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Mundo pandemia |

La situación y el futuro de Bolivia vistos por el candidato Luis Arce Catacora

En diálogo con el medio Comunica Sul, el candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento Al Socialismo, Luis Arce Catacora, quien fue ministro de Economía durante varios años, plantea su perspectiva sobre varios aspectos de la actualidad boliviana, desde el manejo de la pandemia por parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez hasta la realización de las elecciones presidenciales.

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La entrevista, publicada en YouTube, fue conducida por Vanessa Martina Silva, Leonardo Wellex, Felipe Bianchi y Raphael Sanz. Inició con la interpretación de cuáles pueden ser las razones por las que el candidato del MAS Luis Arce considera que la pandemia ha tenido las devastadoras consecuencias vistas en Bolivia.

Arce considera que en el momento en que aparecieron los primeros casos, a inicios de marzo, las medidas tomadas por Áñez fueron débiles en cuanto al aislamiento, pues no se decretó una cuarentena rigurosa, sino de media jornada, con lo que las medidas de distanciamiento social tuvieron muy poca efectividad, ya que termina siendo un aislamiento casi simbólico, pues lo que determina el distanciamiento social no es disminuir el tiempo en que las personas permanecen en sus trabajos, sino disminuir al máximo los posibles contactos que se tienen con otras personas.

Por otro lado, las medidas destinadas al control sanitario, la investigación y la atención médica que debían adelantarse, mientras las medidas de aislamiento medio estaban en curso, no fueron cumplidas. Arce plantea que los insumos no fueron adquiridos en tiempo y forma para realizar los tests.

Entonces se ve en los medios al personal de salud manifestándose por que no tienen los insumos de bioseguridad necesarios para la atención especializada en covid-19, así como no existen los equipos suficientes en las unidades de terapia intensiva, por lo que los hospitales de Bolivia han colapsado.

Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, las personas que han fallecido de diferentes causas han desbordado la capacidad de manejo por parte de las autoridades, por lo que los hornos crematorios son insuficientes.

De acuerdo con las palabras del candidato a la presidencia, los argumentos expuestos por el gobierno de facto apuntan a endilgar la responsabilidad en los 14 años del gobierno de Evo Morales, afirmando que no existía la preparación necesaria para afrontar una crisis de esta magnitud, mientras de otro lado inauguran como propias obras comenzadas en el gobierno anterior, como el Hospital de Montero, que entró en funcionamiento durante las últimas semanas, pero cuya realización fue proyectada y ejecutada en la pasada administración.

 

La economía

Arce analiza que la economía boliviana, luego de varios lustros en un crecimiento sostenido y estable, entró en una fuerte fase de desaceleración a partir de las movilizaciones convocadas contra Evo Morales, situación que se vio agudizada por el golpe de Estado que dejó a Jeanine Áñez como presidenta de facto. A partir del cambio de gobierno, se implementan una serie de medidas neoliberales que abren un espectro económico poco favorable a la producción local.

Por esa situación, el último trimestre de 2019 y el primero de 2020, que son anteriores a la explosión de la pandemia, muestran una fuerte caída del PIB en Bolivia. Esta situación, que vino marcada por la desinversión pública y el cese de la gran tributación para atender el sector estatal, se agrava con la llegada de la pandemia. Pero lo más preocupante, según Arce, es que no se ve al gobierno de Áñez con una perspectiva de reactivación de la economía interna, mostrando un manejo improvisado del tema económico.

Ante ese panorama, los más afectados son los ciudadanos que han perdido sus empleos y sienten con mucha fuerza los impactos de la crisis, que, para el caso, no se limitan a las capas más sumergidas de la sociedad, sino que han generado muy fuertes consecuencias en otros sectores. Una muestra de ello es el conflicto que se está desarrollando entre los padres de familia y los dueños de los liceos privados, pues los padres de familia alegan que las actuales condiciones no justifican el pago del 100% de matrícula, pues los estudiantes no están usando la infraestructura de los liceos.

La política del gobierno ha sido abiertamente en pro de los intereses de los particulares, pues en el caso del conflicto entre padres y dueños de liceos privados, el Ejecutivo decidió terciar a favor de los liceos, afectando el golpeado bolsillo de este sector poblacional. En el sector público el problema no es menor, pues la implementación de la educación virtual no ha sido posible, pues la infraestructura que se requiere para este tipo de modalidad no estuvo al alcance de un sector de la población.

A este respecto, lo que señala Arce es que esta situación ha generado, en muy poco tiempo, una profundización en la grieta que separa a los más pobres de los que tienen mayores posibilidades. Las medidas propuestas por los sectores sociales no han sido escuchadas y el gobierno continuó implementando una política equivocada.

En ese sentido, lo que ha hecho el gobierno de facto ha sido endilgarle toda la responsabilidad de las fallas que tienen al gobierno anterior, de las decisiones tomadas, a la pandemia y de la inestabilidad generada por el mal manejo del Estado, al partido político del expresidente Evo Morales. Incluso se ha culpado al gobierno anterior por los actos de corrupción en que han sido sorprendidos miembros del gobierno actual, por ejemplo, en el caso de la compra con sobreprecios de ventiladores para atención en CTI.

Sobre la economía, Arce asegura que todo lo anterior, incluyendo el golpe, ocurrió por la necesidad de los intereses del gran capital de apropiarse de las reservas de litio que tiene Bolivia, por lo cual han impulsado el desmantelamiento del Estado boliviano como ente autónomo a los intereses del mercado del litio, del que Bolivia continúa siendo la mayor reserva a nivel mundial. En esa vía, Bolivia estaba produciendo vehículos eléctricos desarrollados con baterías hechas en el país, iniciativa que quedó trunca con el gobierno actual, que responde a intereses particulares, que seguramente ha recibido financiación de actores ilegales.

 

Las elecciones

Lo primero que es claro para la población, en palabras de Arce, es que esta ya se dio cuenta de que lo ocurrido el año anterior fue un golpe de Estado; por esta razón, quienes participaron en él, que van más allá del sector de Áñez, sino que fue construido por todos los sectores de la derecha Boliviana, buscan la manera de garantizar la continuidad de su proyecto, pero para eso precisan legitimar el proceso con unas elecciones que les permitan continuar con él. Sin embargo, tanto el manejo que le han dado al gobierno, como el manejo que le han dado al sector político que representa el anterior Ejecutivo hacen que esa situación sea cada vez más compleja para la derecha boliviana.

Uno de los mecanismos que ha utilizado para ganar tiempo ha sido aplazar las elecciones, que estaban programadas, primero para marzo, fecha que debido a la pandemia fue aplazada para setiembre. Ahora, con la misma excusa, han planteado un nuevo aplazamiento para octubre.

Es claro que los números no favorecen al sector de Áñez y sus aliados, por lo que han buscado la manera de sacar de las justas electorales, de la manera que sea posible, al sector de Evo Morales. Lograron consolidar una causa contra el expresidente, impidiéndole regresar al país a estar frente al proceso y lanzarse como candidato al Senado. El tiempo que seguramente están tratando de ganar sería para buscar inhabilitar, como en otros países ha ocurrido, a los candidatos del MAS con alguna opción de ganar.

A partir de estos hechos, se han generado iniciativas de movilización en Bolivia, hay marchas que se dirigen a los principales centros urbanos, incluida La Paz, donde los sectores que convocan buscan presionar al gobierno de facto para la realización de unas elecciones con garantías. Mientras eso ocurre, la OEA, una de las grandes responsables por la situación actual de Bolivia, guarda silencio ante los esfuerzos de la derecha boliviana por prolongar el proceso electoral que saque a ese país del limbo político en que se encuentra.

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