Las reflexiones fueron vertidas luego del acto de conmemoración del 215 aniversario de la Batalla de las Piedras, que, por decreto ley de la dictadura de setiembre de 1975, fue instituido como el Día del Ejército, pese a que la Batalla de Las Piedras fue ganada por un ejército irregular comandado por el caudillo oriental José Gervasio Artigas, cuando Uruguay aún no existía. Los golpistas traicionaron la prédica artiguista cuando asesinaron y torturaron a los presos políticos y no tuvieron “clemencia para los vencidos”.
El jerarca denunció una “mirada sesgada” hacia los militares. En este marco, Stevenazzi reivindicó las miles de horas que los soldados trabajaron el año pasado para el Mides y para los Centros Coordinadores de Emergencias. Destacó que abrieron 31.000 plazas de alojamiento para el Mides y sirvieron 34.000 comidas para personas atendidas por el Estado. Además, señaló que, ante distintas emergencias, el Ejército realizó 287.000 traslados con un total de 30.000 jornadas laborales de 8 horas. No trabajaron en forma honoraria sino que era su obligación, porque los militares cobran un salario y deben ganárselo con trabajo y no con ocio institucionalizado.
Nuestro país no necesita Fuerzas Armadas, de las cuales carecen, desde 1949, Costa Rica y, desde 1990, Panamá, dos naciones americanas con demografías análogas a Uruguay. Incluso, en el mundo hay otros 19 países que no tienen Fuerzas Armadas, aunque sí guardias nacionales que protegen sus fronteras y sus costas, y personal preparado para la custodia del espacio aéreo.
Sin la inminencia de una guerra que ponga en riesgo nuestra soberanía, se podría adoptar una estrategia similar, integrando cuerpos especiales que blinden nuestra soberanía y que colaboren con una Policía más profesional, pero sólo con apoyo logístico.
En efecto, si no “colaboraran” con la sociedad, los militares no tendrían ninguna función que cumplir, salvo adiestrarse para enfrentar a un enemigo que no existe, tomar mate en los cuarteles, practicar deportes y cultivar el ocio inútil. No deberían integrar misiones de paz de la ONU, porque arriesgan sus vidas para proteger intereses ajenos, en muchos casos económicos.
Se trata de una institución muy vertical y con normas antidemocráticas. Por ejemplo, un efectivo puede ser sancionado a rigor en una situación que bastaría con una mera observación y ser dado de baja de un día para otro, en forma arbitraria, y quedarse sin trabajo. Conozco el caso de un soldado que fue condenado a tres días de arresto por haber llegado tarde a su unidad a raíz de una consulta médica. Aunque avisó de su retraso, fue sancionado. Fue un exceso intolerable.
Nadie discute estos procedimientos autoritarios que rigen en esta república paralela, aunque los soldados son tan funcionarios públicos como los de cualquier oficina estatal. Sin embargo, no tienen derecho a las garantías del debido proceso como otros colegas, quienes, para ser destituidos, deben pasar por un sumario administrativo como mínimo de seis meses. Luego, la división jurídica del organismo pertinente deriva el expediente a la Oficina Nacional del Servicio Civil, y ésta, a su vez, lo eleva al Senado, que es el único competente para aprobar destituciones.
Además, el Estado desembolsa anualmente casi 600 millones de dólares para financiar los salarios, los gastos de gestión y el equipamiento de las tres armas, a lo cual hay que sumar otros 587 millones de dólares de asistencia financiera a la Caja Militar, que tiene un déficit escandaloso debido a que hay 27.000 efectivos activos y 51.000 pasivos, lo cual provoca un grave desfasaje financiero entre ingresos y egresos.
En un escenario presupuestalmente restrictivo, los jubilados militares siguen siendo una carga para la sociedad. En efecto, el año pasado el Gobierno aprobó una partida de más de 587 millones de dólares para asistir al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, a los efectos de cubrir el escandaloso déficit provocado por un sistema previsional privilegiado y por las abultadas pasividades de los oficiales que, en algunos casos, ascienden a entre 185.000 y 200.000 pesos mensuales.
No se trata de posturas anticastrenses, sino de recordar que, mientras en Uruguay más del 32 % de los niños nacen bajo la línea de pobreza, hay más de 570.000 pobres medidos por el sistema multidimensional y casi 9.000 uruguayos en situación de calle, el Estado debe seguir subsidiando a un servicio previsional groseramente deficitario que es un peso muerto para el Estado y, por ende, para todos los contribuyentes.
Por ejemplo, lo que se vierte anualmente para el pago de pasividades militares equivale a 25 veces lo que recibe el Instituto Nacional de Colonización, que tiene un presupuesto anual de 20 millones de dólares. Al respecto, no recordamos que blancos y colorados, que se rasgan las vestiduras por los 32 millones de dólares que invirtió el Gobierno en la compra de 4.400 hectáreas de campo en Florida, pongan el grito en el cielo por lo que se gasta en pagarle a los uniformados retirados.
En efecto, incluso con menos dinero de esa partida transferida por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Caja Militar se podría virtualmente solucionar el grave problema de la pobreza infantil, que es realmente un agravio. Con apenas un 0,4 % del Producto Bruto Interno, que son 350 millones de dólares, se podría atender adecuadamente a los niños pobres y a sus familias, mediante transferencias monetarias para los hogares más deprimidos con menores de edad, erogaciones destinadas a alimentación y vestimenta, adecuada cobertura de salud y diversas propuestas de inserción educativa, con el propósito de que esos niños pobres no sean los adultos pobres del futuro.
Uruguay no se puede dar el lujo de seguir financiando privilegios ni de despilfarrar recursos, ya que, como lo proclamó José Artigas, “la causa de los pueblos no admite la menor demora”.
