Entre las víctimas fatales hay cuatro policías, mientras que otros nueve agentes resultaron heridos durante el operativo, cuyo objetivo era detener a miembros del Comando Vermelho, considerada la principal facción criminal de Río. La acción, que buscaba cumplir 100 órdenes de captura, tenía como blanco a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, señalado como uno de los líderes del grupo.
Operación bajo la lupa
La repercusión fue inmediata. La Defensoría Pública denunció posibles abusos y violaciones de derechos humanos, mientras el gobierno federal anunció el envío de una comitiva a Río de Janeiro para evaluar la crisis de seguridad. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de emergencia con las autoridades del área, y la Cámara de Diputados decidió adelantar el debate de la Propuesta de Enmienda Constitucional sobre Seguridad Pública (PEC da Segurança).
El gobernador Cláudio Castro solicitó el traslado de diez líderes del crimen organizado a cárceles de máxima seguridad, pedido que fue atendido por el Ministerio de Justicia.
En el ámbito internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “horror” ante la operación y exigió una investigación rápida y transparente. En la misma línea, la Human Rights Watch criticó el modelo de seguridad del estado. “Río necesita una nueva política pública que deje de promover enfrentamientos que terminan victimizando a civiles y policías”, señaló la organización.
