Otra certeza, según el dirigente, es que los resultados del referéndum reflejan “un debilitamiento importante” del gobierno que le traerá dificultades a la hora de poner en marcha sus planes para la educación. “El escenario está sumamente debilitado porque el articulado que definió el gobierno no alcanzó ni siquiera el 50% de respaldo, un apoyo muy inferior al que tendría el oficialismo de acuerdo a los votos que tiene dentro del Parlamento. Ese debilitamiento también se da a la interna del gremio docente, ya que estos 135 artículos no cuentan con la anuencia general del gremio docente ni de trabajadores y trabajadoras de la educación”, aseguró recordando que en las últimas elecciones del Codicen las listas sindicales obtuvieron la mayoría.

Ante este panorama, Mandacen opinó que si se avanza hacia la transformación educativa sin un cambio político que incluya la construcción de un diálogo con los trabajadores de la educación y con la sociedad toda, “será una reforma que nacerá muy débil y con serias dificultades para ser implementada”.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones públicas de jerarcas del gobierno y de la educación tras publicarse los resultados del referéndum como “una actitud muy lineal, poco profunda y de seguir adelante sin hacer ningún tipo de autocrítica”. “Esperemos equivocarnos en ese análisis, mientras tanto evaluaremos cómo seguir y que paso dar. Nosotros estamos firmes en la idea de que existe un prejuicio muy importante a la educación pública y vamos a seguir trabajando en salir a denunciar y explicarle a la sociedad cuáles son los retrasos que genera este articulado”.

Entre las modificaciones más peligrosas que enfrentará la educación pública en el futuro cercano, Mandacen mencionó “la regla fiscal, el achicamiento del presupuesto educativo en 80 millones de dólares, la desregulación del trabajo docente, el debilitamiento del aprendizaje disciplinar desde una visión utilitarista y la vulneración del acceso democrático al conocimiento de toda la sociedad.

 

Transformar la educación sin docentes

Por su parte, la secretaria general del Pit-Cnt y dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, manifestó a Caras y Caretas que los 34 artículos que conforman el capítulo de educación de la LUC “implican un cambio profundo, no solo en la gobernanza, sino en la participación docente”. “Esta situación [falta de participación] ya la estábamos viviendo aunque la ley no se estaba aplicando en su máxima expresión. La representación docente en los distintos espacios ya no estaba, más allá de acceder a alguna entrevista para recibir solo una parte de la información, algo que reclamamos en más de una oportunidad”. A modo de ejemplo, se refirió a la reciente resolución del MEC sobre el carácter universitario de los títulos docentes, del cual aseguró no conocer el contenido.

A su vez, cuestionó que con la LUC se modificó la obligatoriedad de la convocatoria del Congreso Nacional de Educación, que podrá ser convocado como máximo una vez por período de gobierno. “Ya llevan dos años de periodo y no se vislumbra ninguna voluntad de convocar al Congreso en términos de proximidad. ¿Dónde está la escucha?”.

Entre los artículos que modifican la Ley General de Educación de 2008, mencionó el artículo que refiere a la obligatoriedad. En el texto anterior, los padres, madres o responsables legales de niñas, niños y adolescentes tenían la obligación de inscribirlos en los centros de enseñanza y darle seguimiento a sus procesos de aprendizaje. La LUC modifica la redacción y cambia las palabras ‘tienen la obligación’  por ‘tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación’. Sobre este punto, Pereira aseguró que “no fue un descuido ni un cambio inocente”. “No es lo mismo obligación que contribución. Con la redacción actual, si cualquier familiar decide no inscribir a su hija o hijo a la escuela, y atender desde otro lugar su educación, está facultado para hacerlo, a pesar de que la constitución hable de obligatoriedad”.

Por otro lado, se refirió a un “ajuste presupuestal tremendo” y opinó que la rendición de cuentas debería ser el respaldo de las transformaciones pretendidas. “Estamos viendo un mayor número de alumnos por clase, más cantidad de docentes que no tienen donde desarrollarse profesionalmente, una reducción del programa maestras comunitarias sin ningún análisis de evaluación negativa. Más allá de estas cuestiones, están previstas transformaciones curriculares, de las que aún desconocemos el contenido y qué impacto tendrán en los aprendizajes. Si el objetivo es revertir los porcentajes de deserción estudiantil que a todos nos interpelan, a dos años de gobierno debería visualizarse alguna mejora y no vemos que así suceda. Por el contrario, los últimos informes públicos del año 2019 muestran a tercero y sexto de primaria con un nivel superior en avance y apropiación de conocimiento”.

Sobre las expectativas en el vínculo con el gobierno y las autoridades de educación, Pereira expresó: “Esperamos que se respete a los docentes y a las organizaciones sindicales que representamos a los docentes porque, en algunos casos, el gobierno defiende la democracia representativa, se discute todo en el Parlamento, pero a la hora de debatir otras cuestiones cambia la postura. La FUM-TEP cumple 80 años de existencia y siempre tuvimos, salvo épocas oscuras del país, participación y propuestas porque el objetivo -que los chiquilines aprendan más y mejor -es compartido, más allá de que las estrategias no lo sean. Creemos que el camino para ese objetivo no es con grupos superpoblados ni reduciendo programas con evaluación favorable que buscan no solo retener chiquilines en la escuela, sino acompañar sus procesos de aprendizaje”.

Agregó que lo que esperan de un gobierno de la educación es “que intente consensuar con docentes y trabajadores”  porque, en materia educativa, “Uruguay precisa de todos”. “Las responsabilidades son diferentes, pero nadie tiene la verdad absoluta, una cosa es cumplir las responsabilidades imponiéndose y otra es mediante la escucha. Lo que pasó el domingo debería servir para que el gobierno escuche”.

 

Presupuesto y temas emergentes

Daysi Iglesias, representante docente en el Consejo Directivo Central, expresó la necesidad de dejar atrás el tema del referéndum y sus repercusiones para enfocarse en lo que se viene en junio, que es la rendición de cuentas y sus temas adyacentes.

Explicó que la situación del Codicen de la ANEP es “amplia variada y compleja”, ya que abordan entre 70 y 90 ítems de diversa índole por sesión, pero discriminó algunos temas prioritarios.

Por un lado, señaló el tema de los cargos remarcando la necesidad de contar con más auxiliares y personal administrativo, tanto en primaria, como en secundaria y UTU. “En pandemia tenemos instituciones con menguado número de auxiliares, que son quienes sostienen la situación de higiene. Es un problema cuando se cuenta solo con dos auxiliares para 300 escolares o, en los casos de algunos liceos y escuelas técnicas, hay un insignificante número de auxiliares para 3000 alumnos”.

Con respecto a los cargos docentes aseguró que en inicial, primaria y educación media, independientemente de los estudios de nacimiento que se hicieron, existen grupos de entre 40, 50 y 60 alumnos.

A su entender, la rendición de cuentas “debe significar un incremento salarial para docentes y trabajadores no docentes”. “En estos días nos hemos encontrado con una reestructura en primaria que tienen que ver con la carga horaria de trabajadores y trabajadores, mediante la cual algunos aumentaron su número de escuelas. Todo bien con la reestructura, pero hay gente que está ganando entre 29. 000 y 30.000 pesos por seis horas de trabajo. En el caso de directores, a pesar de lo que dicen las leyes sobre su importancia, muchos de ellos ganan menos que un maestro del último grado de su escuela, directores que tienen 2.000 estudiantes a cargo. Con ese tipo de salario es muy difícil avanzar”.

Otro de los problemas emergentes, para la consejera por los docentes, es el edilicio que, a su vez, tiene dos facetas: mantenimiento y capacidad. “Actualmente hay instituciones que están requiriendo ampliaciones. En un lugar que visitamos nos pidieron ampliar un contenedor porque no entraban todos los estudiantes. Hay otros locales que se siguen lloviendo o que tienen humedades, pero les dicen que ‛hay otros que están peor, lo cual es verdad, pero es necesario mirar en proyección las situaciones en las plantas edilicias.

Para finalizar, Iglesias se pronunció sobre el reconocimiento universitario a los títulos de formación en educación que le compete al MEC y aseguró que no tiene información sobre la participación de ANEP en instancias del Ministerio porque cuando ingresaron al Consejo, junto con el consejero Julián Mazzoni, muchos cambios ya habían sido adoptados. “Asumimos el 25 de febrero, en período de implementación, desde entonces pedimos que existan niveles de consulta y discusión con nosotros. Con respecto a los reglamentos del MEC para el reconocimiento de los títulos, creo que algunos deben ser reconsiderados, por ejemplo, los conceptos de porcentajes para las planillas docentes. Se habla del 10% de doctorado y el 20% de maestría cuando el sistema público no ofreció eso, por lo tanto, están llamando a gente que cursó nivel universitario o privado. Son temas delicados, nadie se opone a que tengan mejor desempeño y mejor formación, pero hay una estructura de formación docente válida y en caso de reconocer el grado universitario, hay que pensar cómo se hace con quienes no están cursando, que son 60 000 personas, y qué se hace con la estructura existente en formación docente. Son cosas que hay que tener en cuenta antes, seguramente las tuvieron, pero no hubo apertura participativa hacia algunos niveles que permitieran escuchar otras voces”.

 

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