Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Violencia policial: problema institucional

Informe y entrevista a Tamara Samudio, politóloga e integrante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El caso de violencia policial ocurrido la semana pasada reabrió el debate sobre el accionar de los oficiales, la legislación vigente y la postura política de Ministerio del Interior.

En un video que se viralizó por redes sociales se ve a oficiales de la Policía y de la Guardia Republicana (GR) violentando a varias personas para que borren un video del procedimiento policial que acababan de realizar. Eso constituye, nadie duda, abuso policial.

Después se supo que Chiappa, uno de los oficiales de la GR involucrado, está siendo investigado por Fiscalía por dispararle a un joven de 19 años en la cabeza en un procedimiento por rapiña. El joven estaba desarmado. A pesar de los hechos, el Ministerio del Interior no abrió una investigación administrativa y Chiappa no fue apartado de sus tareas operativas.

Fiorella Buzeta, edila por el Frente Amplio, aseveró que «lo grave del suceso no es la vinculación particular con el hecho sucedido hace tantos años atrás [Chiappa fue el adolescente que la baleó cuando los dos tenían 13 años], sino la actuación de abuso policial repetida y la reproducción de violencia en nuestra sociedad».

Entendiendo la violencia policial

El cuerpo policial y las Fuerzas Armadas, como encargadas de «mantener el orden público» y la seguridad pública como valor supremo, gozan de legitimidad y legalidad para utilizar la fuerza. Esto debe hacerse, como forma de cuidar a la ciudadanía, de acuerdo con principios de excepcionalidad, proporcionalidad y racionalidad.

Se configura violencia policial cuando hay un uso excesivo de esa fuerza, se violan los derechos humanos, se atenta contra la ciudadanía. Esto puede darse en expresiones verbales o físicas, golpes, discriminación.

«Lo más importante que hay que recordar es que las autoridades del Estado, incluida la policía, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la vida. Según el derecho internacional, los agentes de policía nunca deben usar los medios letales excepto como último recurso», aseguran desde Amnistía Internacional.

Tamara Samudio, politóloga

Desde el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay se han realizado alguna de las pocas investigaciones sobre violencia policial en el país. De hecho, abrieron un formulario de violencia policial que tiene como objetivo «registrar y sistematizar situaciones de violencia policial, para visibilizar públicamente dichas prácticas».

Tamara Samudio, politóloga e integrante de Serpaj, habló en Legítima Defensa sobre la violencia policial.

Uno de los elementos que remarcó es la falta de datos que permitan evaluar la violencia policial de forma cuantitativa. También mencionó que muchas personas no denuncian o cuentan públicamente haber vivido estos hechos, por lo que no hay registro fidedigno.

Samudio, en línea con lo que expresó Buzeta en su posteo, sentenció que «no debemos quedarnos con los casos puntuales», sino entender que esta es una problemática estructural que refiere a la institución policial y no a un policía en particular. En esto juega la legislación (que catalogó como «discrecional»), el clima social y la postura de los dirigentes políticos.

Desde Serpaj elaboraron un folleto con recomendaciones por si nos para la policía. Samudio puntualizó que tuvieron que cambiarlo varias veces debido a los delitos que se crearon con la Ley de Urgente Consideración y otros cambios normativos incluidos en esa ley. «Somos cada vez más cautas», aseguró, por ese aumento de discrecionalidad en el accionar policial que ya había mencionado.

Samudio explicó que la policía puede pedirnos la cédula de identidad y llevarnos conducidas/os, no detenidos ni procesados ni trasladados, a la comisaría. Este proceso no puede durar más de dos horas. Es obligatorio identificarse.

Con respecto al caso de abuso policial de la semana pasada aseguró que no está prohibido filmar procedimientos policiales, pero hay que tener especial cuidado con «no interferir». Además, la creación de delitos como agravio policial puede dejar a la gente en una situación de desigualdad de poder frente a los oficiales ya que son términos amplios.

La politóloga aseguró que hay una gran falta de información en la población y también dentro de las unidades policiales, que no son instruidas sobre los cambios normativos o los límites de su función.

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO