Hace unos días, la plaza Bolívar de Colombia amaneció cubierta de envases plásticos como protesta de más de 50 organizaciones de recicladores. El motivo: una caída del 30 % en el precio del PET, que afecta gravemente su sustento. Los manifestantes denunciaron que, pese a las regulaciones contra los plásticos de un solo uso, los beneficios han quedado en manos de la industria, marginando a quienes recolectan y clasifican los residuos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Este conflicto resuena en Uruguay, donde el Gobierno de Lacalle Pou impulsó el Plan Vale en lugar de aplicar la Ley de Residuos, vigente desde 2004 pero incumplida. Aunque el Plan de Gestión de Envases (Decreto 260/007) lleva 16 años en marcha, solo recupera el 4 % de los envases y operó en seis departamentos. La Ley de Envases (17.849) y su sucesora, la Ley de Gestión Integral de Residuos (19.829), prometían metas claras de recuperación e inclusión laboral para los clasificadores, pero los resultados han sido mínimos: apenas un 5 % de materiales reciclados y solo 200 trabajadores formalizados de un total estimado de 3.000. Esto fue producto de convenios de la Cámara de Industrias del Uruguay, fabricantes e importadores que suscribieron convenios con seis intendencias, el MVOTMA y el MIDES.


En 2019 se creó el Fondo Nacional de Gestión de Residuos (FONAGRES), financiado con el IMESI a envases, pero su implementación fue bloqueada. Ante esto, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) propuso el Plan Vale, que evita el cobro del impuesto hasta 2035 a cambio de metas de recuperación (30 % para 2023, 50 % para 2025). Sin embargo, en diciembre de 2024, el Gobierno intentó postergar estos objetivos, pese a que la ley no permite modificaciones por vía administrativa.
Según la anterior Administración y la CIU, el Plan Vale se diseña en respuesta a la Resolución 271/2021 que obliga a desplegar el Plan de Gestión de Envases en todo el territorio nacional y alcanzar tasas de recuperación de envases, en relación a lo vertido en el mercado, del 50 % al 2025; e integrar operaciones de recuperación de materiales en ciudades y localidades de más de 5000 habitantes.
Estas obligaciones han llevado al Fideicomiso del Plan de Gestión de Envases a estudiar alternativas y concluir que la manera más eficiente de lograr las tasas de recuperación exigidas tiene que ver con los Sistemas de Depósito, Devolución y Reembolso (DDR) para envases rígidos de bebidas. Los sistemas de Depósito, Devolución y Reembolso consisten en definir un valor monetario a los envases alcanzados. Este valor lo paga el consumidor al momento de la compra y lo recibe de vuelta al devolver el envase vacío. El valor de los envases descartables es llamado valor de depósito o valor de seña.
La historia se repite, las grandes empresas transnacionales que comercializan envases en Uruguay han evadido durante décadas sus obligaciones ambientales, ahorrando millones de dólares y acumulando ganancias en mercados donde gozan de posiciones dominantes son las que ahora proponen un sistema de recolección y recuperación de residuos. La situación de los clasificadores, en cambio, no se ha visto modificada en 18 años, y siguen trabajando en pésimas condiciones, expuestos a riesgos ambientales, de salud y seguridad ocupacional. Pese a esto no han sido consultados sobre la aplicación de este plan, mientras siguen esperando que se concrete el registro de los clasificadores en el MIDES.
Cambio de administración, Vale lo mismo
El viernes pasado, en un conversatorio sobre reciclaje con justicia, trabajo, ambiente y derechos realizado en el PIT-CNT, el ministro actual, Edgardo Ortuño, habló de la implementación de este Plan Vale y de la inversión de 50 millones de dólares que van a hacer desde el sector privado para comprar las máquinas receptoras de envases en los supermercados entre otros. Esto generó una duda por parte de una recicladora del público, quien le preguntó al ministro si sabía que de esta manera las empresas están quedándose con el residuo de mayor valor para los clasificadores, a la vez que les quitan trabajo.
El Plan Vale, que implica un Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (DDR) para envases rígidos de bebidas, se combina con sistemas de recolección y clasificación a nivel urbano para los envases que no puedan integrarse al sistema DDR. Pero, como dejaban claro los clasificadores en el conversatorio, ellos estarían perdiendo en manos de las grandes empresas el residuo de mayor valor.
El Plan Vale es una apuesta novedosa para retirar los residuos y recuperarlos, pero deja fuera de esta economía circular a trabajadores muy vulnerables que no participaron de la concreción de este plan.
Es fundamental que el actual Gobierno pueda reestructurar esta política para que los trabajadores clasificadores tengan una mejor remuneración, una compensación por la pérdida de esta materia prima y que mejoren sustancialmente sus condiciones de trabajo. No sería deseable, como en Colombia, que exista un monopolio por parte de las grandes empresas sobre la compra del plástico. Los grandes contaminadores no pueden ser los únicos que diseñen los planes de recuperación de residuos. No podemos dejar al lobo cuidando las ovejas.