1º de Mayo para todas

A pesar de lo antedicho, la brecha de ocupación y la brecha salarial seguían siendo, a 2020, una gran problemática que los Estados debían subsanar. Se avanzaba lento, pero se avanzaba.

La pandemia, sin embargo, tiró abajo años de construcciones por la igualdad de género en el mundo del trabajo. Como era de esperarse la crisis que desató el coronavirus tuvo, tiene y tendrá impactos disímiles en hombres y en mujeres; esta brecha se agrava si se incluyen variables como la clase social, la raza o la edad.

De cara a este 1° de Mayo tan particular es menester presentar un análisis que evidencie cómo las mujeres, nuevamente, aguantamos el mostrador.

Pérdida de empleo

23 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo en plena pandemia en Latinoamérica y el Caribe. La caída de la tasa de participación en el mercado laboral es del 57,2%, informó la OIT.

Más del 50% de las personas que quedaron desempleadas son mujeres, cerca de 13 millones. “Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a millones de mujeres y anulando avances anteriores. Hemos retrocedido más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos empleos y pisar en el acelerador de la igualdad de género”, dijo el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

En total, alrededor de 25 millones de mujeres están desempleadas o se encuentran fuera de la fuerza de trabajo en este momento.

Las mujeres además han sido afectadas en el mercado de trabajo por su mayor presencia en sectores económicos fuertemente afectados por esta crisis como, por ejemplo, los servicios, donde se desempeña cerca de 50% de la fuerza laboral femenina, y de comercio, con 26%.

Otro factor que ha afectado y, más aún, puede condicionar las perspectivas de recuperación del empleo de las mujeres son las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, en un contexto en donde los servicios educativos y de cuidado se han visto profundamente alterados de la mano de las medidas sanitarias para el distanciamiento y reducción de la movilidad de las personas.

La tasa de ocupación de las mujeres a nivel regional cayó 12,3% y la de los hombres 9,3%. La tasa de participación en el mercado laboral disminuyó 10,4% frente a 7,4% para los hombres.

En el informe laboral de la OIT publicado en diciembre de 2020 se informa que esta tendencia a la pérdida de presencia de mujeres en el mercado de trabajo tendrá «consecuencias [que] pueden extenderse más allá de la crisis sanitaria sin el debido soporte de los sistemas públicos de cuidados (enfermos, ancianos, niños) y el sistema escolar presencial, que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral. A su vez, el significativo incremento en la subutilización de la fuerza de trabajo durante 2020 puede también generar mayores dificultades para su reinserción laboral en el futuro. Por ende, la crisis económica regional, puede incluso tener impactos más permanentes si no se implementan respuestas de política sociolaboral pertinente».

En Uruguay la relación entre las tasas de participación femenina y masculina supera el 79%, lo que contrasta fuertemente con la situación de países como República Dominicana, donde la cifra no supera el 65%.

Al aplicar una perspectiva interseccional por edad, se ve que las y los jóvenes se vieron especialmente afectadas/os por la pandemia. Una/o de cada cuatro jóvenes perdió su empleo en 2020, lo que significa una tasa de desocupación juvenil de 23,2%: un nivel nunca antes registrado.

Trabajo doméstico remunerado

El trabajo doméstico remunerado es una de las categorías ocupacionales más afectadas en la región, tanto por la magnitud de la destrucción de puestos de trabajo como por la vulnerabilidad que han experimentado las trabajadoras del sector durante la pandemia. Es uno de los sectores con mayores niveles de feminización, precarización e inestabilidad.

De acuerdo con la OIT, los efectos negativos de la pandemia en el trabajo doméstico son «particularmente notorios» y significan un retroceso respecto de lo observado en la década de 2010, cuando se llevaron a cabo varias reformas legales en la región por el Convenio 189 (2011) sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. En América Latina y el Caribe se ha ejercido un fuerte liderazgo en materia de ratificación y protección legal de las trabajadoras domésticas remuneradas. Uruguay fue el primer país que ratificó el Convenio 189 (2012) a nivel global.

A nivel regional, menos de un tercio de las trabajadoras domésticas tienen cobertura de la seguridad social y sus salarios siguen siendo precarios. Además, las mejoras de la legislación del trabajo doméstico remunerado equipararon pisos mínimos en aspectos básicos, pero en la mayoría de los casos no han podido avanzar hacia el logro de protecciones y prestaciones como seguros de desempleo, pagos de horas extra o acceso a capacitación, ni en la provisión de condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.

Uruguay es el país ejemplo en esta materia. La OIT registra avances importantes en esta década a través de legislación en materia de seguridad social, contratos y fiscalización. Como consecuencia, las trabajadoras domésticas uruguayas tienen la mayor cobertura de seguridad social de América Latina: más del 65%.

Brecha salarial

El incremento de los salarios reales ha tendido a desacelerarse desde 2017, en un contexto regional previo a la pandemia de la covid-19 marcado por el menor crecimiento económico y tasas de desocupación crecientes.

Si bien desde 2013 se aprecia que los incrementos mayores de los salarios de las mujeres han servido para ir reduciendo paulatinamente la brecha respecto de los hombres, esta tendencia se detuvo en 2019. En efecto, la brecha salarial en 2019 se mantuvo al mismo nivel que en 2018: 87,7%.

Las mujeres en Uruguay ganan 75% de lo que ganan los varones por las mismas tareas, según un informe de Cepal y ONU Mujeres. Ni en la Constitución ni en la ley específica vigente se especifica expresamente el principio de igualdad de remuneración por trabajos de igual valor en los términos del Convenio Nº 100 de la OIT, que Uruguay ratificó.

ONU Mujeres presentó una lista de tareas pendientes para que Uruguay se acerque a una situación de igualdad.

• Ratificación del Convenio OIT 183, sobre protección de la maternidad.
• Reformas:
  • especificación del principio de igualdad de remuneración a trabajos de igual valor;
  • ampliación de la licencia de paternidad;
  • ampliación del descanso por maternidad a las funcionarias públicas de la Administración Central al piso mínimo de las 14 semanas;
  • asimilación de los derechos al resto de trabajadores/as domésticos/as.
• Eliminación:
  • del artículo 54 de la Constitución que establece que el trabajo de las mujeres será
    especialmente reglamentado y limitado;
  • del artículo 4 de la ley Nº 5.032 de Accidentes de Trabajo.