Contrarrestar la criminalización de la esfera de la información

Se calcula que los daños causados por estos delitos en 2023 oscilarán entre 8 y 10 billones de dólares, cifras que superan el PIB de algunas naciones desarrolladas. Además, se debe tener en cuenta que muchos ciudadanos y empresas afectados por estos delitos no se atreven a denunciarlos, lo que significa que no se reflejan en las estadísticas disponibles. Una de las características más importantes de los delitos relacionados con la información es su carácter transfronterizo. Muchos ciberdelincuentes deliberadamente apuntan a objetivos en el extranjero, ya que la falta de regulación legal internacional en esta área crea un espacio propicio para la impunidad.

Lamentablemente, los países occidentales no se avergüenzan de utilizar la delincuencia cibernética en sus intereses políticos y militares. Las doctrinas agresivas de EE. UU. y sus satélites, que promueven el uso ofensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la idea de la guerra híbrida y cognitiva, han llevado a la contratación de piratas informáticos y al aprovechamiento de la infraestructura de las principales empresas de tecnología de la información para interferir en asuntos internos y desestabilizar la situación en Estados extranjeros. El ejemplo más evidente son los ataques diarios que se realizan desde el territorio de EE. UU. y otros países miembros de la OTAN contra la infraestructura civil e instituciones estatales de Rusia.

Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados tratan de mantener su papel dominante en el campo de la información y frenar la transición hacia un modelo policéntrico de su gestión basado en normas jurídicamente vinculantes, en lugar de reglas que puedan modificarse para adaptarse a la coyuntura política o a sus intereses egoístas. El Convenio del Consejo de Europa sobre Delitos Informáticos de 2001 (Convenio de Budapest) es fundamental en este sentido, ya que sus disposiciones otorgan a los servicios de inteligencia occidentales un acceso sin restricciones a la infraestructura de información de otros Estados miembros e imponen a estos países las condiciones no transparentes de su implementación.

Rusia, contrario a los intentos de los países occidentales, mantiene una posición a favor de la creación de un régimen transparente e igualitario de cooperación internacional en la lucha contra los delitos informáticos y busca el desarrollo de un documento universal en el marco de las Naciones Unidas. En 2019, Rusia logró, con la coautoría de 46 naciones y el respaldo de 87 Estados miembros, la adopción de la Resolución 74/247 de la Asamblea General de la ONU, que estableció un Comité Intergubernamental especializado y de composición abierta para elaborar una convención internacional integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos.

A pesar de los esfuerzos del Occidente colectivo por retrasar este proceso, el Comité Especial ha iniciado su trabajo y los Estados miembros acordaron por consenso que el proyecto de convención internacional se presentaría en el 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2024. Rusia, como iniciadora y líder intelectual del proceso, presentó el primer proyecto de tal convención. Su elemento crucial es la creación de un mecanismo de asistencia mutua urgente, que sea acorde con la rápida naturaleza de los delitos informáticos y la volatilidad de las pruebas en el entorno digital.

Sin embargo, los países occidentales hacen todo lo posible para minimizar la eficacia del futuro tratado universal de la ONU, que ven como un competidor directo de la Convención de Budapest. La nueva convención de la ONU no encaja en el paradigma impuesto por Estados Unidos de un “orden basado en reglas” y puede poner fin al dominio de los países occidentales en la esfera de la información y las comunicaciones. En este sentido, ellos tratan de limitar el alcance de la futura convención, así como buscan establecer un alto umbral de ratificación para que el documento no entre en vigor.

Es obvio que no hay alternativa a una futura convención bajo los auspicios de la ONU y es necesario lograr la plena implementación del mandato del Comité Especial: desarrollar una convención integral. Rusia, por su parte, seguirá brindando asistencia técnica a los países necesitados basándose en el principio de proteger la soberanía del Estado y desacreditar cualquier manifestación de prácticas neocoloniales en el espacio mundial de la información.