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Columnas de opinión | abuso de poder | trabajadores |

No hay derecho

Entre el grosero abuso de poder y la impunidad

Todo hace indicar que el abuso de poder de este Gobierno visceralmente antiobrero no tiene límites.

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En efecto, a la reciente represión policial y abuso de poder contra los trabajadores pesqueros se sumó la confirmación del espionaje al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, por parte del convicto excustodio presidencial Alejandro Astesiano, práctica antidemocrática propia de una dictadura, de la cual estaba enterado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El maltrato a los trabajadores en un incidente con heridos, en el cual abundaron el apaleamiento y las balas de goma, es, sin dudas, un resabio del pachecato autoritario y liberticida que precedió a la barbarie autoritaria y directa consecuencia de la rígida aplicación de la inconstitucional LUC.

Este episodio, que exhumó fantasmas de un pasado de espanto, se suscitó durante una manifestación pacífica de obreros. Por supuesto, este irracional desborde de violencia se origina en una Policía frustrada, traumada y desbordada por la delincuencia. El responsable de este repudiable episodio es el Ministerio del Interior, mando político a cuyo cargo está la ejecución de las políticas gubernamentales en materia de seguridad.

En la oportunidad, las fuerzas represivas cargaron contra un grupo de obreros que estaban apostados frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quienes golpearon. También dispararon balas de goma, hiriendo, entre otros, al sindicalista de la educación privada Sergio Sommaruga y a un camarógrafo de Canal 4. Si bien los trabajadores no habrían respetado el acuerdo de liberar media calzada al tránsito, la respuesta policial fue a todas luces desproporcionada.

Aunque las balas de goma son definidas como munición no letal, disparadas a corta distancia pueden provocar graves contusiones y hematomas, y si alcanzan un órgano vital, la lesión puede ser aún más grave. El problema es que, como estas municiones son redondas, es virtualmente imposible calcular sus trayectorias, que son aleatorias. En efecto, no son meras balas de fogueo. Son armas que se usan para reprimir, recurrentemente utilizadas por todas las fuerzas represivas “antidisturbios” del planeta.

La manifestación pacífica acompañaba a una delegación gremial que participó en una tripartita con representantes del MTSS y empresarios, a los efectos de avanzar en las negociaciones por los Consejos de Salarios. El reclamo sindical es por la virtual paralización de la flota pesquera y los numerosos obreros que están en el seguro de desempleo, cuyas familias están padeciendo acuciantes necesidades. La dramática situación afecta a unos 2.000 trabajadores,

Alexis Pintos, dirigente de la Intergremial Marítima, denunció que los trabajadores “recibieron una represión crudísima de la Policía. Nosotros estábamos ejerciendo el derecho a manifestarnos. Hay compañeros lastimados, golpeados por palos, balas de goma. Fue una situación muy compleja. Además de trabajadores de la Intergremial Marítima había representantes de otros sindicatos. Incluso fue herido un dirigente del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt. Vinieron a tirar sin medir a quién”.

Este no es un episodio aislado de violencia policial, ya que, en los últimos cuatro años, se han denunciado más de un centenar de casos de abuso de poder a los cuales nos hemos referido en columnas anteriores, que incluyeron maltratos, detenciones arbitrarias, homicidios e incluso violaciones, como en el caso de las dos mujeres vejadas, en febrero de 2022, por funcionarios de la Guardia Republicana, en el barrio Paso Molino.

Empero, la semana pasada nos tenía reservada otra “perlita” de este Gobierno, la cual también constituye un incuestionable testimonio de prepotencia que raya lo delictivo, cuya víctima también fue un trabajador: el presidente del Pit.Cnt, Marcelo Abdala. En efecto, a través de chats a los cuales accedieron dos publicaciones escritas, se pudo confirmar fehacientemente un hecho de inusitada gravedad que está bajo investigación de la Fiscalía: el espionaje al máximo referente de la central obrera.

Este trabajo sucio estuvo a cargo del convicto exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, quien encabezó un operativo de seguimiento a Marcelo Abdala, intentando involucrarlo, sin éxito, a una boca de droga de Ciudad Vieja. De los mensajes emanados de la pesquisa se infiere que el operativo fue real y, lo que es más grave, contó con el visto bueno del propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien se dio por enterado y respondió con un lacónico “perfecto”.

Empero, cuando el mandatario fue entrevistado por la prensa, la corrección fue peor que el soneto. En efecto, Lacalle Pou no pudo negar la veracidad de lo sucedido. Sin embargo, afirmó que la información no fue usada contra el dirigente sindical. Es decir, confirmó la operación de seguimiento y espionaje, lo cual es de una extrema gravedad. Incluso desafió a todos anunciando que no tiene problemas en comparecer, si es menester, ante la Justicia, porque obviamente no lo explicitó sabe que está penalmente blindado por su investidura.

Por supuesto, el hecho originó reacciones, con el movimiento sindical y el Frente Amplio repudiando lo sucedido y exigiendo explicaciones y el oficialismo justificando lo injustificable y criticando la publicación de los chats en lugar de cuestionar su contenido.

Naturalmente, la confirmación de que Marcelo Abdala fue espiado con el propósito de “matarlo” políticamente, como lo expresa el propio Astesiano en los mensajes, se suma al espionaje practicado contra los legisladores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, quienes fueron víctimas de un operativo similar, también coordinado por el convicto excustodio presidencial, con el propósito de presionarlos para que depusieran su actitud de denunciar la entrega del Puerto de Montevideo a una multinacional belga.

Aunque aún se ignora quién contrató los servicios de una empresa privada para espiar a ambos parlamentarios, el hecho tiene ya una consecuencia penal, con la imputación, por parte de la fiscal Sabrina Flores, al exgerente local de la empresa de seguridad Vertical Skies, Marcelo Acuña.

La confirmación de que ambos legisladores eran espiados con la participación de Astesiano constituye un antecedente gravísimo que nos retrotrae a los tiempos de la dictadura y a los cuatro gobiernos de derecha de la posdictadura, aunque algunos hallazgos de los archivos de los servicios de inteligencia estatal parecen confirmar que los seguimientos, escuchas telefónicas e infiltraciones en partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales datan por lo menos de 1968, durante el gobierno del mandatario colorado Jorge Pacheco Areco.

La empresa Vertical Skies que no se sabe por encargo de quién espiaba a los parlamentarios tiene su centro de operaciones en Miami, Boca Ratón, Estados Unidos, y es gestionada por un grupo de militares retirados uruguayos.

Según se supo en el marco de las indagatorias relacionadas con el peor caso de corrupción registrado en este Gobierno, el CEO de Vertical Skies y exoficial del Ejército, Mario Javier Panizza Márquez, le habría entregado 1500 dólares al criminal Astesiano para que éste le facilitara las fichas de Carrera y Bergara, con el propósito de “presionarlos”. Aunque el excustodio afirmó que jamás cumplió con la solicitud, lo cierto es que recibió el dinero por “el favor”, depositado en una cuenta bancaria a su nombre.

Empero, esta empresa, fundada en 2019, tuvo otros negocios lucrativos con el Gobierno uruguayo que ahora están bajo investigación, cuyo intermediario fue el mafioso blanco Alejandro Astesiano, como la participación en licitaciones presuntamente amañadas y cuantiosas compras estatales.

Este Gobierno, que es corrupto por donde se le mire, exhumó algunas prácticas del pasado rayanas en el delito que creíamos ya desterradas: el grosero abuso de poder, la vulneración de derechos y la impunidad institucionalizada, características de una dictadura.

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