El abogado del diablo

Claro que García es secundado por otros dirigentes menores. En esta changa vienen a ser una suerte de procuradores y gestores, aunque un ignoto diputado del PN se fue a España y filmó unos videitos que pretendió mostrar como prueba de lo avanzadas que estaban las lanchas. La reciente auditoría de Bureau Veritas lo hundió junto con Fransico Cardama.

García flotando

El exministro de Defensa y actual Senador por el Partido Nacional expresa una paradoja de vieja data: la que expone a políticos que se dicen nacionalistas, defendiendo prácticas que van contra el interés nacional. No es algo novedoso pero Javier Garcìa tira el bochín muy lejos como para que cualquier correligionario siquiera le emparde la bocha. Claro que también puede ser chantado por un bochazo del Gobierno, del Frente Amplio y hasta de la Justicia.

Al caso Cardama ya se le conoce popularmente como Cardamagate, porque le cae como anillo al dedo esa epítome de los casos de corrupción política que terminó con la dimisión de Richard Nixon en 1974 cuando era presidente de Estados Unidos.

En este caso más de entrecasa, se trata de una pésima gestión de los dineros públicos, de groseras irregularidades administrativas en la adquisiciòn de bienes estatales, de una llamativa desprolijidad contractual, más la opacidad en la gestión de la compra y su seguimiento, a lo que se suma una insólita defensa del interés de la empresa que ha incumplido el contrato, violó las exigencias de construcción, mintió respecto de los avances de obra y estafó al Estado entregando garantías falsas aceptadas por las autoridades del momento. Es más, con los pagos que Cardama recibía del Estado uruguayo, supuestamente para abonar hitos de la construcción de los buques, parte del dinero se usaba para pagar una póliza de seguro que le costó tres millones de euros y abonó en tres cuotas pagandolas cada vez que desde aquí le giraban el dinero.

Entre las muchas mentiras del caso Cardama destacan dos hechos de extrema gravedad. Una es la decisión política de las máximas autoridades de la Armada, del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República durante el gobierno anterior dirigido por Lacalle Pou, que frenó un proceso de competencia internacional abierta, para terminar en una compra directa a la empresa peor calificada en el llamado y por un precio que todos los informes estipulaban como imposible para poder construir las dos patrulleras oceánicas requeridas.

Esa fue una decisión política al máximo nivel tomada en contra de las recomendaciones técnicas. A tal punto, que un alto cargo, nada menos que el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, en agosto de 2023 renunció para desligarse de ese acto, tras haber manifestado una clara posición contraria y fundamentada por escrito en los expedientes. Musso estuvo a cargo del análisis de las ofertas para la adquisición de los dos buques Offshore Patrol Vessel (OPV).

Hay que recordar que en el mes de mayo de aquel año, Musso había elevado su informe al comandante en Jefe de la Armada, Jorge Wilson, calificando al astillero Cardama en la última y peor posición entre las cinco empresas que se habían presentado al llamado abierto. Sin embargo, el astillero español, sin la más mínima experiencia en la construcción de este tipo de embarcaciones, fue la elegida.

En aquella oportunidad, se supo que el informe establecía que la mejor oferta estudiada había resultado ser la de Godan, un astillero español de primer nivel, secundada por la de Cotecmar, de Colombia, y la de Kership, de Francia. En cuarto lugar, fue ubicada la oferta de la empresa Hyundai, de Corea del Sur. La última evaluada como la peor oferta había sido la de Cardama.

Para entender mejor el entuerto de la compra, también se debe recordar que la cosa ya venía torcida desde 2021. En aquel año, el Ministerio de Defensa Nacional hizo un primer llamado para la adquisición de los dos buques, pero las ofertas recibidas no fueron tenidas en cuenta. Contra toda la urgencia que el mismo ministro exponía y en contra de los precios internacionales usuales para ese tipo de embarcaciones, el argumento esgrimido fue que los mismos estaban por encima del presupuesto ministerial. Así, de un plumazo se anuló el llamado.

Pero cuando se abrió el segundo, y todo indicaba una compra a una oferta con algún ajuste a la baja que permitiera su adquisición mediante un esfuerzo extrapresupuestal, el Ministerio de Defensa volvió a desestimarlo, dándole posibilidades a Cardama para mejorar su oferta que no tuvieron ninguna de las demás empresas. A fines de diciembre de 2023, en una ostentosa conferencia de prensa, Javier García anunció con bombos y platillos que las patrulleras oceánicas habían sido adquiridas al astillero Francisco Cardama SA mediante una compra directa por contrato cuyo monto ascendía a más de 82 millones de euros, que al cambio de aquel momento resultaban unos 90 millones de dólares. La empresa elegida estaba cerca de la quiebra en España, no tenía experiencia alguna con ese tipo de buques y jamás en su historia había logrado un contrato por una suma tan alta que excedía notoriamente las capacidades constructoras y financieras del astillero. Con el agravante de que García, en un acto ya a esa altura bastante temerario, afirmó que la primera embarcación estaría llegando al Uruguay a inicios de 2025 y la segunda a finales de ese año. Otra de las promesas incumplidas.

García hace agua

Lo que ocurrió después fue un rosario de incumplimientos y postergaciones por parte de Cardama. El primer delito consistió en entregar al Estado uruguayo una garantía falsa que fue aceptada por el gobierno anterior. “Nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, indicó el presidente Orsi en la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025.

Y ahora, según afirma la fundamentación para crear la Comisión Preinvestigadora en el Senado, "una de las principales irregularidades que surgen, está dada por la imposibilidad de poder ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de más de €4 millones tras constatar que era apócrifa y que la empresa emisora fue formalmente liquidada en el Reino Unido".

Por eso, el pasado viernes 13 de febrero de 2026, el presidente de la República le comunicó la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con la empresa Cardama. Para ello, se instruyeron cuatro acciones: "Rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo; definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que corresponda; y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas para la defensa de la soberanía nacional".

Por lo tanto, el Cardamagate tendrá, como mínimo, tres instancias de investigación. La primera será la política, a cargo del Poder Legislativo, que estudiará y se expedirá respecto de las responsabilidades políticas emanadas por el conjunto de las decisiones que derivaron en los hechos. Una segunda implicará la investigación administrativa en áreas del Estado que involucran a diversos organismos e instituciones y que determinará las faltas cometidas y determinará las sanciones correspondientes. Y la tercera será la investigación de la Justicia que determinará si se cometieron delitos, ya sea en el derecho civil producto de relaciones entre individuos, como en el derecho penal, por la naturaleza pública del posible delito.

En uno de sus recientes apariciones mediáticas, García afirmó que el uruguay "se va a comer" un juicio internacional y dio como argumento para respaldar tal alerta, que más bien parece una amenaza, la supuesta violación del Tratado de Protección de Inversiones con España. En ese sentido, este abogado improvisado volvió a sufrir un fuerte sopapo jurídico por parte del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien explicó que Cardama no es un inversor en nuestro país sino que es un proveedor en una compra. Y segundo, que el juicio no será internacional sino que la jurisdicción será nacional, con el agregado que será el Estado de Uruguay el que lo inicie como demandante y no la empresa española.

En la película El abogado del diablo, el personaje interpretado por Keanu Reeves es un abogado pueblerino que es cooptado por un gran bufete para defender los peores intereses de empresarios corruptos. Dejando de lado toda la disquisición teológica que plantea el filme, en esa lucha entre el bien y el mal, cuando parece que la defensa de los buenos intereses se impone y todo no fue más que una alucinación, en la última escena, el diablo, que más de una vez actuó bajo distintas identidades y roles, le pone una última emboscada al abogado, que cae en lo que Lucifer describe como su pecado favorito: la vanidad.

Una curiosa coincidencia en lo que ha sido, no de ahora, la actitud de un Javier García vanidoso a la hora de jactarse de sus decisiones y de su combate profetizando triunfos que no solo no llegan sino que siguen acumulándo derrotas. Así salió del gobierno, así fue desplazado de su ambición por ser el presidente del Partido Nacional, pulseada que perdió incluso con un Álvaro Delgado vapuleado y casi en el piso. Así salió también de su fallida interpelación el año pasado a la ministra de Defensa Sandra Lasso y así va camino de quedar atrapado en la Comisión Investigadora que hoy seguramente resolverá instalar la Cámara de Senadores del Poder Legislativo.

El Partido Nacional intentaba crear una Comisión Investigadora acotada en la Cámara de Diputados pero sus socios y exsocios de la Coalición Republicana tuvieron que desmarcarse en favor de una comisión que investigue todo el proceso. Aún así, Javier García pretende ser acusador defendiendo a Cardama, a Lacalle Pou y a sí mismo. Hay que avisarle que no es abogado defensor ni acusador sino acusado, y para decirlo en clave de otra película, será justicia.