Cuando el canciller Omar Paganini, afirma que está “muy preocupado” por la situación y no duda en calificar el proceso electoral como “fraude”, yo, en lo personal, le respondo y creo que mi inquietud es compartida por la mayoría de los uruguayos, que estoy más preocupado por lo que pasa en Uruguay que por lo que sucede a 4.477 kilómetros, que es la distancia geográfica que nos separa de la hermana nación caribeña. Sin embargo, no soy indiferente a lo que acaece en ese país agredido por el poder global ni me siento representado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que sólo se limita a acatar el mandato de Washington.
A diferencia de lo que escribió un columnista en un diario oficialista, quien tituló “Nuestros ojos están en Venezuela”, mis ojos están acá. ¿Qué ven mis ojos? Por ejemplo, una multitud de personas en situación de calle, que aumentaron un 54 % con respecto a 2019. También aumentó la pobreza, que pasó del 8,8 % en 2019 al 10,1 % en 2023. Son 350.000 personas pobres, 50.000 más que hace cinco años.
¿Qué ven mis ojos? Un recibo de sueldo de un trabajador que percibe menos de $25.000. Obviamente, no es un caso aislado. Hay 550.000 compatriotas en la misma situación, lo cual equivale a un tercio de los empleados con registro en el BPS. A ello se suma el 21 % de trabajadores informales, que cobran menos que el salario mínimo nacional, que, desde enero de este año, está en 22.268 pesos. Empero, mis ojos también ven un recibo de un jubilado que cobra menos de $18.000. Tampoco es una situación excepcional, porque hay 160.000 pasivos en la misma situación, quienes, además de padecer afecciones propias de su edad, también soportan la patología social de la pobreza.
Todo esto sí me preocupa y me indigna. Pero hay más. También me preocupa y me indigna que, en apenas dos meses, murieran 15 ancianos asfixiados y calcinados en residenciales ubicados en Melo (2 personas), Treinta y Tres (10 personas) y Salinas (3 personas). Todos los establecimientos funcionaban sin habilitación, porque sólo el 20 % la tiene. Sin embargo, siguen funcionando. Lo más insólito es que la ministra de Salud Pública, Karina Rando, y el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, que son responsables por omisión, sigan atornillados a sus cargos como si nada hubiera sucedido.
Por supuesto, estoy preocupado porque mi país está gobernado por corruptos que están empeñados en batir el récord de la administración encabezada, entre 1990 y 1995, por Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del presidente.
En efecto, en los últimos dos años suman ya nueve los blancos procesados por asociación para delinquir, estafas o delitos sexuales: el excustodio presidencial Alejandro Astesiano; el pedófilo exsenador Gustavo Penadés; la mentirosa contumaz Romina Papasso; el corrupto exintendente de Artigas Pablo Caram y sus compinches; el exsecretario general del Gobierno departamental artiguense, Rodolfo Caram; la exdiputada Valentina Dos Santos; el también corrupto exalcalde de Florencio Sánchez, Colonia, Alfredo Sánchez; el violador exalcalde de Cerro de las Cuentas, Cerro Largo, Humberto Allende y el estafador edil suplente de Soriano, Juan Bielli Fernández. Todo esto veo y me pone furioso.
Empero, también me preocupa vivir en un país donde se espía a legisladores, a dirigentes sindicales y a estudiantes liceales, donde se amañan licitaciones públicas con la intermediación de un delincuente con mucho poder, donde se otorgan exoneraciones a familiares de gobernantes y donde se entregan viviendas de interés social a militantes de un partido de gobierno.
Incluso, veo y me preocupa que el Gobierno de mi país haya pagado las vacunas contra el covid-19 al doble de su precio de mercado mediante una negociación secreta, se hayan comprado 2 aviones Hércules españoles por 21 millones de dólares que son mera chatarra y pasan más en reparaciones que en vuelo y se haya adquirido 10 aviones de guerra en 100 millones de dólares, cuando el valor de mercado de cada unidad multiplicado por seis a mi me suma 60 millones de dólares.
Todo esto está pasando en Uruguay y me preocupa. Pero tal vez lo que más me preocupa y debe preocupar a todos los uruguayos, son las balaceras, los barrios controlados por delincuentes y el récord de homicidios –algunos de ellos de niños–, así como los cuerpos calcinados y horriblemente mutilados. Esta emergencia en materia de inseguridad es denunciada cotidianamente por los vecinos de los barrios más humildes, algunos de los cuales, como en el caso de los habitantes de Bella Italia, anunciaron que se mudarán porque ya no soportan los tiroteos, las rapiñas y los robos que padecen.
Ahora, hay que tolerar la falta de respeto de la derecha, que acusa a la oposición de “traidora” por no compartir la postura del Gobierno con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, y hasta que se tilde al Frente Amplio de falta de vocación democrática.
¿Realmente el Partido Colorado se cree con autoridad para formular tal imputación, pese a ser el responsable de todos los golpes de Estado de nuestra historia y haber perpetrado fraudes electorales en las escandalosas elecciones de 1971, en las cuales el caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate fue estafado, y en la de 1984, convocada por la dictadura, cuando fue electo presidente Julio María Sanguinetti, con Wilson preso, Líber Seregni proscripto y miles de presos políticos?
¿Realmente el Partido Nacional tiene autoridad para emitir tales acusaciones cuando, al igual que el Partido Colorado, colaboró con la dictadura cívico militar, con más de dos centenares de sus cuadros políticos en cargos de confianza incluyendo a Aparicio Méndez, quien fue un dictador títere de los uniformados?
¿Realmente Cabildo Abierto se cree con derecho a cuestionar al Frente Amplio, tratándose de un partido militar que aglutina en sus filas a exrepresores, que justifica la dictadura y tiene como líder a un general retirado que revistó durante siete años en un ejército golpista?
Estas conductas son incalificables, tomando en cuenta, además, que este Gobierno jamás fustigó a la dictadora peruana Dina Boluarte, que usurpa el cargo de presidenta luego del golpe de Estado parlamentario que derrocó al presidente constitucional Pedro Castillo, jamás cuestionó a la autocracia china porque no le conviene comercialmente, jamás fustigó a las monarquías autoritarias de Oriente Medio que violan groseramente los derechos humanos y jamás condenó el genocidio que está perpetrando Israel en la Franja de Gaza, donde ya asesinó a 35.000 personas.
La derecha no tiene autoridad moral para darle lecciones de democracia a nadie y menos a la izquierda, que padeció, durante las dictadura liberticida, una cruda represión, con miles de presos políticos, muertos, dos centenares de desaparecidos, tortura, cárcel y exilio.
