Sólo las dictaduras o los gobiernos de talante autoritario amputan la libertad de expresión. Los uruguayos memoriosos lo tenemos muy claro, ya que entre 1968 y 1971 padecimos un gobierno prepotente como el de Jorge Pacheco Areco, que clausuró más de treinta medios de prensa, y luego la mordaza de la dictadura.
En efecto, sólo en una hipótesis de autocracia es concebible la limitación de ese derecho fundamental, inherente a todo sistema democrático. Sin embargo, la fiscal Sandra Fleitas solicitó que la Justicia le prohibiera a Carrera la utilización de las redes sociales. Evidentemente, está temporalmente desubicada o tal vez tenga nostalgia de los tiempos oscuros cuando los civiles eran procesados por jueces militares.
En realidad, el único “delito” que cometió Charles Carrera fue denunciar la inmoral entrega del Puerto de Montevideo a una multinacional belga por cincuenta años. Insólitamente, la causa fue archivada. En ese contexto, Carrera fue espiado, al igual que su colega Mario Bergara y, aunque a raíz de este caso hubo una imputación, jamás se supo quien contrató a la empresa Vertical Skies, a la cual se le encomendó ese trabajo sucio, con la intermediación del excustodio presidencial de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.
Este delincuente fue condenado por el affaire de los pasaportes rusos falsificados, pero la fiscal blanca Gabriela Fossati no investigó el espionaje que, según surge de todas las evidencias, tendría una clara conexión con la Torre Ejecutiva.
Empero, tal vez también se pueda considerar “delito” el haber auxiliado a un hombre que quedó lisiado a causa de un disparo accidental de arma de fuego que partió de la casa de un subcomisario de Policía en La Paloma, Rocha.
La inmoral operación política perpetrada por el gobierno derechista de Luis Lacalle Pou contra el hoy exsenador Charles Carrera y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior aterrizó sospechosamente en plena campaña electoral, cuando la fiscal Silvia Porteiro solicitó el desafuero del legislador para imputarlo por presunto “abuso de funciones”.
El exparlamentario fue acusado en 2022, por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de “desvío de fondos” con relación a la atención médica otorgada en el Hospital Policial al rochense Víctor Hernández, presuntamente baleado —en forma accidental— por un funcionario policial en La Paloma.
Todo comenzó cuando Carrera y Mario Bergara promovieron una denuncia penal, insólitamente archivada, contra Heber, cuando éste era titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y firmó, en nombre del Gobierno, el escandaloso acuerdo con la multinacional belga Katoen Natie, que le otorgó a esa empresa el cuasimonopolio del servicio de contenedores del Puerto de Montevideo hasta 2080.
Hasta ese momento, nadie había objetado la ayuda recibida por Hernández y sus familiares. La situación cambió cuando Heber fue denunciado por la entrega del Puerto de Montevideo y ya era ministro del Interior, tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga.
Luego, se integró una comisión investigadora especial trucha a nivel parlamentario que avaló, por mayoría, la denuncia contra Carrera y envió su informe a la Fiscalía.
Como la solicitud de desafuero de la fiscal Silvia Porteiro fue cursada sospechosamente un mes antes de las elecciones nacionales de octubre del año pasado, en una actitud, sin dudas, ejemplar, Carrera renunció voluntariamente a sus fueros, a su banca en la Cámara Alta e, incluso, a su postulación al Senado de la República, con el propósito de comparecer ante la Justicia como un ciudadano común y sin el blindaje que le otorgaba su condición de parlamentario.
Si esta operación tuvo incidencia en el proceso electoral, por lo menos en la primera vuelta, está naturalmente en el terreno de las hipótesis. Sin embargo, resulta sugestiva la demora y la oportunidad en una causa judicial que el año pasado ya llevaba más de dos años de tramitación a nivel de la Fiscalía.
Empero, tan incongruente como esa situación fue la asignación de la causa a la fiscal Sandra Fleitas, quien, a ritmo de vértigo, estudió el voluminoso expediente y solicitó la formalización del político por tres “delitos” diferentes a la imputación original.
La causa aterrizó en la sede de Fleitas luego de algunos movimientos inexplicables que incluyeron los traslados de la fiscal Silvia Porteiro, de la fiscal Sabrina Flores, que tenía a su cargo la causa relacionada con el caso Astesiano, y de la fiscal Stella Alciaturi, quien imputó al electo intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por ocho delitos de corrupción, lo cual motivó una suerte de caza de brujas lanzada por el Partido Nacional.
La designación de Fleitas para hacerse cargo de la denuncia contra Charles Carrera parece ser tan impertinente como las tres imputaciones penales que solicitó contra el exsenador.
Incluso, no olvidemos que Fleitas, hace apenas un año, se transformó en portada de diarios e informativos cuando investigó una falsa denuncia de violencia contra el hoy presidente de la República, Yamandú Orsi, formulada por Romina Celeste Papasso y Paula Díaz. Aunque el caso se diluyó cuando ambas confesaron en un programa televisivo que la acusación no era veraz y por ende fueron procesadas, Fleitas jamás indagó a fondo y archivó la causa, pese a que rompía los ojos que la intención fue dañar la imagen de Orsi e hipotecar sus posibilidades electorales.
Durante la audiencia de imputación de Charles Carrera, la defensa del exlegislador demolió una a una todas las acusaciones de Fleitas, que contienen groseras inconsistencias jurídicas.
El que debería estar investigado es el senador Luis Alberto Heber, por haber avalado con su firma la entrega del Puerto de Montevideo en un contrato secreto con hedor a corrupción, cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas, y por su participación en el otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset cuando era ministro del Interior, luego de haberle mentido groseramente al Senado de la República.
Aunque no estamos poniendo en tela de juicio la honorabilidad de la fiscal Sandra Fleitas ni la de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, este contexto situacional genera lógicas suspicacias.
