Movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y sindicatos de Argentina denunciaron este viernes en el Congreso de la ciudad de Buenos Aires la represión de la protesta social en la provincia de Jujuy y convocaron una marcha para el 20 de julio.
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La represión en la provincia argentina de Jujuy ha dejado decenas de detenidos.
Foto tomada de TwitterCaras y Caretas Diario
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"Nuestra presencia es para dejarles el apoyo. Sepan que los vamos a ayudar, los vamos a acompañar", expresó la presidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante una rueda de prensa.
Esta entidad, junto con la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y personalidades como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel alertaron desde el interior del parlamento sobre "la grave situación por la que atraviesa la provincia de Jujuy y su pueblo".
"Pero los que tienen que trabajar, son ustedes, los que ocupan este espacio, estas paredes, para que esta situación en esta querida provincia, termine de una vez", urgió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo a los legisladores presentes.
Las organizaciones convocantes señalaron que "hay delitos tremendos, que no pueden pasarse por alto y como si nada", en la provincia gobernada por Gerardo Morales, que se postula como precandidato a la vicepresidencia en las elecciones primarias que se celebrarán en un mes, dentro de una fórmula liderada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, también se unió a esta convocatoria en la que participaron representantes de Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), además de referentes de derechos humanos como Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En San Salvador, capital de Jujuy, también se movilizaron gremios docentes, estatales y municipales junto a instituciones sociales y políticas otras entidades.
Intervienen al justicialismo
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ordenó este viernes la intervención del Partido Justicialista (PJ) de esa jurisdicción, a la vista de que sus autoridades "comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y letra de la Constitución nacional".
Las entidades de derechos humanos se reunieron hace una semana con el ministro de Justicia, Agustín Soria, a quien transmitieron su "profunda preocupación por la situación de desprotección absoluta que vive el pueblo jujeño, movilizado en demanda de salarios dignos y contra la reforma constitucional provincial que arrasa derechos ancestrales de las comunidades originarias".
Varias de estas instituciones también tuvieron el lunes una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar que vengan al país y constaten la "creciente violencia y racismo estructural que caracteriza la actuación del Estado argentino, la negación del acceso al territorio, la falta de consulta previa para la toma de decisiones que los afectan, y la situación de los pueblos indígenas en la provincia de Jujuy".
La marcha convocada para el 20 de julio, en coincidencia con el aniversario de los secuestros que se llevaron a cabo en 1976 en la conocida "Noche del Apagón", durante la última dictadura cívico militar (1976-1983), tendrá lugar a un mes de la represión ordenada por el gobernador de Jujuy contra protestas que rechazaban una reforma parcial de la Constitución.
(Sputnik)
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