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Política

Elecciones por acá, elecciones por allá

Se eligen 1.168 candidatos para cargos departamentales

El domingo 10 de mayo se realizarán las elecciones departamentales en Uruguay. En ellas se elegirá un total de 1.168 cargos. Se trata de 19 intendentes departamentales, 589 ediles departamentales, 112 alcaldes municipales y 448 concejales municipales.

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Además se encuentran disponibles los valores para el año 2018 de dos indicadores relevantes: el de “Participación departamental en la actividad económica”, que refleja el porcentaje del producto que se origina en cada departamento; y el “índice Departamental de Actividad Económica” (IDAE), un índice de volumen físico del producto de cada departamento que permite analizar la evolución individual del mismo.

Los resultados reflejan que la participación departamental en la actividad económica se mantiene estable respecto a años anteriores, durante los cuales la mayor parte de la actividad se concentra en el área metropolitana. Se observa, al igual que el año anterior, una leve disminución del peso relativo de Montevideo (49,1%).

Las tasas de crecimiento del IDAE fueron moderadas en la mayoría de los casos. Se destaca el crecimiento significativamente superior a la media de Flores (6,9%), que incrementa la producción de energía eléctrica y muestra una recuperación respecto a 2017 de los cultivos de invierno y verano. Las tasas de crecimiento más bajas corresponden a Colonia (-0,9%) y Río Negro (-0,1%), que responden a una caída en el sector de “fabricación de papel y de productos de papel y cartón”.

Más recursos

La descentralización fue una prioridad para los gobiernos del Frente Amplio (FA), desde 2005, y se asignó un 184% más de recursos mientras que la recaudación creció 84% en términos reales en el mismo período.

Solo en 2019, se invirtieron $ 16.000 millones de pesos (más de US$ 400 millones), en unas 2.979 “acciones en territorio”, 1.076 proyectos con los 19 departamentos y 112 municipios incluidos. El acumulado de lo transferido quinquenalmente supera los US$ 1.500 millones, sobre todo en infraestructura con fondos para obras y transferencias a las intendencias departamentales.

Según la Constitución, las intendencias deben recibir 3,3% del presupuesto por asignaciones departamentales a las 19 comunas, lo que equivale a un monto aproximado a $ 16.000 millones al año (US$ 400 millones).

El resto es financiado a través de préstamos que toma el gobierno nacional de organismos internacionales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Montevideo solo recibe 10% de esa cifra, mientras que el resto se reparte en el interior.

En este último quinquenio se le dio a los municipios, en la asignación de recursos, unos $ 1.000 millones, multiplicándose por diez lo que recibían antes.

Unos $ 18.000 millones fueron las transferencias durante 2018, principalmente destinadas a alumbrado y la unificación de la patente.

La web de la OPP informa que el departamento con más proyectos financiados desde 2015 fue Canelones, con 90 iniciativas por un valor aproximado de US$ 62 millones. Lo siguen en Cerro Largo con 83 (US$ 28 millones), Salto con 79 (US$ 29 millones) y Tacuarembó con la misma cantidad de proyectos por un importe de alrededor de US$ 34 millones.

Tijera grande

Las perspectivas, sin embargo, para los próximos cinco años, con el nuevo gobierno multicolor son de temer para los gobiernos municipales.

El economista Isaac Alfie, quien estará a cargo de la OPP, ya anunció reducir al “mínimo indispensable” los gastos. Pero la amenaza no corre para las transferencias a las intendencias, sino que incluye todos los gastos del Estado, lo que ya molestó a varios futuros ministros.

Alfie habló de “tijera grande”. Recuérdese que la cifra anunciada a lo largo de la campaña electoral fue de US$ 900 millones de ahorro anuales.

Los antecedentes de Alfie ya fueron demostrados cuando sustituyó a Alejandro Atchugarry en el Ministerio de Economía. En febrero de 2004, por ejemplo, durante el gobierno de Jorge Batlle, los intendentes lo acusaron de vulnerar las autonomías departamentales al retener partidas.

Desde el año 2002, la OPP les adeudaba a las comunas un total de $ 262 millones.

Tampoco entonces existían beneficios, como el sistema de la patente única nacional, que fue acordado en el año 2011, durante el gobierno de José Mujica.

Actualmente trabajan en Uruguay casi 40.000 personas en la administración departamental y local. Muchos gobiernos departamentales pueden funcionar gracias a las partidas económicas que reciben del gobierno central.

En diciembre del año pasado, la OPP junto al ministerio de Economía y Finanzas y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunciaron una inversión por US$ 72 millones que implicará la construcción de 23 nuevas escuelas, 10 polideportivos y 9 polos tecnológicos en 16 departamentos del país.

Según consta en la Rendición de Cuentas de 2018, las transferencias que recibieron los gobiernos departamentales de parte del gobierno nacional implicaron para 15 Intendencias más de 40% de la totalidad de los recursos de los que dispusieron.

Sin embargo, para la intendencia de Treinta y Tres, los recursos nacionales representaron 60% de sus ingresos, mientras que para Montevideo, solo representaron 10% del peso total de sus recursos debido a su mayor base contributiva.

La distribución de los recursos entre los distintos gobiernos departamentales responden principalmente a la aplicación de los criterios de población, superficie, capacidad recaudatoria y necesidades básicas insatisfechas, según fue propuesto por el Congreso de Intendentes.

Esos eran los criterios que regían hasta hora. Nada lo asegura para el futuro.

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