El vértigo del deterioro argentino

Los datos numéricos, sin embargo, apenas vislumbran la acritud del sufrimiento por la crueldad del ensañamiento con nada ficcionales “juegos del hambre”. Bajo la coartada de caracterizar globalmente a las organizaciones sociales como burocracias parasitarias que se sustentan con la pobreza y promueven la vagancia, se ha suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios barriales. Millones logran alimentarse precariamente, haciendo largas filas para lograr algo de nutrición, anotándose en listas de espera en más de 40.000 ollas populares, o yendo de un comedor a otro que, en el mejor de los casos, hoy sólo recibe apoyo de donaciones o provisiones municipales. El resto deberá hurgar entre los desechos de los contenedores de basura. Lo novedoso no es su existencia, tampoco necesariamente la magnitud, que ya era alarmante, sino la negligencia del Estado hacia aquellos que más necesitan asistencia en una necesidad tan primaria y elemental, especialmente para un país con una enorme producción agroexportadora. Hace 40 años, durante el primer gobierno posdictatorial del presidente Alfonsín, se lanzó el Programa Alimentario Nacional como política masiva de asistencia alimentaria mediante las cajas de insumos “PAN”, con el objetivo de alcanzar al 20 % de la población. Esta iniciativa formó parte de su énfasis en una “democracia” con atención de las necesidades sociales, aunque tuvo que abandonar el gobierno anticipadamente en un contexto hiperinflacionario. Desde entonces, todas las administraciones han implementado políticas de asistencia alimentaria creciente, exhibiendo con ello, dicho sea de paso, el nivel de deterioro económico-social en la totalidad del período histórico constitucional, aún con momentos de acotada reversión parcial. Al concebir la alimentación como una cuestión privada de carácter mercantil combinada con el propósito de eliminar la intermediación “corrupta”, Milei dispara la perdigonada sobre la totalidad de la asistencia, liquidándola. De este modo se amplía a límites siniestros la inseguridad de subsistencia que estructuralmente el capitalismo consagra, como se verifica en la gente en situación de calle.

Además de la delectación por el sufrimiento a todo aquel ajeno a su propia “casta” política e intereses empresariales, la intransigencia en la consolidación de la estanflación (crisis y estancamiento con inflación) y sus consecuencias sociales, presenta un panorama disyuntivo. Porque aún en caso de una hipotética, tardía e improbable reactivación económica, será sobre el umbral esbozado líneas arriba, es decir, de deterioro sin precedentes del cual reponerse, para volver a remontar una cuesta que diversas gestiones keynesianas o liberales, para esquematizar, nunca han logrado sostenidamente, salvo en un breve período posterior al “argentinazo” de 2001, donde se ejerció una revocación fáctica del mandato del presidente De la Rúa, no exenta de sangre. ¿Podría el Congreso, recientemente desacreditado por Milei como “cueva de ratas”, revertir de repente la pinza tortuosa de golpe económico y brutalidad represiva destinada a la sumisión pasiva de las víctimas? Es al menos improbable por varias razones, la más potente de las cuales fue la aprobación en general del ya fallido proyecto de ley ómnibus que muestra una mayoría proclive a las estrategias antipopulares. Lo es también por la tardía conformación de la comisión bicameral (una vez que el partido radical es virtualmente expulsado de la coalición que integró), que podría someter a debate el vigente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que implementa las políticas aludidas. El nivel de degradación política y moral parece acompañar las tendencias observadas en los indicadores sociales. No parece tener otro freno que la intervención ciudadana.

La conjunción de la magnitud del deterioro social, el descrédito de la representación política y la propia arquitectura de la democracia representativa, que prefiero denominar liberal-fiduciaria, impulsa cada vez más en dirección a la protesta y a la revocación fáctica. Detengámonos un momento en el último aspecto, ya que de algún modo los primeros han sido borroneados aquí. El proceso electoral, absolutamente defendible tanto como perfectible, sobre el que se erige la representación moderna o, si se prefiere, tan solo ofrece un retrato instantáneo de la opinión ciudadana, cualquiera haya sido el proceso deliberativo o comunicacional por el que se haya forjado precedentemente, pero no proyecta su devenir mediato o inmediato. El lazo entre el representante y el representado se establece en el momento electoral, extinguiéndose a la vez para dar lugar a la “irresponsabilidad jurídica del representante”, autonomizándolo individualmente, incluso de su propio partido. Precisamente, el instituto de la revocación (ausente en las normativas electorales argentinas) constituye una forma de atenuar o radicalmente clausurar tal desconexión y establecer alguna forma de control sobre los representantes. Más aún, requiere para ello algún tipo de formalización programática que permita evaluar el cumplimiento de un mandato. En ausencia de tales requisitos, groseramente simplificados en un par de oraciones, se establece un lazo fiduciario, o en otros términos, basado exclusivamente en la confianza del representado que no tiene necesariamente que perdurar en el tiempo y menos aún entre largos períodos electorales tanto más cuanto mayor resulte el vértigo de las políticas en el ejercicio de la representación, como el caso actual argentino. El sistema presidencial, a diferencia del parlamentario, refuerza la autonomía del máximo responsable del Poder Ejecutivo, incluso del Parlamento también autonomizado e inconexo, a excepción del complejo proceso de destitución mediante “impeachment” o juicio político. No se trata de poner en duda la legitimidad con la que se impuso Milei hace poco más de dos meses, sino de discutir la actual.

Las usinas comunicacionales hegemónicas, muy particularmente las empresas multimediáticas, con eje en los diarios La Nación y Clarín, se adelantan a convalidar el discurso insultante y la política oficialista no solo económica sino de criminalización de la protesta y ferocidad represiva, calificando de golpista toda intención movilizatoria, huelguista y hasta de mera enunciación crítica. Entretanto, estudian el marketing de la paciencia. Su ideal es una ciudadanía docilizada, espectadora pasiva de las políticas que le afectan, a lo sumo expectante de un nuevo momento electoral donde ejercer su eventual descontento con el llamado “voto castigo”. Por el contrario, nada se aproxima más en representatividad que aquello que los griegos concebían como “demos” ejerciendo el “krátos” en las calles. El grado de democraticidad no se puede definir por apego a normas que reducen la ciudadanía a una audiencia, aherrojándola a un cambio regular de canal, sino por el ejercicio de la decisión directa de los afectados por ella. Si los dispositivos institucionales carecen de mecanismos de control y adecuación de la representación a las fluctuaciones de la opinión pública y las demandas populares, si obturan sus caminos expresivos, en algún momento, tal vez impredecible, erupcionará.

Provisionalmente y en ausencia de otros significantes, prefiero denominarla en su máxima expresión, “revocación fáctica”.