Los cigarrillos electrónicos estaban prohibidos en Uruguay por un decreto de 2009, en el marco de la gran política estatal antitabaco que se desarrolló desde la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez.
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Las organizaciones internacionales vinculadas a la salud como la OMS, la OPS y organismos estadounidenses alertan hace años sobre los peligros de estos dispositivos. Primero, no hay evidencia que demuestre que son menos nocivos que los cigarros; segundo, no pueden afirmar que sirvan como tratamiento para dejar de fumar.
El decreto emitido el 3 de marzo de 2021 salió desde Presidencia, no desde el Ministerio de Salud. El documento determina que los dispositivos electrónicos que utilizan el sistema de tabaco seco ya no son parte de la prohibición vigente. Además, alega que la decisión de 2009 se basó en la falta de evidencia, pero como últimamente hay más dispositivos y tecnologías no tiene sentido prohibir. No aparece nueva evidencia citada en el decreto ni se asegura que exista.
La Sociedad Uruguaya de Tabacología emitió un comunicado denunciando que esta medida es «un grave retroceso» para la salud y afirmando que ningún ámbito interinstitucional fue consultado antes de tomar la decisión. Es decir, no hubo participación de gente experta del ámbito de la salud y el ministerio no tuvo nada que ver. Allí piden que se tomen decisiones basadas en evidencia científica y no en intereses políticos o económicos.
Por su parte, la Intendencia de Montevideo solicitó al Ejecutivo que revea la decisión, que, dicen, va en contra de la política estatal desarrollada durante más de una década en la lucha contra el tabaquismo.
Philip Morris
Los dispositivos electrónicos para fumar son comercializados por tabacaleras grandes. Una de las que tiene más presencia en el mercado es Philip Morris, que le hizo un juicio al Estado uruguayo por los decretos antitabaco y su impacto en las ventas.
Una de las personas que testificó en nombre de los demandantes fue el abogado Nicolás Herrera, que tuvo cargos ejecutivos durante el gobierno de Lacalle Herrera y es parte de Guyer & Regules. Herrera está a cargo de la cuenta de Philip Morris en Uruguay y de Abal Hermanos S.A, una empresa subsidiaria de Philip Morris.
El decreto presidencial de 2021 fue emitido pocos días después de que el presidente, Luis Lacalle Pou, agradeciera especialmente a Herrera por ayudar en las negociaciones para conseguir vacunas.
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