De las 64 víctimas mortales reportadas hasta el momento, 60 corresponden a civiles, entre presuntos traficantes y residentes de las comunidades, lo que ha generado una ola de críticas y denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos vecinales, mientras que el gobernador Cláudio Castro defendió la operación como una acción del Estado contra el "narcoterrorismo".
Además del trágico saldo de muertes, las fuerzas de seguridad informaron de la detención de más de 80 personas y la incautación de un arsenal considerable, que incluye más de 90 fusiles de asalto y una "enorme cantidad de drogas", evidenciando el poder logístico del grupo criminal.
Río de Janeiro sacudida
Las consecuencias del operativo se hicieron sentir en toda la ciudad, obligando a varias escuelas y centros de salud a suspender sus servicios, paralizando el tránsito en avenidas principales y elevando el nivel operativo del Centro de Operaciones y Resiliencia de Río a un nivel 2 de 5, lo que implicó la movilización total de los agentes de la policía militar en el terreno.
La crisis de seguridad ha trascendido las fronteras, provocando el repudio de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (HRW), quienes han exigido una investigación exhaustiva e independiente sobre los hechos, mientras el gobernador Castro ha lamentado la falta de apoyo del Gobierno federal en la que él considera una "guerra" que la ciudad carioca libra prácticamente "sola". La situación mantiene a la ciudad en máxima tensión, con temor a posibles represalias por parte de las facciones criminales en las próximas horas.
