La ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche dejó claro al semanario Búsqueda que el cuestionado director del Banco República Pablo Sitjar está en su cargo por “un acuerdo político” y expresó que por contar con el respaldo del Senado no le corresponde a ella definir su continuidad. Todo ello a pesar de que el Banco República es un organismo dependiente de su ministerio y de que con su firma, junto a la otros doce ministros y del presidente de la República, es que fue designado.
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Transcurrido un mes desde que el semanario citado difundiera los antecedentes del expresidente de la Bolsa de Valores -las sanciones que el Banco Central le impusiera, los embargos que la DGI le trabara y los gastos en que debió incurrir el Estado por su causa- el Poder Ejecutivo ha mantenido silencio sobre el tema, y solamente se han escuchado voces en su defensa desde el grupo político al que pertenece.
En teoría, nada impediría al órgano legislativo -que dio el visto bueno a los antecedentes proporcionados por el propio interesado- revisar ahora su decisión, una vez comprobados los desvíos de su conducta y los perjuicios que por ellos sufrió el Estado. Es más, sería de buena política revisar lo actuado al detectar el error incurrido.
El lapso desde que Búsqueda hizo conocer su juicio contra el Estado y la multa del BCU por violar las normas sobre el lavado de dinero lleva a preguntarse si en el Poder Ejecutivo se considera que el equilibrio de su coalición es tan precario que no puede permitirse el reconocimiento de un error y la acción de enmendarlo.
La comentada es una circunstancia en la que la inacción constituye un daño permanente a las instituciones y al propio prestigio del gobierno y de su coalición. La actitud señalada se aleja de la cristalinidad agitada constantemente como bandera, y se incumple con un precedente: el cese de un jerarca a poco de designado al constatar que estaba “de ambos lados del mostrador”. Esta es la hora de hacerse cargo y rever lo actuado.