La resolución adoptada por Naciones Unidas es la primera que contiene compromisos concretos y aceptados por el Gobierno venezolano y reanuda la colaboración entre ese país y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, luego de una década de ruptura con el Sistema Naciones Unidas.
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La resolución, apoyada totalmente por Uruguay, respalda el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela y hace un llamado al Gobierno venezolano a implementar plenamente las recomendaciones formuladas.
Entre otras medidas, recoge la próxima apertura de una Oficina de la Alta Comisionada en su territorio, así como la aceptación de Venezuela de cumplir con las recomendaciones mencionadas, y pide a las autoridades del país que adopten todas las medidas necesarias para garantizar a la población el derecho a la alimentación, el agua y el acceso a medicamentos y servicios de salud sin discriminación.
Uruguay reafirma su total respaldo a la labor de la alta comisionada, a sus constataciones respecto de las violaciones de los derechos humanos en el país y, en particular, de los avances registrados para la protección efectiva de los derechos humanos y cuenta con la cooperación del Gobierno del propio país.