Inseguridad: más represión para maquillar fracaso

Incluso, también están en tela de juicio los robos y las rapiñas, subregistradas por la dificultad que entraña tramitar las denuncias ante las seccionales policiales que no atienden los teléfonos y someten a los denunciantes a largas esperas. En muchos casos, ante delitos menores y sin violencia, los damnificados optan por no reportar los ilícitos.

En ese marco, las propias estadísticas cuestionan el discurso triunfalista del Gobierno ya que, a excepción de Montevideo y Canelones, en los 17 restantes departamentos del país se registra un crecimiento de los hurtos y las rapiñas.

En efecto, en el interior, salvo en Canelones, los hurtos crecieron un 8 % en 2022. Algunos ejemplos de esta tendencia son: Tacuarembó (69 %), Soriano (48 %), Río Negro (45,5 %), Maldonado (11,5 %), Colonia (11,5 %) y Flores (17 %).

Otro tanto sucedió en con las rapiñas en el interior, también en 2022, con un incremento del 10 %. En tal sentido, el número de denuncias es contundente: Tacuarembó (69 %), Rivera (20 %), Salto (17 %), Colonia (25 %), Florida (40 %) y Soriano (74 %). Como todas las cifras son oficiales, nadie puede endilgarle la responsabilidad a la oposición o alguna otra fuente que eventualmente pudiera estar interesada en perjudicar al Gobierno.

Ese es el patético panorama que presenta el país en materia de seguridad, pese a que la administración encabezada por Luis Lacalle Pou prometió –con inocultable demagogia– que durante su gestión los uruguayos podrían volver a sentirse seguros. Por supuesto, sucedió todo lo contrario. Como en el caso de otras promesas incumplidas, la mentira se cae a pedazos y la realidad cotidiana, así como la percepción de la ciudadanía registrada en todas las encuestas, no sintoniza con los guarismos oficiales.

Más allá de las fallidas estrategias represivas del Gobierno, que no contemplan otras dimensiones del delito, cuya génesis es multicausal, es claro que el hoy exministro del Interior y actual senador, Luis Alberto Heber, carecía de idoneidad para el desempeño de su cargo y no era respetado por muchos de sus subalternos.

No en vano, se registraron numerosos casos de corrupción policial y la plana mayor de la Policía fue virtualmente descabezada a raíz de las graves implicancias de algunos de sus miembros con las prácticas delictivas del preso excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Incluso, tres funcionarios policiales participaron en la trama armada para identificar a los testigos del caso Penadés, operativo que era encabezado por el director de ex-Comcar, Carlos Darwin Tarocco, una persona de confianza de esta administración.

También es insoslayable resaltar las comprobadas incursiones en el sistema Guardián de escuchas telefónicas por parte de personas no autorizadas, que ha sido violado impunemente sin que el mando político del Ministerio del Interior se enterara.

Ahora, como estrategia electoral, vuelven al ataque y proponen una medida que ya naufragó en las urnas: la autorización para realizar allanamientos nocturnos, que es abiertamente inconstitucional y que no tiene consenso ni siquiera dentro de la fuerza policial, porque expondría a los efectivos a mayores riesgos de vida, ya que la delincuencia se mueve mejor que los uniformados en un horario en el cual está acostumbrada a operar.

Además, sería inviable, por razones obviamente cuantitativas, que un magistrado acompañe a la Policía en cada allanamiento, a los efectos de garantizar la transparencia del procedimiento.

Si la inteligencia policial funcionara adecuadamente, los puntos de distribución de droga serían identificados con mayor facilidad y se haría innecesario apelar a esta estrategia, que tiene muy malos recuerdos para los uruguayos.

Incluso, atribuir la inseguridad únicamente al narcotráfico, naturalmente en su versión micro, es un pensamiento meramente reduccionista. En efecto, hay una dimensión social insoslayable que no debería ser obviada, ya que la mayoría de la fuerza de trabajo reclutada por la mafia de la droga procede de la población más vulnerable, en un país que tiene más de 350.000 personas viviendo bajo la línea de pobreza.

“El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo por orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”, expresa elocuentemente el artículo 11 de la Constitución, cuya modificación será plebiscitada en octubre de 2024. La ley interpretativa que posibilitará este mecanismo fue votada por 71 curules en el ámbito de la Asamblea General, pese a que requería un mínimo de 52, que son los dos quintos del cuerpo legislativo bicameral.

La iniciativa fue acompañada por toda la bancada de la coalición multicolor, integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente y también por el Partido Ecologista Radical Intransigente.

Esta ley constitucional, que deberá ser refrendada en las urnas, apunta a reinterpretar el concepto de hogar, con el propósito de golpear al narcotráfico en su versión micro donde más le duele. En efecto, según el texto propuesto, todo lo que queda fuera de la definición de hogar podría ser allanado, tanto en horario diurno como nocturno, con la presencia del magistrado competente. Se trata de una lucubración muy enrevesada, que para nada contempla el contexto ni las singularidades de la situación.

La bancada del Frente Amplio no acompañó la iniciativa. Sobre el particular, el senador Charles Carrera consideró que esta propuesta es una nueva excusa para justificar el estrepitoso fracaso del gobierno en materia de seguridad.

Sin embargo, la objeción más contundente partió desde la Academia. Al respecto, Germán Aller, experto de la cátedra de Derecho Penal de la Udelar, declaró a la prensa que incluso en los países donde los allanamientos nocturnos son legales, se opta por otras soluciones menos complejas ya que, en la hipótesis de un tiroteo, el riesgo es el denominado “fuego amigo”. Esa contingencia es habitual en horas de la noche, porque la escasa visual dificulta a los eventuales tiradores –en este caso policías– la identificación del blanco. Incluso, la ausencia de luz puede derivar en una tragedia, si una bala perdida alcanza a una tercera persona que nada tiene que ver con el conflicto, por el mero hecho de residir en el lugar.

Si se aprobara esta propuesta, que fue una herramienta represiva habitual durante el gobierno autoritario y el régimen criminal encabezado por el mandatario colorado Jorge Pacheco Areco, la pregunta es: ¿habrá allanamientos nocturnos en los barrios privados –donde viven los narcos ricos pertenecientes a la élite social y con contactos políticos, quienes “exportan” toneladas de estupefacientes a Europa a través del colador portuario– o los procedimientos policiales sólo se concentrarán, como siempre, en las zonas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad social, donde opera a su antojo el narcotráfico al menudeo?