Auditoría sobre Gas Sayago: un informe viciado desde el principio

¿Cómo se ve desde el Frente Amplio el rumbo actual de UTE?

Conociendo las gestiones anteriores, no vislumbro proyectos nuevos, tampoco en los asuntos que nos traen a consideración del directorio. Lo hemos planteado en sesión. Muchos temas de gestión humana o decisiones de la empresa se han planteado quitarlos del directorio con el argumento de que no es importante, no es relevante. Y eso no es así, porque se trata de decisiones respecto a cómo hacer los concursos, lo que se pretende ganar en cada cargo, entre muchos otros. Decisiones que entiendo hacen al contenido del directorio. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con gestión y gobernanza de la empresa volvimos a la vieja usanza. De alguna manera siento que volvimos a los 90. Y en lo que respecta a grandes proyectos también. Encontramos una empresa en buenas condiciones, sin atraso en la demanda, con grandes hitos que se han cumplido, como la usina de Punta del Tigre, la conversora de Melo, todas las líneas de transmisión grandes que se hicieron durante las gestiones anteriores, los kilómetros de electrificación rural que se colocaron, la generación solucionada, por lo tanto, creo que teníamos muchos desafíos por delante. Pero, en este año de gestión la verdad que no veo que se esté moviendo en ese sentido. Ni tampoco en otros. Hay una inercia y se sigue piloteando lo que ya estaba.

¿Significa, entonces, que UTE está en medio de nuevo desafíos?

Por supuesto. UTE está en condiciones a nivel de negocios. Tenía que pensar una planificación en el desarrollo de energías renovables. La próxima explosión tiene que ver con la fotovoltaica y en ese sentido había un proyecto. Tenemos todo el sistema de redes inteligentes, que conecta los sectores transmisión, distribución y comercial de UTE. Teníamos previstas todas las compras de medidores. Los que están instalados en las viviendas de los clientes nos da una información que permite tomar decisiones. Cada 15 minutos recibimos, de las casas donde tenemos medidores inteligentes, el comportamiento de ese cliente y esa información le permitía a UTE tomar decisiones distintas, ver el tema de tarifas. Tomar decisiones que tienen que ver con la demanda a nivel del cliente. Pero lo que siento que todos los proyectos que existen son los que se crearon en las gestiones anteriores y no estoy vislumbrando cuál es el desafío que se plantea la mayoría de este nuevo directorio.

El sindicato ha denunciado en varias oportunidades que el recorte de inversiones compromete a la empresa. ¿Cómo lo ven ustedes?

A nosotros, cuando nos llegó el primer mensaje de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) el año pasado, de cara al presupuesto, ya lo habíamos dicho. Habíamos denunciado con preocupación la baja en inversiones, en gastos, en ingreso de personal. Y dijimos que no teníamos que ser muy inteligentes para sacar la conclusión de que un recorte tan masivo en esos rubros iba seguramente a tener consecuencias en el servicio.

El mensaje de este año -para la Rendición de Cuentas -no es muy diferente. Le piden a UTE que reduzca aun más las inversiones en áreas estratégicas. Tenemos un informe de 2019 que dista mucho de lo que estamos teniendo en inversiones.

En estos días se conoció el informe de la auditoría, que no es auditoría según sus autores, con una serie de conclusiones. ¿Cómo las evalúa?

En realidad la auditoría se pidió en un momento que no era en este contexto. Fue cuando recién asumieron las nuevas autoridades y cuando estaba trabajando el grupo liquidador de Gas Sayago. En el momento en que se planteó la auditoría dijimos que nos parecía inoportuno porque el grupo liquidador estaba trabajando, además toda la documentación no estaba y nos parecía que íbamos a invertir en una decisión que de alguna manera era innecesaria, pero que en aras de la transparencia y demostrando que el Frente Amplio no tenía ningún problema en que se analizara lo que entendieran pertinente, acompañé esa auditoría. También discutí el pliego, que tuvo en su momento gran discusión, pero que se acompañó en aras de la transparencia y a los efectos de que no se entendiera como que el Frente Amplio tenía algo que ocultar. Nos pareció bien acompañarlo. Eso fue a fines de 2020.

Price Waterhouse fue la única empresa que se presentó así que no había diferentes opciones, propuestas de trabajo y de presupuesto, así que se aprobó la que se presentó.

Desde fines del año pasado y principios de este están trabajando en los documentos. Se designó a dos funcionarios de UTE para que fueran los interlocutores de la empresa. A partir de ese momento dejamos que la empresa trabajara y no tuvimos un intercambio con ellos. Entendíamos que no correspondía hasta que no entregaran ese informe. Por lo tanto, yo tomo contacto con la empresa recién cuando esta termina su informe y lo presenta de manera formal.

Cuando recibo este informe, después de seis meses de trabajo, es cuando empiezan a surgir las versiones de que la consultora no había tenido acceso a toda la información. Me entero de que hubo directores que tuvieron contacto con la empresa en forma anterior a terminar su trabajo. Que son el de Cabildo Abierto, Enrique Peez, y Felipe Algorta. Cabildo Abierto expresó, no solo en el directorio sino ante la opinión pública, que había llevado a cabo su propia investigación y que cuando Price empezó a trabajar él le había entregado sus conclusiones. Todos estos elementos, sumados a lo que fue el resultado final de ese informe, nos llevaron a expresar la gran preocupación que nos generó el resultado, porque lo que tiene que ver con que la auditoría no es una auditoría, no lo digo yo o dice la empresa. Dicen que estuvieron limitados en el acceso a la información, y que por lo tanto no pueden certificar nada ni dar ninguna opinión. Después de haber gastado 13 millones de pesos me pareció muy preocupante. Si el informe hubiera agregado algo que no se conociera o un análisis distinto al que se tenía, de alguna manera hubiera fundamentado el trabajo, pero es un racconto de actos, de estados contables ya conocidos, ellos mismos nos dicen que no tiene un análisis, pero además entiendo que induce a error a la ciudadanía. No solo por lo que surgió en estos últimos días y que tenía que ver con la membresía [se refiere a la afirmación de que se pagaban clases de piano cuando en realidad era la membresía a Pianc, World Association for Waterborne Transport Infrastructure o Asociación Mundial de Infraestructura de Transporte Acuático), sino que si vamos a los números y cómo se analizan esos números y cómo se llega a determinadas conclusiones, en realidad están induciendo a error porque son datos equivocados.

Eso, sumado al rol que tuvieron dos directores, y como se dio todo el proceso de análisis mientras se hizo la auditoría expresé mi gran preocupación y de verdad me parece que se vició desde el inicio el procedimiento.

Lo entiendo así. Y el corolario de todo esto tiene que ver con la contratación, la semana pasada, de un abogado penalista por la que se van a gastar 15.000 dólares más IVA sobre lo ya gastado con Price, solamente para que el abogado vaya. No sé si le pedirán que agregue un análisis que la auditoría no dice. ¿Para qué necesitamos un penalista cuando UTE tiene sus servicios jurídicos? Lo que entiendo es que estamos agregado un nuevo gravamen en perjuicio de los fondos públicos que no tiene sentido.

¿UTE irá a la Justicia entonces?

Sí, lo que no sabemos es cuándo. Yo lo que planteé en el directorio es que si entienden que el informe presentado por Price tiene que ser remitido al Ministerio Público y Fiscal, tiene que ser enviado ya. No es que yo lo tengo que dar a un penalista cuando termine todo el procedimiento de contratación, después el penalista ve cómo lo analiza, cómo lo arma y después lo lleva. Hoy tenemos la responsabilidad los directores, si se entiende que puede haber algún elemento de análisis a nivel del Poder Judicial, de remitirlo ya.

Me parece bastante preocupante porque tuvo muchas falencias ese informe, desde la gente que fue entrevistada, que fueron solo autoridades de este momento, no fueron los que tuvieron que ver con el proyecto de regasificadora. No se contactó de ninguna manera a la gente que estaba a mano, a disposición. Price no puede limitarse a sí misma y no entrevistar a quienes en ese momento tomaron las decisiones.

Si la contratamos para agregar algún nuevo valor a la información que UTE ya tenía, no puede estar condicionada a lo que los coordinadores de UTE le hayan dicho, porque de lo contrario no tiene sentido la contratación.

Yo no he hablado de proyecto en general porque entiendo que no me corresponde. A mí lo que me corresponde es explicar los fundamentos de mi voto y, en esta instancia, en la que estoy participando, lo que se votó fue la contratación a esta auditoría.

Además, hablar de la regasificadora sin considerar lo que UTE factura gracias a la usina conversora de Melo es sesgado. En lo que va de 2021 vamos facturando por exportaciones de energía eléctrica a Brasil casi 60 millones de dólares.