Prohibiciones: lo que más producen es corrupción

Y más en general agrega: “Lo único que tenemos que ilegalizar sin falta es la banca privada, el lavado… que se queda con la parte del león”. Aquí solo estamos parcialmente de acuerdo en que el lavado termina llevándose la parte del león, más que los que se la juegan diariamente en todas las otras partes del ciclo; porque la prohibición de la banca privada originaría o aumentaría dos fenómenos supervinientes: uno, la aparición de una banca privada ‘en negro’ furtiva, ambulante, en parte sustitutiva de la ilegalizada más formal y visible; dos, la corrupción de la banca pública, si es que no lo estaba ya, para montos y formalidades que esa ‘negra’ no puede operar con seguridad y mínimas garantías. La ilegalización de la banca privada formal solo enlentecería, dificultaría inicialmente y reduciría en algo el lavado de dinero producto de actividades ilícitas. No es una solución definitiva, como sí lo sería la despenalización de algunas, al menos, de las actividades ilícitas, tales como todas las del ciclo de las drogas (financiamiento, producción, industrialización, comercio, tráfico, consumo, lavado, y actividades menores para cada ítem).

De todas maneras, por si a alguien se le ocurriera que, así como la despenalización de todo el ciclo de las drogas minimizaría la criminalidad y la corrupción producto de las prohibiciones e ilegalizaciones, deberían abolirse todas las prohibiciones e ilegalizaciones, el propio Olascuaga se pregunta, lúcidamente: “¿Vamos a legalizar los secuestros?” (yo podría agregar: ¿y los homicidios, los fraudes, las violaciones?). De modo que hay que hilar más fino; pero siempre afirmando, aunque con matices, que la eliminación de las prohibiciones, ilegalizaciones y penalizaciones evitaría muchos males mayores provenientes de ellas, que se ha comprobado que son tantas veces mayores que los provenientes de las actividades prohibidas, ilegalizadas y penalizadas, sin siquiera terminar con ellas; en tantos de esos casos, el remedio es peor que la enfermedad, como lo han demostrado elocuentemente las medidas sanitarias supuestamente diseñadas para impedir los daños sanitarios y sociales de la covid-19 (más corrupción que en la imposición político-comunicacional de la pandemia, imposible); más recientemente las patógenas e iatrogénicas ‘vacunas’ contra el mismo covid-19; y, más actualmente aún, el caso Marset.

¿Por qué en tantos casos, no en todos, entonces, prohibiciones, ilegalizaciones y penalizaciones aumentan la criminalidad más que reducirla, y engendran corrupción, sin eliminar (ni siquiera minimizar) las conductas prohibidas, ilegalizadas y penalizadas?

Volvamos al texto referido de Olascuaga, que dice, por boca del capo mafioso Frank Costello: “Si es ilegal, lo vamos a vender”. Económica y culturalmente, la demanda no se elimina por ley; tampoco la oferta satisfactora de la demanda; si hay demanda por algo, alguien la satisfará; si esa oferta/demanda es legal, la competencia por la actividad satisfactora será más o menos pacífica; si es ilegal, la actividad y la competencia a su alrededor será menos pacífica. Los riesgos asumidos por la dedicación a la oferta satisfactora ilegal aumentan los precios en todas los eslabones de la cadena cíclica en la oferta; esos riesgos son asumidos por quienes no tienen mejores y más legales oportunidades de sobrevivir o de llegar a los padrones de consumo culturalmente deseables por las vías conformes (buscan ‘de costado’ lo que otros con mejores pedigrís y contactos pueden buscar ‘por derecha’). Está claro que incumplimientos y deudas en ese mercado negro constituido no pueden reclamarse ante tribunales judiciales ni pidiendo protecciones policiales formales; si alguien te robó en la ‘boca’, o no te pagó una deuda, te vas a quejar al gran rey de borgoña, o lo arreglás mano a mano? Si te dejás pasar, te ‘alquilan’, tenés que hacerte respetar, y eso no se hace repartiendo estampitas; solo por la violencia interpersonal organizada puede lograrse. No necesariamente quienes están del lado ilegal de una oferta son más violentos que aquellos que están del lado legal: lo que pasa es que solo tienen ese recurso para sus necesidades, mientras que los otros, que tampoco le hacen asco a la violencia en absoluto si cuadra (i.e. pensamos en la geopolítica), pueden canalizar normalmente los conflictos, dentro de su ámbito, de modo pacífico y formal.

¿Por qué las prohibiciones, ilegalizaciones y penalizaciones a la oferta de satisfactores de las demandas ‘inmorales’ casi no logran sus objetivos manifiestos, aunque sí, en su lugar, generan una fábrica de corrupción y de violencia latentes que supuestamente sería un efecto secundario no deseado, una externalidad con daños colaterales?

¿Por qué tantas veces esos efectos y consecuencias de las prohibiciones son costos impensados que exceden a los beneficios previstos, por lo cual a veces se impone la despenalización de las prohibiciones, aun manteniendo un juicio contrario a la demanda que produce esa dinámica para satisfacerla?

La ‘ley seca’, que prohibió el alcohol en Estados Unidos por los años 20, dio origen a una satisfacción clandestina de esa demanda, que constituyó el primer rubro de trabajo de los carteles mafiosos posteriores, que obtuvieron, con el alcohol, los recursos necesarios como para cartelizar su organización, abarcando contrabando, prostitución, drogas, secuestros, venta de órganos, tráfico de armas, sicariatos, y un largo etcétera. Batlle y Ordóñez hizo lo contrario en Uruguay: creó Ancap, y dentro de ella, la segunda ‘a’ corresponde a los alcoholes, dentro de la gestión nacionalizada de los combustibles, el alcohol y el portland. Mujica lo recordó al argumentar a favor de la despenalización del ciclo de la marihuana estatalizada. En Uruguay no surgieron mafias cartelizadas de oferta clandestina de demandas también estigmatizadas precisamente porque se despenalizaron ofertas satisfactoras de demandas solo utópicamente extinguibles, porque la sola inmoralización (i.e. religiosa, ‘revelada’) no resulta suficiente como para frenar pulsiones, ímpetus y apetitos; se pensó entonces que la prohibición, ilegalización y penalización sí lo haría; y lo que vemos es que, en muchos rubros, la oferta se mantiene clandestinamente, alimentando una demanda imparable aunque inmoralizada también; y en ese imperfecto camino, iatrogénicamente, produce más costos que beneficios (i.e. drogas, pandemia).

Algunos ejemplos de costos mayores que los beneficios de las prohibiciones.

Uno, cualquier prohibición, ilegalizada y penalizada, necesita de un cuerpo especializado en la prevención, flagrancia y castigo judicial de las transgresiones creadas (sean ellos inspectores de tránsito, de la DGI, municipales, de migración, policías o marinos de prefecturas navales). Para esos cuerpos, que van obteniendo información exclusiva sobre esos temas, la teoría de los sistemas y de las organizaciones complejas nos dicen que frente a la manifiesta racionalidad de cumplir con su deber y recibir su remuneración presupuestal prevista, los datos y contactos logrados en el curso de su tarea les permiten perseguir objetivos privados diferentes y hasta conflictivos con los públicos formales, hasta porque a veces el enemigo es muy poderoso y se arriesgan daños y perjuicios confrontándolo. Por ejemplo, dice Howard Becker que a las policías les es más conveniente pactar en parte con sus perseguidos que perseguirlos a fondo. Pueden ‘llenar el ojo’ llevando a algunos pequeños incautos micro-consumidores mientras se dejan sobornar-por o extorsionan-a los delincuentes mayores; hay un costo-beneficio claro en llenar el ojo deteniendo implacablemente a los pequeños consumidores mientras se coimea, o protege el negocio de los mayores, las gallinas de los huevos de oro que no se deben eliminar; paradójicamente, como dicen Downs, Majone y Wildavsky, los funcionarios que combaten algo, viven de esa persecución, por lo cual será laboralmente suicida eliminar el tema; eliminar el delito no es para nada conveniente para los custodios de la ley ni para el personal de la salud eliminar la enfermedad (salvo muy caro y reproduciendo miedo preventivo); de su existencia dependen sus ingresos presupuestales y extra-presupuestales; para maximizar sus ingresos, poder y estatus deben, simultáneamente (Becker), mostrar servicio haciendo como que persiguen la eliminación del mal mientras lucran con él, y consolidan la impresión de que el mal persiste pese a sus esfuerzos, que, por ello, deben tener más prerrogativas legales, mejores recursos y remuneraciones para el mejor cumplimiento de sus fines (que ya han incluido la maximización simultánea de los ingresos presupuestales y de los extra-presupuestales).

Un hilarante relato ha referido que, en una ‘boca’ capitalina, la acción combinada entre los traficantes y los agentes de seguridad locales permitió vender toda la tarde una misma dosis de droga: los detenían, les incautaban la droga comprada y los coimeaban para no judicializarlos, devolvían la droga a la boca, que se revendía, y repetían la maniobra ad infinitum, compartiendo los lucros generados. Ese es un buen ejemplo de racionalidad capitalista, de eficiencia productivo-comercial: venta + coima x número de maniobras / 2 sería la ecuación de lucro combinado.

Pues bien, queda muy claro que el aumento de las penas maximiza el monto y número de las extorsiones de amenaza así como los sobornos de dribbling de castigos; está muy claro también que un aumento de las penas, por ejemplo por hurto o rapiña, no minimizará esos delitos tanto como aumentará la magnitud de los delitos intentados, para que les valga la pena el producido por los riesgos incurridos, y para que ese monto les permita las maniobras necesarias como para evitar les consecuencias judiciales de ‘perder’ en el intento.

Por eso, y no por más morales, aunque posando y pareciendo eso, todo funcionario que pueda aumentar con ello sus ingresos presupuestales y extrapresupuestales, pedirá aumento de las prohibiciones y de las penas, pareciendo que así persiguen la severa y moralista erradicación del mal, cuando saben bien que el mal no se eliminará por esos medios y que ellos aumentarán -por miedo al mal- los ingresos presupuestales, mientras que también aumentarán los extrapresupuestales -estos también por miedo, pero al castigo-. Y si el formalizado fuera penado con penitenciaría, allí todo se vende: lo prescrito, lo proscrito, lo permisible y lo tolerable, recordando la gran clasificación de Merton de las normas.

Las prohibiciones, ilicitudes y penas no extinguen las demandas inmoralizadas; antes bien generan mercados negros de oferta y producen un crecimiento de la corrupción, justamente para evitar efectos y consecuencias de las prohibiciones, ilicitudes y penas.

Las propuestas de prohibición, ilegalidad y pena son promovidas por un complejo binomio de, por un lado, moralistas radicales del tipo inquisidor, ingenuamente creyentes en eso y en la persecución por inspectores de los males conjurados; y por otro, los que se aprovechan de la ingenuidad o radicalidad de los primeros para aumentar los miedos al mal que mejorarán sus ingresos presupuestales, y mejorar su posición relativa para aumentar también sus ingresos extrapresupuestales, siempre cuidando de no matar la gallina de los huevos de oro que respalda ambas maximizaciones.

Lindo tema para un asado nocturno, con cuentos y anécdotas bien regadas, claro.