«A quien más impacta la LUC es a las mujeres»

Desde la Intersocial entienden que la LUC «es una ley inabarcable, votada a contrarreloj, orquestada de espaldas a la ciudadanía y presentada después de las elecciones. En sus 476 artículos trata 36 temas diversos; ninguno urgente». A las mujeres, «cuidar la calidad democrática de nuestro país nos moviliza. Por eso, desde la Intersocial Feminista definimos promover el referéndum de forma unánime».

Con esta campaña la Intersocial pone sobre la mesa una perspectiva importante: todos los temas son temas de las mujeres, y los temas que afectan especialmente a las mujeres son temas de todos. Camino a una elección obligatoria, la voz de mujeres organizadas se alza para hablar y posicionarse sobre temas universales; por supuesto, desde una mirada atravesada por las desigualdades de género.

«Mientras la incertidumbre nos encerraba en nuestras casas y el 100% de los medios transmitían la pandemia, el espacio para el intercambio y las modificaciones fue nulo. Si bien todo el proceso de la LUC es cuestionable, su tratamiento parlamentario dejó más que desear: la mayoría de las organizaciones y especialistas no tuvieron más de 10 minutos para presentar sus análisis y muchas, aun siendo expertas, no pudieron ser recibidas», justifica la Intersocial en el texto de lanzamiento de la campaña.

Armaron su propia convocatoria porque «tenemos la firme y estudiada convicción de que gran número de los 135 artículos seleccionados afectan de forma negativa la vida de las mujeres y especialmente la vida de las más vulnerables: afro, trans y las más pobres. Ganar este referéndum pensando en todas las mujeres sería nuestro tercer y mayor triunfo».

La Intersocial publicó una serie de placas en sus redes sociales con información sobre el impacto diferenciado de la LUC sobre las mujeres.

Si sube la nafta, sube todo

A quien más empobrece la LUC es a las mujeres jefas de hogar. Los aumentos en el precio de la nafta, aseguran, afectan a toda la cadena: comida, vivienda, educación y salud.

Planificar la economía «es justamente una tarea de gobierno. Ninguna familia puede aguantar subas mensuales de combustibles, no importa el transporte que utilicen. Los salarios e ingresos de la mayoría no suben mensualmente y de hecho están bajando».

Sobre los artículos 235, 236 y 237, referidos a combustibles, dicen: «No hay bolsillo que alcance y menos los de las mujeres, que en Uruguay estamos más desempleadas, tenemos más trabajos informales y ganamos un 25% menos que los hombres».

No significa lo mismo un aumento anual de los combustibles de un 20% en un hogar de un hombre que en el hogar de una mujer. La proporción de hogares monomarentales constituye un 11,1% versus un 1,9% masculinos, por lo que un sueldo de esas mujeres debe sostener toda la economía de la familia con un 20% menos que el año pasado.

Además, luego de diez años de tener el primer hijo, las mujeres sufren una reducción del 42% de su salario mensual en comparación con mujeres de características similares sin hijos. Todo esto, sin entrar además en la pérdida de salario «que nos destruye la calidad de vida y tiene cada vez más infancias y mujeres en la pobreza».

Mujeres y microtráfico

El artículo 74 de la LUC agrava las penas de microtráfico en los casos en los que se ingrese droga en la cárcel o se venda droga en el hogar. Un delito que en el caso de las mujeres es cometido por personas en situación de vulnerabilidad, en muchos casos extorsionadas por parejas y familiares presos que demandan el ingreso de 15, 20 o 40 gramos de marihuana a las cárceles, aseguran desde la Intersocial.

La medida ha provocado una explosión de mujeres presas en el sistema carcelario, mujeres que dejan afuera hijos, que sin su cuidado, quedan en situaciones extremas y en muchas ocasiones son enviados al INAU.
El artículo establece, además de una pena que la organización califica como «sumamente excesiva, un régimen de una desigualdad muy grande con aquellos narcotraficantes que, por ejemplo, están esperando su juicio en situación de prisión domiciliaria».

Así, la LUC plantea «una doble injusticia sobre mujeres en situación de pobreza y de violencia de género, un castigo del sistema penal agravado por la Ley de Urgente Consideración».
El 50% de las mujeres que están presas en la actualidad están cumpliendo penas por microtráfico. La comparación 2019-2021, presentada en el gráfico de abajo, muestra aumentos considerables en el número de mujeres privadas de libertad.

Menos laica, menos gratuita y menos obligatoria

«Los cambios en la educación pública impactan en la vida de las mujeres en múltiples formas. Por un lado, se trata de un sector donde la mayor parte de quienes trabajan son mujeres, específicamente el 90% del cuerpo docente. Sin obviar a sus pares varones, maestras, profesoras, educadoras y adscriptas han sido y son las que hacen frente e implementan mayoritariamente las políticas impuestas por los gobiernos», aseguran desde la Intersocial.

Hay 34 artículos que impactan a la educación incluidos en los 135 que se someterán a referéndum el próximo 27 de marzo; la organización hace énfasis en tres: educación en primera infancia, participación y privatización de la educación.

En los últimos años, argumentan, el Estado estaba incrementando su corresponsabilidad en los cuidados y su atención a la educación en la primera infancia, expandiendo progresivamente la obligatoriedad de la educación. El artículo 140 de la LUC plantea que la educación para quienes cumplen tres años no es obligatoria a texto expreso.

¿Qué implica esto? Por un lado «pone en riesgo prestaciones ya existentes como las asignaciones familiares y las becas estudiantiles. Además, perjudica a niños y niñas de sectores vulnerados eximiendo a sus responsables de llevarlos a un centro educativo y así les impide recibir un estímulo psicomotriz que favorece el desarrollo a temprana edad».

En cuanto a la participación, los artículos 148 y 156 de la LUC eliminan los Consejos de Educación en inicial, primaria, secundaria y técnico profesional. Sustituye los Consejos por direcciones unipersonales, es decir, una persona en vez de un conjunto de personas tomará decisiones sobre un sistema que abarca a 700.000 estudiantes y 60.000 docentes. Estos cambios «empobrecen la política educativa concentrando en una persona decisiones complejas y diversas de gestión e implementación de políticas».

Haciendo obligatoria la educación en primera infancia «se vela por los derechos de las infancias de mayor vulnerabilidad social. Un Estado que anula esta posibilidad es un Estado que deja de aumentar e invertir y garantizar cupos en CAIF y otros centros educativos formales y no formales. Sin cupos en estos centros, el peso de los cuidados recaerá nuevamente sobre las mujeres y, sobre todo, en las mujeres sin recursos para costear una educación privada», sentencian.

Además, denuncian la privatización de la educación, que no significa que deja de ser pública, sino que «se jerarquiza la visión privada, la visión que viene del mercado y que establece que el acceso a un derecho solo es posible pagando una retribución».

En suma, «con la LUC se pierde la visión de las protagonistas de la comunidad educativa» y se pasa a una educación «más excluyente, menos participativa y menos pública».

Mujeres rurales sin acceso a la tierra

Los artículos 357 y 358 de la LUC permiten al colono o colona no vivir y no trabajar “directamente” la tierra y solamente “supervisar” el trabajo, «desvirtuando la naturaleza del Instituto», situación en la que podrían encontrarse jerarcas del gobierno y algunos legisladores, señala la Intersocial, y cabe recordar que hace unos días Búsqueda dio a conocer documentos sobre posesión de tierras de Colonización de la familia Manini Ríos-Moreira.

Los efectos de esta políticas «cortan nuevamente por el eslabón más débil: afectaría abiertamente a la agricultura familiar basada en tierras provenientes del BHU: pequeños/as y medianos/as productores/as que quedarían a merced del mercado de tierras y que, en un contexto de altos precios, serán presa fácil de los grandes capitales, nacionales y extranjeros», dice la Intersocial.

En Uruguay, aún se conservan inmensas brechas de desigualdad de género en el acceso a la tierra producidas en parte por años de historia en los que las mujeres no eran reconocidas como beneficiarias directas de la política de acceso a la tierra ni como trabajadoras rurales.

El 80,3% de las explotaciones están gestionadas por varones, mientras que apenas el 19,7% son lideradas por mujeres que ocupan solamente el 11% de la superficie.

En 70 años de historia del INC se entregaban tierras a familias en forma de titularidad individual, con las características que esto supuso en términos de relaciones de género. Recién en 2018, la Ley 19.781, consagra la titularidad conjunta de la pareja como forma de colonización. De esta manera se garantiza el acceso igualitario de la mujer a los derechos y obligaciones de la colonización, en particular la tierra y la vivienda.

La política de cotitularidad conyugal/concubinaria explica el ingreso del 84% (que corresponde a 115) de las mujeres titulares de tierra de unidades familiares solamente para el período 2015-2018. Según Cepal, la proporción de tareas no remuneradas que realiza una mujer rural es mayor a la de una mujer urbana, y mucho mayor que la de los hombres, sean urbanos o rurales.

El estudio destaca además que las mujeres juegan un rol fundamental en la transmisión del conocimiento, incluyendo la memoria histórica y los saberes técnicos como el manejo agroecológico, por lo que expulsando a esta población del campo el país pierde mucho más que puestos de trabajo, pierde memoria, cultura e identidad.
Para la Intersocial, «el INC es una de las pocas herramientas que tienen las mujeres rurales de acceder a la propiedad o usufructo de la tierra. Desmantelarlo las dejaría con las manos vacías».