Denuncia
La denuncia que sirvió de base a la operación incluía 69 personas con órdenes de detención vigentes, pero ninguna de ellas está entre los fallecidos.
La Policía Civil informó haber cumplido solo 20 mandatos judiciales, mientras que los restantes 93 detenidos fueron apresados “en flagrante”, sin que existan pruebas claras de su vinculación con el crimen organizado.
La revelación alimenta las acusaciones de ilegalidad planteadas por el Supremo Tribunal Federal (STF) y organizaciones de derechos humanos, que desde hace años alertan sobre la violencia en las favelas cariocas. “Los números muestran que no se trató de una acción de cumplimiento de órdenes judiciales, sino de una operación de exterminio”, denunció la abogada y activista Eloísa Ramos, del Observatorio de Violencia de Río. “No se puede llamar éxito a una masacre”.
Víctimas
Entre las víctimas identificadas, 39 eran de otros estados brasileños, principalmente del Pará (18), además de personas del Amazonas, Bahía, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Paraíba y Mato Grosso.
De ese total, 42 tenían antecedentes antiguos y 30 no poseían antecedentes penales, lo que desmonta el argumento oficial de que se trataba de “criminales peligrosos”.
El caso más emblemático dentro de las fuerzas de seguridad es el del policía civil Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años, muerto por un disparo en la nuca. Su muerte fue utilizada por el gobierno estadual como justificación del operativo, aunque para las organizaciones civiles el hecho habría derivado en una represalia colectiva, ejecutada con una lógica de venganza y sin control judicial.
El miedo
A una semana de los hechos, la lista de detenidos no ha sido publicada oficialmente. Las familias de los desaparecidos se concentran frente a comisarías y hospitales en busca de información.
“Hay cuerpos desaparecidos, familias sin respuestas y denuncias de tortura”, afirmó la defensora pública Renata Souza, que acompaña las investigaciones. “El Estado no puede actuar como si estuviera en guerra contra su propio pueblo”.
El Ministerio Público Federal (MPF) y el Supremo Tribunal Federal (STF) abrieron investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, ocultamiento de cadáveres y manipulación de escenas del crimen. También se indaga si hubo alteración de pruebas para encubrir asesinatos durante los enfrentamientos.
