Ahora la solidaridad es "delito"

Es también muy diferente a la asumida por el exintendente de Florida, exsenador colorado y expresidente del directorio de OSE, Juan Justo Amaro, quien se amparó en su inmunidad para no ser procesado por los delitos de fraude y abuso de funciones durante su gestión al frente del ente. Fue recién condenado cuando terminó la legislatura.

Un caso muy similar es el del exdiputado blanco maragato Alberto Casas, quien también fue imputado por delitos similares por su actuación como director de OSE en el mismo período. En este caso, también el exlegislador se amparó en sus fueros. El delito prescribió y quedó impune.

Otro episodio que acude a mi memoria es el del intendente de Durazno nacionalista y exdiputado Carmelo Vidalín, quien se protegió bajo el paraguas de sus fueros parlamentarios. El dirigente blanco fue acusado en 2009 de irregularidades en el manejo de fondos para atender a los evacuados por las inundaciones de 2007, cuando ya era jefe comunal. La solicitud de la Justicia ingresó a la Cámara de Representantes, pero nunca fue tratada. La denuncia fue archivada, aparentemente por falta de pruebas. En ningún momento Vidalín esbozó la posibilidad de dejar en suspenso sus fueros o de renunciar a su escaño. Más allá de que el desenlace judicial le resultó favorable por falta de evidencias y no porque no hubo delito, el hoy jefe comunal se blindó mediante un privilegio inverosímil.

Son actitudes radicalmente diferentes que marcan a fuego improntas éticas entre el Frente Amplio y tres de los partidos que integran la coalición de gobierno, ya que entre los mencionados hay dos blancos, Casas y Vidalín, un colorado, Amaro –ya fallecido–, y un cabildante, Guido Manini Ríos.

Carrera fue incluso más allá. No sólo no se amparó en sus fueros, sino que también abandonó su banca, se quitó de la lista 609 y hasta renunció al subsidio que le corresponde por ley, para comparecer ante la Justicia como cualquiera de nosotros, seguramente para ser imputado de abuso innominado de funciones (artículo 162 del Código Penal), figura que ya debió ser eliminada de nuestro cuerpo normativo porque penaliza delitos no previstos por la ley y es inconstitucional. ¿Cómo se puede realmente punir un delito inexistente?

La inmoral patraña perpetrada por el bloque derechista contra el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior y senador frenteamplista aterrizó sospechosamente en plena campaña electoral, luego de ser acusado por el Ministerio del Interior, en la figura del exministro Luis Alberto Heber, de “desvío de fondos”, con relación a la atención médica otorgada en el Hospital Policial al rochense Víctor Hernández, presuntamente baleado –en forma accidental– por un funcionario policial en La Paloma y devenido parapléjico.

Todo comenzó cuando Carrera y su colega Mario Bergara promovieron una denuncia penal, insólitamente archivada, contra Heber, cuando éste era titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y firmó, en nombre del Gobierno, el escandaloso acuerdo con la multinacional belga Katoen Natie, que le otorgó a esa empresa el cuasimonopolio del servicio de contenedores del Puerto de Montevideo durante más de medio siglo.

Hasta ese momento, nadie había objetado la ayuda recibida por Hernández y sus familiares. La situación cambió cuando Heber fue denunciado por la entrega del Puerto de Montevideo y ya era ministro del Interior, tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga.

Luego, se integró una comisión investigadora especial a nivel parlamentario, que avaló, por mayoría, la denuncia contra Carrera, y envió su informe a la Fiscalía.

El dictamen de la fiscal de Delitos Económicos, Silvia Porteiro, soslaya toda contemplación humanitaria y se aferra, con una ortodoxia digna de un inquisidor, a la letra fría de la norma, como si ésta estuviera grabada en piedra. “El hecho de que en forma irregular se le prestara asistencia sanitaria y económica a los coaccionantes Hernández, carece de nexo causal con el evento lesivo, ni supone una asunción de responsabilidad. Estas prestaciones configuran una situación anómala e indebida”, establece el texto de la magistrada, quien afirma que “emerge con total claridad que la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial es arbitraria e inmotivada, ya que no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales”.

En otro orden, el documento consigna que “las irregularidades detectadas no son de índole meramente administrativas, pasibles de sanciones de esa naturaleza, como podría en un primer momento suponerse, sino que van más allá, constituyendo ilícito penal, conforme los conceptos mencionados”.

Del escrito emergen únicamente irregularidades, aunque éstas no ameritan un reproche penal. Sin embargo, la misma fiscal Silvia Porteiro, hace apenas diez meses, archivó la causa de la entrega del Puerto de Montevideo. En ese momento, aseguró que si se le presentaba un caso similar, no imputaría a nadie por abuso de funciones, “porque ese delito no debería aplicarse”.

Otro absurdo es que en el Hospital Policial sólo puedan ser atendidos los policías y sus familiares, que pagan tiques de medicamentos y órdenes de asistencia médica de valores irrisorios, pese a que se trata de un nosocomio estatal, financiado mediante un aporte del 4 % de los propios uniformados, pero también por todos los contribuyentes, ya que arrastra un déficit operativo que, en 2023, era de 21 millones de pesos mensuales.

Pese a estas limitaciones, en el Hospital Policial fueron atendidos el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, actual asesor del candidato presidencial Álvaro Delgado, y el exdirector de Convivencia Ciudadana, Santiago González. Ambos renunciaron pero jamás fueron imputados, al igual que el expresidente Luis Lacalle Herrera, quien fue operado en el nosocomio cuando ejercía la primera magistratura.

La derecha, que celebró esta chanchada, no tiene autoridad moral para nada, porque es comprobadamente corrupta y utiliza sus privilegios para ampararse en ellos. Toda esta espuria opereta, que tiene hedor a podrido en plena campaña electoral, culmina con una acusación insólita de una fiscal que muta las irregularidades en delito –cuando es obvio que no hay un enriquecimiento ilícito–, amparándose en una figura penal absurda.

Ahora, la solidaridad es un “delito”. Mientras Carrera, quien fue espiado por el Gobierno, no se sabe aún por orden de quién, casi seguramente será imputado, Heber está blindado, aunque pergeñó la sospechosa entrega del Puerto de Montevideo y otorgó, pese al inexplicable archivo de la causa, un pasaporte ilegal a un narco, además de hacer la vista gorda ante la trama que se armó en el seno de la Policía para identificar a las víctimas del pedófilo Gustavo Penadés. Nadie cree, a ciencia cierta, que no estaba enterado de nada. Porteiro es –claramente– una suerte de sosías de la exfiscal blanca y ahora colorada, Gabriela Fossati. Si no es así, que explique su cambio de postura con respecto a un delito que no es delito.