No solo han aumentado en nuestro país los homicidios, sino que se están incrementando el sadismo y la violencia con que son ejecutados, a tal punto que el hallazgo de un cadáver descuartizado o decapitado no produce la alarma que hubiera producido hace unos años. El narcotráfico avanza por el territorio como una infección y los cabecillas de las bandas buscan marcar territorio apelando a las medidas más sanguinarias.
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Solucionar esto no es fácil para ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha; sin embargo, la soberbia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y su insistencia en catalogar de exitosa su fracasada gestión, es una puñalada en el corazón de los familiares de las víctimas. Podrán continuar maquillando cifras, manipulando la tipificación de delitos (por ejemplo, convirtiendo una rapiña en un hurto), desestimulando denuncias o metiendo en la bolsa de “muertes dudosas” decenas de homicidios; pero no podrán ocultar la realidad, y la realidad nos muestra que nunca estuvimos tan inseguros en democracia.
Tenemos un récord histórico de homicidios y suicidios en las cárceles. A ese lúgubre podio también subimos por otros motivos. Amnistía Internacional alertó a Uruguay sobre las condiciones de reclusión e informó que es el país con mayor tasa de encarcelamiento de América Latina. La cantidad de personas recluidas asciende a 120% de la capacidad de las cárceles, por lo que la organización cataloga el hacinamiento y la insalubridad como graves. A fines de 2022 teníamos 14.497 presos y, aun así, la criminalidad aumenta.
Tenemos 1.034 mujeres recluidas en pésimas condiciones y el número crecerá gracias a la LUC. Dicen que hay 40.000 niños que tienen a la madre o al padre preso. La cifra es equivalente a los niños que nacen en un año. Hay que ajustar las leyes de urgencia porque se dan situaciones de fallos judiciales que, más que injustos, resultan indignantes. A mediados de marzo, en Paysandú, un degenerado de 37 años que violaba a su hija de 5 fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión tras ser denunciado por su expareja. El juicio abreviado tiene algunas ventajas; pero hay que ajustar la normativa porque permite infamias como esta, en la que un criminal que arruina la vida a su propia hija y a la madre va dos años menos a la cárcel que una mujer que intentó ingresar unos gramos de marihuana a un penal.
Dona Samer Fleitas, madre de cuatro hijos, fue condenada en 2021 a cuatro años de cárcel por llevar 56 gramos de marihuana al ex Comcar. Negra, pobre y prostituta, tenía todo para perder. Su madre murió cuando ella tenía 6 años, y a partir de ahí sufrió todo el abandono de una sociedad hipócrita y cruel. Como bien dijo Victoria Fernández en Búsqueda, Dona pasó de la calle al Mides, de un romance de “pendeja” a la cárcel, y de luchar por años a perderlo todo por “una estupidez”.
Cuatro años para ella y poco más de la mitad para el violador de su propia hija. Dona tuvo casi la misma pena que Astesiano, pese a que este, aparte de tener antecedentes, cometió múltiples delitos.
Tenían mucha urgencia por imponer leyes para defender la propiedad privada y el lavado de dinero; pero no los veo tan urgidos por solucionar injusticias como esta.
No podemos desligar este tema del tema de la pobreza. El INE informa que en 2022 la pobreza descendió por segundo año consecutivo, a 9,9%. Los datos permitieron a los voceros del gobierno dar una buena noticia entre tantas malas; sin embargo, llama la atención que esta vez no comparen las cifras de 2022 con 2019, como suelen hacer. Es que no les conviene.
La pobreza descendió de 2004 a 2017, año que marcó un histórico mínimo de 7,9%. Subió a 8,1% en 2018, 8,8% en 2019 y alcanzó el pico máximo en 2020, cuando llegó a 11,6%. En 2021 alcanzó 10,6% y en 2022 llegó a 9,9%.
Es innegable la incidencia de la pandemia; pero también es innegable que las políticas recesivas del gobierno han incrementado el número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Recordemos que Uruguay fue uno de los países que invirtió menos (en proporción a su PBI) para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia en la población más vulnerable.
Para decirlo claramente, este informe, que se muestra como un logro, si bien es una buena noticia, deja en claro que con el herrerismo se vive peor porque su prioridad no son los más débiles, sino los más poderosos. Las estadísticas suelen ser mentirosas. Los porcentajes exhibidos dicen que los niños pobres disminuyeron un tanto por ciento, pero ocultan que la cantidad absoluta de niños pobres no para de crecer.
Si algo desvela a los dirigentes del Partido Nacional es cómo lograr meter más correligionarios y familiares a currar a expensas del Estado, saltándose concursos y sorteos. Podríamos citar infinidad de ejemplos para fundamentar semejante acusación; pero ya lo hemos hecho en varias notas, por lo que nos limitaremos a sumar un caso nuevo. El diputado departamental por el Frente Amplio Carlos Rodríguez está investigando el ingreso de militantes políticos a las cuadrillas de OSE en Florida. Cuando en octubre de 2021 la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) elevó al directorio un documento titulado “Contrataciones irregulares, abuso de poder y clientelismo”, el organismo inició una investigación, pero no para detectar irregularidades, sino para conocer las fuentes de la información publicada por Búsqueda y Caras y Caretas.
Al parecer, continúan en la misma.
Mientras los directivos de Movistar celebran que su exjefa de Relaciones Institucionales, Mercedes Aramendía, esté hoy al frente de la Ursec, haciéndoles millonarios favores, Dona sigue presa y llorando por sus hijos.
Mientras los medios hegemónicos de desinformación continúan ignorando la noticia que recorre Argentina (de que Pablo Iturralde, presidente del Directorio del Partido Nacional, estaría amparando al prófugo Pepín Rodríguez Simón), Dona sigue presa.
Mientras los directivos de UTE continúan esperando el dron negociado a un precio exorbitante con los delincuentes de Vertical Skies tras la mediación del blanco Alejandro Astesiano, Dona sigue presa.
Mientras Martín Lema criminaliza a las familias que organizan ollas populares para justificar la adjudicación de varios millones de pesos a la empresa Ble Boulangerie SRL para proveer al Mides de cientos de miles de viandas, Dona sigue presa.
Recordemos que el padre de Fernando Aparicio Rachetti (a quien pertenece esta empresa) es socio del marido de Beatriz Argimón, Jorge Fernández Reyes, en el estudio Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti.
Al Partido Nacional no le interesa investigar si el senador Gustavo Penadés es o no un pedófilo, como ha denunciado la supuesta víctima y militante de su partido Romina Celeste.
Eso sí, les indigna que una profesora de secundaria se sume al baile con unos alumnos de secundaria en el patio de un liceo. La senadora Graciela Bianchi, demostrando una vez más que está absolutamente desquiciada, ha dicho que tiene grabaciones sobre ella.
A mí me encantó verla bailar, ganándose el cariño de los alumnos. Bienvenida la música, bienvenido el baile, bienvenido el humor.
Tenemos que educar para el amor y la alegría; cuando queramos educar para el odio y el resentimiento, tendremos que poner a Bianchi como ministra de Educación y Cultura, porque de eso sabe, y mucho.
Al fin y al cabo, tanto Graciela Bianchi como Sebastián da Silva, Nacho Álvarez, Orlando Petinatti, Romina Celeste y Gustavo Penadés representan fielmente al herrerismo.
Qué no hubiera dado Adolfo Hitler por tenerlos en sus filas.
Esto huele cada vez peor. Lacalle Pou mintió una vez más al decir que lo que le llegaba por valija diplomática era solo pescado. No importa si en el resto de las cajas venían dátiles o condones; el hecho es que mintió por quincuagésima vez, lo que le quita el derecho a quejarse si la gente desconfía. La llamada “valija diplomática” no está para hacer importaciones. Si no hace las cosas bien, a callar frente a las críticas.
Hubo un tiempo, no hace mucho, en que Uruguay fue cristalino.