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Humo blanco en Gas Sayago

Mayo se nos fue con otro papelón blanco. El fiscal Luis Pacheco archivó la investigación sobre Gas Sayago por no haber hallado elementos “que impliquen reproche desde el punto de vista penal”. O sea que, luego de una larga y exhaustiva investigación, solo encontraron humo blanco.

El fiscal argumentó: “No surge de autos que los funcionarios públicos indagados hubieran incurrido en actos arbitrarios -formal o sustancialmente contrarios a las normas que regulan el ámbito de la actividad funcional-, persiguiendo además una deliberada finalidad de causar perjuicio a la Administración o a los particulares”.

La denuncia sobre irregularidades fue presentada por UTE con el respaldo del informe de una auditoría externa. Poco después, Ancap también se sumó como denunciante.

Si bien es cierto que se cometieron gruesos errores que hicieron perder muchísimo dinero, el afán del actual gobierno de denostar al anterior fue demasiado obvio, no siendo esa la única auditoría con resultado fallido. Quizá la más trascendente por sus resultados fue la realizada al Mides, donde se halló “café vencido”.

En octubre de 2020, UTE contrató a la empresa Price Waterhouse Cooper, la que en su informe aclaró que “los procedimientos llevados a cabo no constituyen un examen de auditoría realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, ni podrán ser entendidos como tales”. En la segunda página agregó que su trabajo “fue efectuado siguiendo las instrucciones de nuestro cliente (UTE) y para el beneficio y uso exclusivo del mismo”, señalando que tuvo “algunas limitaciones” debido a que no recibió parte de la información solicitada. Faltó decir que los intereses de su cliente eran meramente políticos y no administrativos.

La falta de seriedad fue tal que en el informe se denunció que Gas Sayago incurrió en gastos por 110 dólares por “membresía piano”, o sea, gastos en clases de piano, cuando la factura correspondiente no decía “Piano”, sino “Pianc”, y se refería a la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático.

Las mediocridades salen caras; porque todas las auditorías se pagaron, obviamente, con dinero público y fueron 300.000 dólares lo que costó la auditoría. ¿Para qué? Para nada; pero no les importa que fallaran en su objetivo; en la opinión pública quedó sembrada la idea de que algo turbio hubo.

“Miente, miente, que algo queda”, dice una frase atribuida erróneamente a Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler, pero que Plutarco la atribuía a Medion de Larisa, que cinco siglos atrás fuera consejero de Alejandro Magno. Este “ordenaba a sus secuaces que sembraran confiadamente la calumnia, que mordieran con ella, diciéndoles que cuando la gente hubiera curado su llaga, siempre quedaría la cicatriz”.

Como sea, este gobierno ha repartido fortunas entre correligionarios, amigos y familiares, mediante licitaciones sospechosas (caso de las ganadas por la fundación A Ganar o la compra de 55 vehículos todo terreno por parte del Ministerio del Interior a la empresa Ayax, dirigida por un amigo de la infancia del presidente), sin licitación (caso del contrato con el hotel de la familia de la nacionalista Verónica Alonso), con empresas cuasi fantasmas (caso de Kirma Services, por el Ministerio de Turismo), con adjudicaciones a consorcios inexistentes (caso de la empresa brasileña Cleartech y la uruguaya Cietel para administrar la base de datos de telefonía móvil) o por medio del encargo de auditorías para buscar algo con qué atacar a la administración anterior. Una de ellas fue encargada a Marcelo Caiafa, de la empresa Ecovis, quien se ha manifestado por Twitter “orgulloso de ser blanco”. Y ni hablar de la empresa abierta por Astesiano, jefe del servicio de seguridad presidencial, una semana después de que Lacalle Pou asumiera la presidencia.

Son tan mediocres que son un chiste tragicómico que se cuenta solo. Compraron los ultrafreezers luego de que Pfizer y BioNT anunciaran que su vacuna ya no necesitaría refrigeración de ultra baja temperatura.

Ancap

La periodista Georgina Mayo reveló en Caras y Caretas que el pliego licitatorio para la privatización o asociación de la industria del portland fue publicado después de las visitas de Lugano al edificio de Ancap.

“Pocos días antes de la publicación del pliego licitatorio para la privatización de la industria del portland, uno de los propietarios de la empresa cementera Charrúa, el excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano, concurrió varias veces al despacho del directorio de Ancap, procurando que no se difundiera su presencia en la sede del ente petrolero.”

El proyecto asociativo requiere de un debate parlamentario y una ley específica; pero no pasó por el Parlamento. Como suele hacer este gobierno, el trámite fue fulminante, sin dar oportunidad de analizar a fondo los alcances, y el plazo excesivo: 40 años prorrogable seis veces por diez años; o sea, por un siglo.

Para colmo, y como también suele hacer este gobierno, es el privado el que se lleva la parte del león. Lo que se entrega es la explotación de la piedra caliza, recurso natural valuado en 10.000 millones de dólares.

ASSE

Pese a todo, la fiesta sigue.

El periodista Eduardo Preve informó desde M24 que la directora administrativa de la Red de Atención Primaria de Artigas, Daniela Márquez, denunció a la coordinadora de la regional norte de ASSE, Carla Rodríguez de Almeida, por haber ordenado a un médico recolectar apoyos durante su horario laboral para las elecciones juveniles del Partido Nacional en octubre de 2022 y beneficiar a la agrupación política de la diputada Valentina dos Santos y el intendente Pablo Caram.

Algunas grabaciones de conversaciones que se han viralizado demuestran que la diputada Valentina dos Santos habría gestionado la contratación directa de una militante blanca para ASSE. De tales audios surge que Rodríguez de Almeida ordenó con amenazas a una funcionaria cancelar el llamado para la contratación de auxiliares de enfermería en las policlínicas de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro, ya que un concurso le impediría “direccionar” las contrataciones a “gente que laburó conmigo” en el Partido Nacional.

En la denuncia presentada el 23 de mayo a la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE, Daniela Márquez señala con respecto a Rodríguez de Almeida: “Todo lo que hace es en función de sus intereses; está haciendo política partidaria con la RAP de Artigas, conjuntamente con la diputada Valentina dos Santos”.

También trascendió que Rodríguez de Almeida percibe dos sueldos en ASSE, uno como médica rural y otro por su cargo jerárquico, sumando 300.000 pesos mensuales. Sin embargo, no estaría cumpliendo con sus funciones como médica rural y realizaría múltiples certificaciones a distancia, sin viajar a la zona correspondiente.

¿Blancos usando los recursos del Estado para hacer proselitismo? Naaah… Debe ser un error, Daniela.

UTE Y ANEP

Tal cual informara el semanario Búsqueda, tres empresas cuestionaron la transparencia y falta de buena fe durante una licitación de UTE. El organismo hizo un llamado en agosto de 2022 buscando un adjudicatario que se encargara de la operación y mantenimiento de baterías (en las cuales se almacenaría la energía producida por las fuentes renovables que no se utiliza) y el software para controlarlas. Ganó la oferta más cara.

Por su parte, el periodista Lucas Silva destapó que Ánago Cleaning Systems, una empresa armada por Alejandro Astesiano y otros socios, ganó una licitación en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y dejó adentro a 300 empleados en 2021. La empresa, al igual que Vertical Skies, tiene sede en Estados Unidos.

Los incumplimientos de la adjudicataria con el BPS y otras irregularidades llegaron al Parlamento y el contrato fue rescindido, dejando a más de 300 trabajadores reclamando haberes atrasados. Ánago fue contratada a través de Corporación Nacional para el Desarrollo para la limpieza de centros educativos, recibiendo unos 10 millones de pesos por año; pero se quedó sin fondos a los tres meses.

A ver, hablamos de otra empresa creada directa o indirectamente por el hombre de confianza de Luis Lacalle Pou para ganar licitaciones con el gobierno de Luis Lacalle Pou. De hecho, Vertical Skies fue abierta en Florida (Estados Unidos) una semana después de la asunción del actual mandatario.

En cualquier país serio el presidente renunciaría o enfrentaría un juicio político.