Algunos deben hablar por todos

En primer lugar, la última palabra la tiene la Justicia. En lo que se refiere a la Fiscalía, ésta les está investigando como indagados - aunque no formalizados, sí indagados - por eventuales responsabilidades en haber colaborado con el narcotraficante, hoy, más famoso del mundo. Y él es el presidente de la República. ¿Fue prudente?

El tema, como casi todos los que trata, es más complejo que lo que su apariencia ingenua y transparente puede transmitir. Los fallos de la Justicia, aún los fallos finales, pueden ser discutidos por cada ciudadano. Se cumplen, pero se pueden discutir. La Justicia procura determinar si hay pruebas para culpar de un delito a un imputado, pero jamás declara la inocencia de alguien. Puede ser culpable y no haber pruebas, o haber prescrito el delito, por ejemplo.

Por eso, decir “la última palabra la tiene la Justicia” (no la Fiscalía), es incompleto. Como decía Onetti, es mentir quitándole el alma a los hechos, aunque lo que se diga es verdad. No es un tema menor. Para evitar el llamado “lawfare”, la Justicia debe ocuparse de los temas de su competencia, y el poder político debe tener sus propios mecanismos de juzgar las responsabilidades, que no siempre son delitos tipificados ni probados.

Hay que combatir con tanto ahínco la politización de la Justicia, que parece exasperarlos sin motivo alguno, como la judicialización de la política.

Ya ocurrió que un legislador de su sector era indagado por Fiscalía y tanto el ministro del Interior, hoy indagado él mismo, como el presidente Lacalle (h) salieron a respaldarlo. Está a punto de ser formalizado.

La prestigiosa fiscal de este último caso salió a explicar la dificultad que implicaba para su investigación que el titular de la cartera que actúa como “auxiliar de la Justicia” hubiera hecho esas declaraciones. Entre otras cosas, intimando a los denunciantes y testigos, especialmente vulnerables en el caso de marras.

Hoy el presidente vuelve a hacer lo mismo. Antes de que se manifieste la Justicia, sale a opinar contra el supuesto involucramiento, mientras su canciller contrata a uno de los penalistas más prestigiosos del medio para que le defienda. No creo que las palabras del presidente contribuyan a dar garantías de independencia de los poderes. Ni habla por todos.

A otro nivel, hemos visto el tema en los últimos días generando la cuasi unanimidad de opiniones de actores políticos y de la opinión pública en general.

Cada tanto, la senadora Graciela Bianchi (“Blancos” de apellido aunque la mayor parte de su vida militó en el Frente Amplio). Decía Wilson que la peor intransigencia era la de los conversos que, temiendo que no se crea en su verdadero cambio, se pasan sin solución de continuidad al otro extremo. Lo que diga la referida legisladora en uso de su libertad de expresarse no genera hoy mayor ruido en el sistema político.

Resulta que hace un par de semanas la vicepresidenta Argimón estaba fuera del país y ella le sustituía. O sea, no hablaba una senadora, sino la vicepresidenta en ejercicio de la República. Lo que decía comprometía al gobierno, a las instituciones y en gran medida a todos nosotros. Es lo que tienen las investiduras, trascienden a quienes las ostentan o detentan.

Cuando la voluntad popular española tira por tierra los pronósticos de las encuestas y Pedro Sánchez aumenta, en vez de disminuir, la representación parlamentaria de su Partido, arremete contra ambos: presidente del gobierno y el PSOE. No voy a repetir los insultos, por respeto a mí mismo, además del que siento por el destinatario de los mismos.

Vaya a saber qué internas se movieron. Es notorio que Cabildo Abierto viene marcando una distancia con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la única voz que se alzó a defender a la senadora fue la de su colega Domenech. “No es contra España, sino contra un partido”. Sin comentarios.

Se llegó a decir que sus dichos no habían causado problemas diplomáticos, pero España citó a la embajadora uruguaya Ana Teresa Ayala (excelente funcionaria de carrera) para pedirle explicaciones. Bustillo citó al embajador de España en Uruguay para disculparse.

Argimón no estaba porque había viajado a España, donde se entrevistó hasta con el Rey Felipe VI y rápidamente, desde el lugar hacia donde apuntaban los insultos, tomó distancia de los mismos. Además de lesivos, institucionalmente los dichos de quien ejercía la Vicepresidencia del país de todos fueron poco convenientes. Hay que estar muy mal informado para desconocer el consenso que la figura de Pedro Sánchez viene generando en Europa para poder ejercer la Presidencia de la Comisión Europea en un futuro, quizás no lejano.

Moraleja: cuando se ocupa una investidura, hay que estar preparado/a para ello. No estaban preparados.