Causa Carlos Moreno: cuando la justicia «duda» las impunidades retornan

La lucha por la condena de los autores de tales atrocidades no sólo a veces se torna compleja, sino que incluye, como es el caso que relata Página 12, esas suertes de vaivenes de una justicia que cuando duda reabre las puertas de todas las impunidades.

El 29 de abril de 1977 casi en la puerta de su casa, Carlos Moreno fue secuestrado y llevado a una quinta, propiedad de los hermanos Emilio y Julio Méndez, ubicada en las cercanías de una de las entradas principales de Tandil.

Según consigna el medio argentino, “Moreno logró escaparse a los cuatro días y llegar hasta la casa de una familia vecina, pero volvieron a recapturarlo y fue asesinado”.

Los hechos permitieron ubicar a la finca de los hermanos Méndez, como uno de los centros de detención que, en articulación con las fuerzas represivas de los militares, tuvieron la directa implicación de civiles.

La finca devenida centro de detención y tortura fue propiedad de los Méndez entre 1972 y 2005.

“En 2012”, reseña Página 12, “el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó a tres militares que actuaban en el Batallón de Logística I de Tandil y a los hermanos Méndez por el caso del abogado Moreno. Un año después, la Sala IV de la Casación Federal (…) confirmó la sentencia”.  Sin embargo, hoy “siete años después, la Corte Suprema argentina afirmó “que el fallo de los casadores era correcto para los militares, pero incorrecto para los civiles y, con fuertes críticas, lo reenvío al máximo tribunal penal para su revisión”.

El fallo en cuestión, no sólo implica el beneficio a los dos civiles, sino que abre, a raíz de los dichos del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, la discusión política acerca de las impunidades que, por acción u omisión, generan las decisiones judiciales.

“Carlos Rosenkrantz, hizo una encendida defensa de los hermanos Emilio y Julio Méndez en un fallo que se presenta como un nuevo obstáculo a la hora de revisar el rol de aquellos que no ostentaban grado militar ni pertenecían a las fuerzas de seguridad durante la última dictadura”.

Como efecto inmediato de esta decisión de la Suprema argentina, los Méndez, que cumplen prisión domiciliaria, pidieron su excarcelación, petitorio al que ya se opusieron los fiscales Daniel Adler, que los acusó en el juicio por el secuestro de Moreno y Santiago Eyherabide, a cargo de la fiscalía de Azul.

Habrá que esperar en este sentido la decisión final del TOF de Mar del Plata.

En lo que se refiere a los argumentos dados, por los miembros de la Suprema, especifica el medio de prensa hay dos bloques.

“El trío sostuvo que no se estaba adentrando al fondo de la cuestión, pero que la Casación no había hecho una revisión exhaustiva del fallo del TOF de Mar del Plata. Como son conscientes del impacto que su decisión iba a tener, dijeron en varias oportunidades que se ratificaba la vigencia del deber de enjuiciar y castigar a todos los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos y que ese deber incluye a los civiles”.

Sin embargo, Carlos Rosenkrantz fue más lejos que sus pares, en sus argumentos.

Afirmó que “para él no hay pruebas que sustenten de modo directo que los Méndez eran parte de una empresa criminal con los militares que actuaban en la zona y que los jueces de Casación habían “elucubrado” para fundar esa responsabilidad”.

“El hecho de que los Méndez fueran individuos notorios en su comunidad y que uno de ellos hubiera tenido una relación protocolar con personal militar no puede cambiar esta conclusión”, dijo el presidente supremo”.

En su velocidad defensiva “Rosenkrantz avanza un poco más e insiste que no se pudo acreditar que la quinta de los Méndez haya funcionado como centro clandestino para otro caso que no sea el de Moreno”.

Y en esta velocidad defensiva está “el error”, el presidente de la Corte ignora, aunque ello es un eufemismo que roza todos los cinismos, “que los Méndez están elevados a juicio para ser juzgados por otros cuatro casos de personas que denunciaron haber estado cautivas en ese lugar. El lugar como espacio de terror quedó acreditado desde una inspección que se hizo después de que Moreno se escapara en mayo de 1977”.

“Tuvimos un juicio ejemplar con toda la fuerza de la prueba”, dice Matías Moreno, hijo de Carlos (Moreno) y actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. “Es un fallo grosero y preocupa que tengamos a estos representantes en uno de los poderes del Estado. Esta Corte representa una etapa superada y plantea la necesidad imperiosa de avanzar en una reforma judicial”, expresó en comunicación con Página/12.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también se escucharon críticas al aberrante fallo y la más lamentable argumentación del presidente de la Suprema Corte.

Horacio Pietragalla, en comunicación con Página 12, afirmó “la Corte nuevamente brinda un mensaje contrario a la necesidad de que el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad de nuestro país profundice en el juzgamiento de las responsabilidades civiles”.

El funcionario, continúa reseñando el medio, “reclamó que, más allá de las declamaciones de la mayoría de la Corte, se necesita ir más allá y reconocer las dificultades que existen cuando los imputados son actores económicos”.

“Los Méndez eran, en efecto, personas muy importantes en la zona (…) Emilio era gerente comercial del Banco de Tandil y Julio era administrador de importantes campos”, recuerda Página 12 que remata diciendo, sobre este tipo de juicios y la posición histórica al respecto, del hoy presidente de la Suprema Corte.

“La causa emblema que tiene la Corte por responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado es la que tiene a Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, como principal acusado y por la que se señaló a Rosenkrantz por las demoras. En ese caso, la Corte debe revisar una falta de mérito que dictó en 2015 la Sala IV de la Casación Federal y que impide avanzar con el juzgamiento de Blaquier. Casualmente el miércoles, un día después del fallo favorable a los Méndez, promocionado por los medios afines al presidente supremo como un parteaguas en las causas de lesa humanidad, ese expediente se movió desde la vocalía de Rosenkrantz hasta la secretaría penal. Es improbable que haya definiciones este año, ya que la semana próxima no habrá acuerdo, dijeron fuentes del máximo tribunal, aunque el lunes probablemente se enteren los supremos qué escribió Rosenkrantz en la causa Blaquier”.