El balance es devastador: 58 personas murieron en enfrentamientos, entre ellas cuatro policías, y otras decenas de cuerpos fueron hallados en zonas de monte del Complexo da Penha en la mañana del miércoles. Con los nuevos hallazgos, la cifra de muertos podría superar las 120 víctimas, un número inédito incluso para los estándares de violencia policial en Río.
A pesar de la magnitud de la tragedia, el gobernador Castro calificó el operativo como “un éxito”, señalando que se trató de “la mayor acción integrada contra el crimen organizado en los últimos años”.
En contraste, organizaciones de derechos humanos, movimientos de favelas y familiares de las víctimas denunciaron ejecuciones extrajudiciales, mutilaciones y el uso de fuerza letal desproporcionada.
El episodio ya es descrito por diversos colectivos como una “chacina” y un “massacre de Estado”. El episodio ya es descrito por diversos colectivos como una “chacina” y un “massacre de Estado”.
La intervención del Supremo
La reacción del Supremo no se hizo esperar. En su resolución, Moraes exigió que el gobernador Castro presente 18 informes detallados sobre la operación, incluyendo:
el número de agentes involucrados y las armas empleadas; la existencia y funcionamiento de cámaras corporales; la preservación de escenas de crimen para la realización de peritajes; las medidas de asistencia a heridos y familiares de las víctimas; y la notificación al Ministerio Público sobre las muertes ocurridas.
El magistrado también pidió aclaraciones sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza, especialmente por haberse desarrollado la operación en horario escolar y en zonas densamente habitadas, lo que llevó a la suspensión de clases, comercios y transporte público.
Además, el STF quiere saber si escuelas o centros de salud fueron utilizados como bases operacionales, una práctica que ha sido reiteradamente prohibida por la propia Corte en fallos anteriores.
Letalidad policial récord
La ADPF das Favelas, dictada por el STF en 2020, estableció una serie de restricciones a las operaciones policiales en comunidades durante la pandemia y fijó obligaciones de transparencia para reducir el número de muertes. Sin embargo, las estadísticas muestran que la letalidad policial en Río volvió a escalar.
Según el Instituto Fogo Cruzado y el Observatório da Segurança, el estado acumula más de 1.200 muertes por intervenciones policiales en lo que va de 2025, una cifra que coloca a Río de Janeiro entre las regiones más violentas de América Latina.
La Operação Contenção es ya una de las operaciones más mortíferas en la historia reciente de Brasil, comparable con la masacre de Jacarezinho (2021), que dejó 28 muertos y provocó una condena internacional.
Comando Vermelho y política de seguridad
Las autoridades alegan que la ofensiva responde a la expansión del Comando Vermelho desde la Amazonia hacia el Sudeste. Sin embargo, analistas señalan que estas operaciones de gran escala —presentadas como “golpes al crimen organizado”— terminan castigando principalmente a las comunidades pobres y racializadas.
Organizaciones como la Red de Observatorios de Seguridad sostienen que el gobierno de Cláudio Castro utiliza una estrategia de militarización de las favelas con fines políticos, mientras el control territorial de las facciones criminales y las milicias sigue intacto.
“El Estado brasileño continúa reproduciendo una lógica de guerra interna, donde los cuerpos negros y periféricos son vistos como enemigos”, señaló la abogada y activista Marielle Souza, del Instituto de Estudos da Religião (ISER).
Audiencia y posibles sanciones
La audiencia convocada por Moraes el 3 de noviembre será clave. Podrían surgir de ella nuevas restricciones judiciales a las operaciones policiales, o incluso sanciones al gobierno estadual por incumplir las medidas de la ADPF das Favelas.
El STF ya había advertido en 2022 sobre el uso excesivo de la fuerza y ordenado a las autoridades implementar protocolos de responsabilidad y cámaras corporales obligatorias, normas que al parecer no se cumplieron plenamente. Mientras tanto, Río de Janeiro vuelve a convivir con imágenes de cuerpos sin identificar, escuelas cerradas y barrios sitiados.
