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Columnas de opinión | Decadencia | democracia | Justicia

Justicia

Decadencia democrática y jurídica

La judicialización mediática de la política lleva a la tentación de la politización también mediática de la justicia

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Caras y Caretas Diario

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Gruesamente, demócratas y garantistas del mundo pueden ser descritos como caminantes de pantano, de cuerda floja, o de pretiles. Estas expresiones metafóricamente descriptivas del estado actual y tendencial de la humanidad merecen algunos apuntes, aunque sean, más que nada, temas profundamente académicos para las ciencias sociales.

Sobre la ‘erosión, entropía y regresión democráticas’ hemos escrito profusamente, aunque en ‘modo’ más académico. Hoy intentaremos decir algo sobre la decadencia o crisis del derecho, de los Estados de Derecho, de la vigencia cotidiana de la normatividad jurídica, de la justicia, que pierden cotidianamente frente a adversarios coyunturales o tendenciales.

Nos apoyaremos en algunos hechos recientes y de dominio público poderosamente ilustrativos de todo eso, a saber: uno, los casos Astesiano y Marset; dos, el aumento de los homicidios por ajustes de cuentas; tres, la juridización mediática de la política y su reverso, la politización de la justicia.

Uno. Los casos Astesiano y Marset

Antes que nada, esta no es una diatriba político-partidaria, antigubernamental. Casos como estos ya han ocurrido, en otros tiempos y lugares, bajo otros gobiernos, y probablemente se repetirán, o hasta aumentarán. Justamente por eso los elegimos como ilustraciones de tendencias y procesos que ocurren mucho más allá de ellos mismos; por su representatividad de tendencias y procesos, no por el gobierno bajo el cual suceden. Porque, ‘son lo que hay’, son hechos de dominio público que todo el mundo tiene en dedos, que los atrae comprensiblemente, y que permiten anclar ilustrativamente mejor el tema. Y los menciono y me palanqueo en ellos porque, más allá de qué hipótesis diversas tengan más o menos razón, más allá de lo que resulte judicialmente de su formalización, ‘queda en el aire’ una muy discepoliana y tanguera resignación sabia, cambalachera, de hombros encogidos y ‘quélevachaché’, que muy probablemente tengan consecuencias para la evaluación de la democracia, del Estado de Derecho y de la operatividad de la justicia en esos contextos democráticos y jurídico-judiciales.

De hecho, todas las encuestas que se realizan periódicamente sobre estos temas, en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, arrojan cifras unánimemente interpretadas como decadencia del entusiasmo y apoyo a las democracias, que comprenden muy probablemente evaluaciones implícitas de los Estados de Derecho y del monto de justicia que imparten, que son generalmente insumos cotidianos para la macroevaluación de las democracias.

Porque todo lo trascendido y ventilado respecto de esos casos seguramente alimentará pensamientos y creencias tales como ‘y esto es solo la punta del iceberg’, ‘en todos lados se cuecen habas’, ´la política y los políticos son así’, todos elementos que aportan al descaecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y de la justicia probable bajo ellos, mucho más allá de los casos concretos y de los gobiernos al mando. Como veremos al final, los mecanismos crecientes de judicialización mediática de la política, y de politización mediática de la justicia, se convierten en multiplicadores de esas decadencias, porque potencian las desmesuras, exageraciones e hipérboles que constituyen la dañina retórica característica de esos mecanismos. Porque, y de nuevo porque importa mucho, más allá de hipótesis y resultados, hay una lluvia fina pero persistente que termina mojando: cómo puede pasar todo esto, cómo puede haberse llegado a eso, por qué nadie lo paró, ¿pasará más de eso en el resto del aparato gubernamental? Las venganzas y revanchas, que buscan neutralizar y retrucar la búsqueda de lucros políticos de los denunciantes, no solo no limpian la suciedad creada, sino que le ponen un ventilador al estercolero; en el intento de zafar del monopolio del oprobio, recuerdan el dicho popular de que ‘mal de muchos, es consuelo de tontos’; exactamente porque no limpian sino que ensucian más, y no solo a sus enemigos políticos inmediatos sino a todo el sistema a futuro; mecanismo imparable de deslegitimación, y de ‘aprendiz de brujo’, si los hay; patético ejemplo de escupir para arriba caminando. Pero, ¡ojo! lector, no estoy sugiriendo que no haya denuncias ni contradenuncias: simplemente advierto de consecuencias no pensadas de todas ellas, que deberían ponerse siempre en el platillo de la balanza cuando se vaya a decidir actuar. Por eso se ‘barre para debajo de la alfombra’: porque, aun con la intención de limpiar, eso puede no obtenerse, y sí cosecharse, por el contrario, una imparable cascada de bosta. La lógica -tan discutible, claro- del ocultamiento puede proteger, más que al acusado, al sistema de esa desmesurada catarata de negatividad futura; pero -también, claro- promueve impunidades que reventarán algún día, y con mayores ímpetus. Difíciles para Sagitario, lector, la sociedad y los humanos. Pero hay que pensarla en su complejidad; lo peor es pensar en clave de titulares, memes, tuits y emoticones; de ahí no salen más que lógicas de grieta, de trincheras, sin acuerdos, consensos ni soluciones profundas; solo ganan la prensa carroñera y la estupidez ubicua. Y, otra vez, ¡ojo! lector, no estoy aconsejando hacer esto tampoco: solo estoy enriqueciendo la complejidad de los procesos decisorios, porque lo peor es la simplificación simplona y maniquea, la de las redes sociales, ahí sí que nos vamos todos a la m…..; en este contexto no hay buena solución posible: es elegir toboganes para ascender.

Dos. Aumento de los homicidios por ajustes de cuentas

En realidad, a lo que me estoy refiriendo aquí es al aumento porcentual de los homicidios por ajustas de cuentas, en el total de los homicidios, y en el total de delitos.

¿Y por qué? Porque los delitos normalmente resueltos, con intervención prevista y legal de Policía y Justicia, definitivamente no son lo mismo que los homicidios como delitos que se procesan socialmente por fuera de los mecanismos legalmente previstos para hacerlo; porque estos cuestionan más que aquellos el acceso a la justicia, su cobertura real dentro de la universalidad pretendida, la vigencia de códigos de procesamiento de los conflictos cotidianos distinta de los de la normatividad jurídico-judicial, en definitiva a la democracia, al Estado de Derecho y a la justicia en estos y de estos, atribuible a estos, bien o mal.

En las sociedades, no solo existen códigos derivados de la normatividad jurídica; hay muchos otros códigos socioculturales que rigen también la cotidianeidad puntual: códigos subculturales, barriales, familiares, regionales, profesionales, institucionales, que se sobreponen y a veces conflictúan con los códigos de la normatividad jurídica. Pensando en grande, en realidad la normatividad jurídica se sobrepone tendencialmente a las otras lógicas recién con la progresiva imposición de los Estados nacionales, cuando las burguesías van descontando ventaja a los señores feudales y religiosos. Los ‘Estados de Derecho’ se van imponiendo subordinando a otras justicias y normatividades, aunque no siempre de modo indiscutiblemente producto del progreso ni de una mejor adecuación; por eso, por mucho tiempo se reconocieron ‘fueros’, cotos de caza fuera del alcance de la normatividad más general creciente. ¿Normatividades más nuevas, quizás más racionales, deben subordinar a normatividades comunitarias más añejas? ¿Hasta qué punto? ¿O solo deben formalizar más actualizadamente las tradicionales comunitarias? ¿El Derecho Colonial al indígena vernáculo? ¿Los códigos federales a los estaduales y municipales? La polémica ‘universalistas’ (John Rawls) versus ‘comunitaristas’ (Alisdair MacIntyre) resume buena medida de esos contenidos.

Quien hace una de las evaluaciones más célebres e influyentes de la imposición progresiva de las normatividades jurídicas centralizadas y de su producto respecto a la reducción de la violencia en la historia es Norbert Elias, en sus volúmenes que abarcan 3 décadas (cuyos contenidos confirma en este siglo Yuval Harari): han descendido, y aceleradamente, las muertes violentas en el mundo, aunque el lucrativo subrayado de las malas noticias y de las violentas por parte de la maldita prensa ‘informativa’ nos haga creer lo contrario. Y entonces, ¿por qué esos bolsones de violencia, esos enclaves, algunos hasta progresivos, de violencia? Una de las mejores respuestas es la de Gilles Lipovetsky: dice que, aun dentro de la corrección de la macrotendencia de Elias, no siempre el proceso civilizatorio y la normatividad jurídica se imponen con la misma velocidad y cobertura universal. En muchos espacio-tiempos, la normatividad jurídica homogeneizante con garantía estatal no llega, o llega con insuficiente profundidad, o es insuficiente, ineficaz e inaccesible en determinados ámbitos (i.e. drogas, contrabando, prostitución, tráficos ilegales diversos); quedan, entonces, microbolsones de violencia que se exceptúan esperablemente de la macrotendencia, pero alcanza para declararla falsada, abolida, por eso. Ese microconjunto de crecimientos de violencia, entonces, no debería alarmar tanto; porque es esperable que los haya, aunque residualmente, y que el progreso histórico de la cobertura y eficacia de la normatividad jurídica los reduzca y minimice. Aunque pueda parecer propaganda gubernamental, que el total de delitos decrezca, que el de homicidios también, y que solo aumenten los de ajustes de cuentas, no debería alarmar (prensa y oposiciones siempre querrían) tanto porque el proceso Elias-Lipovetsky lo prevería, y como transicional. El problema que sobrevive es el de si ese enclave, tan explicable en principio, se reducirá o si aumentará, si las causas de su supervivencia no se enfrentan adecuadamente, que es lo que desgraciadamente parece estar ocurriendo.

Una dinámica que se cruza con las expuestas es la de ‘locales vs invasores territoriales’ tan trabajada por Elias y Scottson, como fuente de violencias en contextos históricos en que los desplazamientos poblacionales en las ciudades, y las migraciones internacionales, despiertan lógicas etnocéntricas y chovinistas, que incluyen la eventualidad mayor de violencias.

Una última fuente adicional de insuficiencia de la normatividad jurídica para maximizar su insumo civilizatorio es el creciente conflicto, no ya como el visto entre normatividades jurídicas centrales y normatividades locales anteriores (sucedió cuando el Derecho Colonial y los Derechos Independizados se conformaron, por ejemplo): el creciente conflicto entre el Derecho Internacional y los Derechos Nacionales, amén del mencionado entre Nacionales y Locales. Y últimamente, el más novedoso entre el poder transnacional y los derechos internacionales y nacionales, elocuente durante la pandemia, y en los imparables intentos de cooptación de los organismos internacionales y de los gobiernos nacionales por parte de los superpoderes transnacionales, con la aparición, por ejemplo, de reglamentaciones que buscan la desaparición de las soberanías de jure, como consolidación de las subordinaciones de facto tan perceptibles como crecientes. Hay ya un fraccionado y ad hoc conjunto de normas que responden a la nueva lógica histórica en la progresiva subordinación de las normatividades locales a las translocales: inicialmente a las imperiales, luego a las nacionales, después a las internacionales, y ahora a las transnacionales. Y todas esas normatividades confluyen compleja y hasta conflictivamente en múltiples situaciones concretas; acostumbrados a evaluar los conflictos según la primacía doctrinaria de las soberanías nacionales, o a lo más de las internacionales por ellas delegadas, nos vemos sorprendidos cuando las normatividades locales son más acatadas que las nacionales, como en los ajustes de cuentas, o cuando los poderes transnacionales cooptan, superordenan e intentan generar micronormatividades que eludan a las nacionales e internacionales, como en la pandemia.

Tres. Juridización mediática de la política y politización mediática de la justicia

Ya hemos escrito mucho sobre esto en Caras y Caretas, dentro de una problemática que inauguramos en un Congreso de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, a fines de los 90, si no me acuerdo mal. Solo le agregamos ahora el importante detalle de que ambas, juridización y politización, adquieren su impacto cuando son melodramáticamente amplificadas por la prensa, que todo lo pudre. Sin ella, formalizaciones y amenazas de formalización no tendrían impacto político en la opinión pública, porque nadie entiende ni soporta las explicaciones de los juristas sobre lo que pasa judicialmente; pero todos sí entienden las simplificaciones que la prensa, y ahora, peor, las redes sociales, hacen de los sucesos; nada que exceda la profundidad y extensión de tuits y memes tendrá impacto social masivo, fuera de las simplificaciones melodramáticas de la prensa.

Es más económico el debate pseudo-moral en torno a hechos y personas, que el debate de ideas y proyectos (más si los contenidos tienden hacia la nanoextensión cognitiva de memes y tuits), siguiendo la tendencia histórica a la sustitución de la propaganda racionalmente persuasiva por la emocionalmente seductora, en lo que se ancla también la sutil y potente predicción de Weber de que la democracia será crecientemente populista y carismática. Pues bien, bajo la apariencia de un recurso-a y de un sometimiento reverente de una mera sospecha a la augusta intervención de la augustísima justicia, lo que realmente se instala es la difamatoria injuria o calumnia sobre algo o alguien por el solo hecho de su publicidad; y eso es lo que interesa y queda, suceda luego lo que suceda con la demanda; ese es el golpe maestro del que pega dos veces porque pega primero; es un procedimiento de ensuciar diciendo que se busca limpiar, de lucir prudente mientras se aventuran cosas dañinas para otros, y útiles al falsamente pudibundo denunciante. ‘Dejemos actuar a la justicia’ es, en los tiempos que corren, una de las máximas hipocresías y falsedades de las tantas que se profieren cotidianamente; que lo diga la fiscal Fossati, o cualquier otro fiscal, o juez en el antiguo proceso penal; más que dejarlos actuar más bien son sometidos a pelotones de fusilamiento cruzados, con balas que se chocan y a veces impiden hacer blanco.

Una tan abundante y agresiva judicialización mediática de la política acarrea la politización mediática de la justicia; porque es la publicidad y desmesura de la judicialización mediática de la política la que pone en situación de fragilidad, sobreexposición y show a profesionales que, en su formación y vocación, no contaban ni se preparaban para su presencia permanente en la picota pública; ni para la explicación rápida y urgida a preguntas malas y rápidas a cargo de gente mal preparada para preguntarle, y para informar a gente que no quiere tanto entender sino elegir contrincante, elegir banderita para agitar. Entonces, insatisfechos con lo que pueden hacer públicamente de modo mediático, se politizan, politizan su justicia, desmesurando opiniones, preferencias y vínculos a través de los cuales se defienden de haber sido inmiscuidos/as en esa judicialización mediática de la política; y entonces cometen ellos la maniobra complementaria en la calesita pública: politizan su actuación profesional, estresados como nunca pensaron que lo estarían, y convertidos en payasos o fetiches de simplificaciones arbitrarias. La judicialización mediática de la política lleva a la tentación de la politización también mediática de la justicia, hasta en su actuación sistémica, profesional. Y salen perdiendo, de nuevo, la democracia, el Estado de Derecho, la justicia, el sistema político y la opinión pública. Quizás solo gane la prensa, en ingresos, no en calidad.

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