El gobierno vulnera la autonomía de la Fiscalía

Los agravios y presiones han sido recurrentes desde 2020, cuando el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos y Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el desafuero del senador cabildante Guido Manini Ríos, por haber perpetrado el delito de “omisión”, cuando era comandante en jefe del Ejército, al no informar en torno a las confesiones del abominable criminal José “Nino” Gavazzo ante un tribunal militar de honor.

Naturalmente, el oficialismo cerró filas y blindó con sus votos al legislador, quien quedó impune, en usufructo de la indebida inmunidad que le otorga su condición de curul, que, paradójicamente, vulnera el principio consagrado por el artículo 8 de la Constitución de la República que establece, a texto expreso, que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

¿Qué talento o virtud especial tienen los parlamentarios para estar exentos de toda imputación penal, salvo que se levanten sus fueros o sean expulsados del cuerpo legislativo mediante un juicio político?

La inmunidad parlamentaria debería ser eliminada mediante una reforma constitucional, para que, de una buena vez, todos seamos iguales ante la ley.

Empero, a partir de ese episodio, Cabildo Abierto, un partido mayoritariamente integrado por militares, algunos de ellos sospechados de represores y de haber perpetrado eventuales violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y por reconocidos fascistas, emprendieron una furibunda ofensiva contra la Fiscalía de Corte e incluso contra los jueces, por el procesamiento de notorios criminales uniformados.

En primera instancia, el blanco de estos hostigamientos fue el fiscal de Corte Jorge Díaz, a quien tildaron de izquierdista y de actuar con falta de ecuanimidad.

Empero, luego de consumada su renuncia anticipada, los ataques se centraron en el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, reclamando su renuncia o bien su sustitución.

En este caso también se acusó a Gómez de izquierdista y de falta de parcialidad, pese a que este ejemplar magistrado, en diciembre de 2013, cuando ejercía como fiscal de Crimen Organizado, imputó al exministro Fernando Lorenzo y al expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por presunto “abuso de funciones”, con relación al otorgamiento de un aval bancario en el marco del caso Pluna. Ambos jerarcas frenteamplistas fueron procesados. Por entonces, el fiscal de Corte ya era Jorge Díaz.

Incluso, también durante su mandato, fueron procesados el exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, y el exdiputado Daniel Placeres.

Por ende, sólo un cínico que apele estratégicamente a la desmemoria de los uruguayos puede afirmar que ambos profesionales fueron funcionales al Frente Amplio, que como fuerza política jamás cuestionó las imputaciones, más allá de discrepar con ellas.

Obviamente, actuaron con un talante radicalmente diferente al de la exfiscal y hoy militante blanca Gabriela Fossati, quien dispuso el procesamiento, mediante un juicio abreviado, del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, por su pertenencia a una organización delictiva que se dedicaba a falsificar pasaportes, pero obvió otros delitos. Con ese procedimiento blindó la responsabilidad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien permitió que este criminal operara impunemente desde su despacho del cuarto piso de la Torre Ejecutiva.

Empero, no fue solamente Cabildo Abierto el protagonista de los ataques contra la Fiscalía. En efecto, a esa ofensiva se sumó también el Partido Nacional, a través de algunos de sus más notorios amanuenses, como la senadora Graciela Bianchi y su colega Sebastián Da Silva, entre otros.

Según estos dos esperpentos, que actúan con la impunidad que le confieren sus fueros para presionar fiscales, jueces y hasta periodistas, la Fiscalía actúa con lentitud en causas penales que presuntamente involucran a exjerarcas frenteamplistas, y con celeridad cuando se trata de casos de corrupción que implican a funcionarios del actual gobierno.

A esa andanada de reclamo se sumó recientemente el expresidente del directorio de Antel y precandidato colorado Gabriel Gurméndez, quien fue el promotor de la denuncia penal contra la intendenta de Montevideo y precandidata frenteamplista, Carolina Cosse, por supuestas irregularidades en el proceso de construcción del estadio multipropósito Antel Arena.

Naturalmente, tanto a Gurméndez como a otros derechistas les molesta que se avance con mayor celeridad en la investigación del grave caso de corrupción vinculado al otorgamiento, por parte del Gobierno, de un pasaporte ilegal al narco Sebastián Marset.

A nuestro juicio, el cúmulo de evidencias que implican a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, y particularmente al propio presidente de la República, ameritaría un trámite bastante más fluido de este caso, que tiene dos causas abiertas. Incluso, sería menester acelerar las actuaciones vinculadas a las fechorías de Alejandro Astesiano, quien operó bajo el paraguas del presidente.

El quebranto de salud del fiscal de Corte, Juan Gómez, que permanecerá en usufructo de licencia médica por lo menos un mes más, agitó nuevamente la colmena de avispas multicolores.

Mientras la fiscal Mónica Ferraro, que parece ser del paladar del oficialismo, sigue ejerciendo la suplencia de Gómez, se han multiplicado las lucubraciones y estrategias con el propósito de desplazar al magistrado que está actualmente convaleciente.

No puede haber actitud más carroñera que operar políticamente mientras Gómez está afectado en su salud. El objetivo es reemplazarlo cueste lo que cueste, aunque la derecha tiene claro que no es posible designar un nuevo funcionario para ocupar ese cargo sin los votos del Frente Amplio, porque se requieren mayorías parlamentarias especiales.

Otra iniciativa, también ominosa y malintencionada, sería conformar un triunvirato que tenga a su cargo la gestión de la Fiscalía, que, por su matemática numérica, sería una dirección política con mayoría derechista.

Ahora, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, lanzó la iniciativa de convocar al Consejo Honorario de Instrucciones Generales, a los efectos de “impulsar algunos ajustes” en lo que refiere a las pautas generales de actuación de los fiscales.

En ese contexto, la explícita alusión a los juicios abreviados, la calificación jurídica de los hechos por los que se va a acordar y los “emplazamientos sin fecha” son meros pretextos para maniatar a los fiscales en el libre ejercicio de sus actuaciones.

No en vano, en la ley de presupuesto quinquenal aprobada en 2020, el Gobierno realizó modificaciones en la integración del consejo de marras, eliminando la representación de la Universidad de la República y la sociedad civil por la que participaba el Colegio de Abogados y agregando un nuevo integrante del Poder Ejecutivo, para que la opinión de este sea determinante en la toma de decisiones.

Esta convocatoria es una mera cortina de humo que claramente oculta otros propósitos. En efecto, el oficialismo está muy molesto por las diferencias existentes entre el número de homicidios registrados por la Fiscalía y el informe trucho presentado por el Ministerio del Interior, que se ha transformado en un especialista en materia de maquillaje de cifras y en una máquina de mentir, con el propósito de encubrir su deficiente gestión en el combate a la delincuencia y la emergencia nacional que azota al país en materia de inseguridad.