“El año que viene no le podemos echar la culpa a nadie; es toda nuestra”. Esto decía Luis Lacalle Pou en Octubre de 2020. Sin embargo, siempre, siempre, terminan culpando al Frente Amplio por cada desastre que hacen.
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Así venden
Fanático de pasar todo lo público a manos privadas, el presidente busca sortear, de una manera u otra, los pronunciamientos populares que establecieron de manera rotunda que los uruguayos quieren que UTE, Ancap, OSE y Antel continúen en la órbita pública y los ingresos que generen queden en su territorio.
El proyecto Neptuno tiene un sobrecosto de 300 millones de dólares; y no es casual. Como ha explicado el director por el Frente Amplio en OSE, Edgardo Ortuño, el problema no está en la construcción, que bien la pueden realizar las empresas privadas especializadas, sino en el financiamiento, la operación de la toma de agua del Río de la Plata y la del pólder. “Se privatiza una parte muy importante del servicio, ya que OSE hizo históricamente sus obras contratando solo la construcción de las infraestructuras; pero en este caso, se contrata el financiamiento, la construcción y la operación de la toma de agua y el mantenimiento de toda la infraestructura durante 20 años”.
Mientras tanto, pese a que el agua ha perdido calidad, el gobierno se niega a bajar las tarifas de OSE.
Ahora, mientras el gobierno se desvela por transferir dineros públicos a empresarios privados, los trabajadores van de mal en peor.
Un estudio del Instituto Cuesta Duarte ha confirmado que en 2022 se registraron 100.000 “veinticincomilpesistas” más que en 2019. Concretamente, se registraron unos 549.000 ocupados con ingresos inferiores a $ 25.000 líquidos al mes por 40 horas semanales de trabajo; casi 100.000 más respecto a los 452.000 de 2019.
También se ha complicado la vida de jubilados, pensionistas y la mayoría de la población. La pobreza, que en 2019 estaba en el 8,8%, pasó a 9,9% en 2022.
El águila del Graf Spee pasará a la historia como lo único que Lacalle II no pudo fundir.
Así compran
Más allá de lo económico, nuestra institucionalidad va en retroceso.
El 8 de junio, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ascendió al cabo Fabricio Ríos a subcomisario por un período de tres años en el Hospital Policial. Cinco escalones jerárquicos burlados autocráticamente. ¿Motivo? Cada uno sacará sus conclusiones; pero el beneficiado es secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), representante en la Comisión de Vivienda Policial (creada por Heber) y, pequeño detalle, pareja de Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom, la misma que elogiaba al ministro Larrañaga y apoyó la LUC, nave insignia de Lacalle Pou.
El periodista Eduardo Preve afirma que desde el mismo Hospital Policial se cuestiona la situación, ya que Fabricio Ríos “ha estado de licencia sindical durante muchos años y, por lo tanto, no está trabajando”.
Nada de esto está aislado de lo otro. Gracias a la LUC tenemos una Policía envalentonada, prepotente y abusiva. Lo sucedido a fines de mayo, en General Flores y Propios, y que dio lugar a la viralización de un video publicado por el periodista Gabriel Pereyra, es solo una cuenta más de un largo rosario de abusos. En la grabación se puede ver a cuatro adolescentes con las manos contra la pared y a varios policías que los maltratan física y verbalmente de manera totalmente innecesaria, ya que ninguno se resiste ni insulta a los uniformados.
La grabación finaliza cuando un policía, portando un arma larga, aparatosamente, se dirige al que está filmando y le dice: “Escuchame una cosita…”. El joven (refiriéndose al hecho de filmar el procedimiento) responde: “Es mi derecho o no es mi derecho. Te estoy hablando bien. Nunca hablé mal”. El policía contesta: “Te voy a decir una cosita. Escuchame una cosita. ¿El derecho sabés hasta dónde va? Hasta donde publiques eso”. El joven responde: “Lo quiero tener de prueba”. “¡¿De prueba de qué?!”, pregunta el policía y fin del video.
Ahora el caso está siendo investigado por la fiscal Brenda Puppo, pero es inaceptable que, tras muchos episodios similares, ni Larrañaga ni Heber hubieran instruido a la Policía sobre lo que en su momento aclaró el fiscal de Corte: filmar un procedimiento no solo es legal, sino también un derecho. Pese a ello, todos recordamos el video de un policía arrojando un pedazo de cascote a quien filmaba un abuso policial o el de los policías que le pegaban cachetadas a un joven mientras le ordenaban que borrara lo que había filmado, aunque no contaban con que otra persona les estuviera filmando también. Otro video no llegó a verse nunca porque los policías se llevaron detenida a la chica que filmó mientras los policías le pegaban patadas a un indigente que estaba tirado en el piso.
Por esto y más, el ministro trata de lograr el apoyo de uno de los sindicatos policiales. Esa también parece ser la lógica del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien dio cargos de confianza a las parejas de tres importantes gremialistas. De confirmarse el hecho, estos dirigentes deberían renunciar a sus cargos representativos y dejar sus lugares a otros compañeros que no estén sospechados de tener intereses contrapuestos.
No es casual que la fiscal Gabriela Fossati tenga un hermano con un cargo de confianza en el gobierno y ella terminara oficiando, prácticamente, de abogada defensora de Luis Lacalle Pou en el marco de la causa Astesiano.
Así operan
No es casual que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche (la misma que trató de beneficiar a Isaac Alfie y a su propio marido con beneficios tributarios), haya rechazado el préstamo no reembolsable del BID (léase donación) para que la Intendencia de Montevideo entregase agua embotellada en policlínicas y merenderos. Carolina manifestó sentirse indignada y le sobra razón.
Álvaro Delgado dijo que no existía tal préstamo. Qué raro… ¿Por qué entonces Arbeleche hizo una carta vetándolo? Dicen que ellos se encargarán de todo… La soberbia en su máximo esplendor.
Gustavo Penadés se dio el lujo de renunciar sin que el Honorable Directorio del Partido Nacional lo pasara, por lo menos, al Comité de Ética, que (aunque no lo crean) parece que tiene. Es más, hasta el último minuto contó con el apoyo del presidente de dicho directorio, Pablo Iturralde. Nada que asombre, si recordamos que el 13 noviembre de 2021 le dijo a las mujeres nacionalistas reunidas en Salto que debían tener “piedad fraternal, piedad filial” y las conminó a no hablar “mal de los compañeros, callémonos la boca si no tenemos nada bueno para decir de los compañeros”.
¿Por qué las instó a callarse la boca? 19 días atrás había trascendido que el edil blanco de Soriano Israel Ferreira filmó a una compañera, sin su consentimiento, mientras se duchaba, lo que desembocó en un escándalo. El presidente del Partido Nacional, en lugar de exigir a los hombres de su partido que erradicaran sus costumbres abusivas, optó por exigir a las mujeres que callaran tales cosas.
A este gobierno solo le interesan las ventajas políticas, por mezquinas que sean, y no la gente. Fuera de eso, solo le entusiasma lograr que sus familiares y allegados logren ganar dinero a costas del Estado. Entre los casos más recientes está el de la hermana de María Victoria Vera Canedo, la secretaria personal de la vicepresidenta Argimón. Eduardo Preve, que investiga a fondo los acomodos por política en ASSE, denunció que María Noel Vera pasó en solo 8 meses de no conocer ASSE a convertirse en directora de división sin pasar por el concurso correspondiente.
ASSE es una joda total. Hace pocos días también se supo que Leonardo Cipriani y el presidente de OSE, Raúl Montero, hicieron contrataciones cruzadas de la sobrina de uno y la hija del otro. ¿Favor por favor o casualidad? Dejo a los ingenuos la tarea de pensar lo mejor; yo conozco bien a los integrantes de la coalición derechista y no puedo.
El senador colorado Adrián Peña ha elaborado un proyecto para que las normas de contratación que rigen para la administración central se apliquen también a los gobiernos departamentales, ya que las contrataciones directas han provocado un verdadero desmadre en las intendencias del interior del país. El primero en oponerse de manera airada, prepotente y ofensiva, fue el senador blanco Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, argumentando que el proyecto violenta la autonomía municipal, que es propio del centralismo montevideano y que no le extraña que lo presente un batllista.
El Frente Amplio ha intentado mil veces algo similar; pero los partidos de derecha se han opuesto radicalmente; y es que el día en que se transparenten los ingresos a la administración pública y las contrataciones y compras directas en general se les termina su mejor recurso para comprar votos y ganar elecciones.
Cosas como estas son las que han inspirado algunas maldades en Twitter, como un meme que dice: “Cómo será de brava la ola polar, que acabo de ver a un herrerista con las manos en sus propios bolsillos”.