El 10 de marzo de 1876, el coronel Lorenzo Latorre —que había sido ministro de Guerra y Marina— se puso al frente de Uruguay como “gobernador provisorio”. Con poderes inmensos —como buen militar—, buscó consolidar la autoridad del Estado a la reducción de las autonomías regionales repartidas entre caudillos y a la depuración nada liberal del Partido Colorado, el partido dominante. Latorre obtuvo el respaldo de la clase empresarial, a tal punto que el historiador Guillermo Vázquez Franco calificó al “latorrismo” de “brazo armado de la oligarquía”. Es interesante esta afirmación: casi 100 años después, los militares uruguayos dieron un golpe de Estado y Latorre fue declarado prócer, y hasta le pusieron el nombre a una calle, sustituyendo “Convención” por “Coronel Latorre”. Otro dato singular: las clases empresariales de 1973 también dieron su apoyo a los enamorados de Latorre.
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Con la llegada de ese militar, Uruguay no solo modernizó sus instituciones, también los militares recibieron los favores del flamante “gobernador provisorio”. Latorre basó su autoridad en el Ejército, desplazando la influencia de los partidos políticos y los caudillos, algo similar a lo que impulsó Juan María Bordaberry en su flamante dictadura cívico-militar.
El poder de las armas
Latorre renunció en 1880, pero aquellos privilegios a los militares continuaron. En años siguientes, el Partido Colorado se consolida en el poder y hereda la lógica “miliquera” de Latorre. Los partidos políticos “asaltan” el Estado y, por supuesto, los cuarteles. La dinámica es común en todos los países: cuando el poder civil “se baja los pantalones” frente a los militares, éstos avanzan en su injerencia y privilegios. Un ejemplo: cuando el presidente Lacalle Pou instaló una comisión para analizar la seguridad social, esos miembros comenzaron a obtener información de otros países para ver cómo era el régimen, en especial para los militares y policías. No fue sorpresa: los militares tenían regímenes distintos a los civiles, pero no porque usaran uniformes; lo tenían porque poseen las armas. (¿La Caja Militar tiene algo que ver con esto?). Cuando tienen chance, se suben al autobús. Un dato: Colombia vivió un grave conflicto interno desde la década de los años 50 hasta hace poco (aún hoy hay grupos insurgentes, pero no con el vigor de hace algunos años). ¿Qué ocurría? Los militares en situación de conflicto recibían beneficios de diverso tipo, hasta ascensos especiales porque estaban en “guerra”. ¿Qué consecuencias se registraban, entre otras? Que los militares rechazaban los planes de paz; con el fin de los tiros, se les terminaba la alegría en el bolsillo.
La contabilidad paralela
En el año 2004 —cuando todo indicaba que el Frente Amplio iba a ganar las elecciones de ese año por primera vez a nivel nacional— se registró una reunión en el Hotel Plaza entre representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Frente Amplio. Los españoles dejaron esta máxima: no hay que perturbar a los banqueros, a los empresarios y a los militares.
Más allá de ese consejo, existía la certeza en el FA de que se debía ser cauteloso porque lo que se iba a conseguir se podía ir al diablo; la experiencia chilena de Salvador Allende estaba anotada con sangre en el “corpus político” de la izquierda uruguaya. El asunto eran los “límites” para la acción; hasta dónde correrlos.
Y llegó Azucena Berrutti al ministerio de Defensa. Una de las primeras decisiones fue incorporar civiles al staff del ministerio. En paralelo, el presidente Vázquez ordenó que se abrieran los cuarteles para la búsqueda de desaparecidos. Tensión en los “verdes”. A los pocos meses, Berrutti se enteró de que distintas unidades de las Fuerzas Armadas no rendían cuentas, que tenían una contabilidad oscura u opaca. Berrutti ordenó crear una contabilidad paralela, donde estuviera algo cerca de la verdad. Nueva tensión. Desde los tiempos de Latorre nadie se metía en la caja grande ni chica de los militares. Autonomía total; corporativismo al palo. Cuando se instaló esa contabilidad de Berrutti saltó cualquier cosa, y una de ellas fue la desprolijidad en el Hospital Militar, que estaba bajo las órdenes del general Guido Manini Ríos. Pero no solo eso.
“Cuando la doctora Azucena Berrutti llega al Ministerio de Defensa, se encuentra con que las Fuerzas Armadas administraban sin ningún control los ingresos y egresos vinculados a las misiones de paz”, cuenta Augusto Gregori, “Tito”, un tupamaro que trabajó en esa época junto a Berrutti, en el libro “El tapiz de los tupamaros”. Entre el 2009 y el 2015, Uruguay recibió casi 400 millones de dólares. “Cuando la ministra pidió aquellas cuentas, le llevaron un cuaderno en el que se anotaban ingresos y egresos”, cuenta Gregori. Había cuentas en Nueva York a nombre del Ejército y eso no pasaba ni cerca del Tribunal de Cuentas. Desde el punto de vista administrativo, cada comandante en jefe operaba como una unidad ejecutora y decidía todos los gastos. Eso pasaba con el armamento. Los lobbistas de la industria armamentística tenían línea directa con las jerarquías.
“Lo que avanzamos en veintiséis meses durante la gestión de Azucena Berrutti fue revertido cuando ocuparon ese lugar Bayardi, Rosadilla y Fernández Huidobro”, asegura Gregori.
Otra persona que trabajó en Defensa en la gestión de Fernández Huidobro, y renunció, dijo: “Pasó una cosa rara. Los civiles que trabajaban con el Ñato se fueron transformando en tenientes de Artigas, influenciado por el propio Ñato y su cercanía a Manini”. La casta militar siempre tuvo socios civiles.
La línea de “congeniar” con los militares, ir a tomar whisky a los casinos de oficiales y reafirmar privilegios de la casta militar podría tener varias explicaciones. Aquí va una: los que estuvieron presos, los más influyentes como Fernández Huidobro, siempre pensaron en una alianza con los militares. Esa idea no es unánime entre tupamaros, como queda escrito por “Tito” Gregori que, dicho sea de paso, fue designado por José Mujica en Inteligencia del Estado y en poco tiempo lo “aparatearon” y tuvo que irse.
La lógica “miliquera” en la izquierda es un tema nunca abordado en profundidad en plenarios, mesa política o documentos programáticos. Angelicalmente, el Frente Amplio concibe las Fuerzas Armadas (FFAA) como instituciones esenciales para la defensa de la soberanía y la independencia, enmarcadas en una doctrina nacionalista, antiimperialista y artiguista, que prioriza la subordinación al poder político y el respeto a los derechos humanos.
La Diaria confirmó el año pasado que esta información es correcta: “Uruguay tiene el mayor gasto militar per cápita de Latinoamérica, no teniendo conflictos bélicos”, y luego afirma que ha aumentado desde 1990 y ya es “el doble de lo que gastan Brasil, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia, Alemania o España”. También afirma que la mitad de ese gasto va a “retiros y pensiones”.
Mientras tanto, debajo del puente siguen pasando elefantes verdes…