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asamblea general

Este lunes quedará instalada la comisión investigadora para el caso Cardama

La comisión sobre el caso Cardama tendrá un plazo de seis meses para estudiar los antecedentes que llevaron a la firma del acuerdo con la empresa española.

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Este lunes se reúne la Asamblea General para dejar instalada la comisión bicameral investigadora del caso Cardama. Su creación fue acordada el pasado viernes tras intensas negociaciones entre el Frente Amplio (FA) y los partidos de la oposición.

Tendrá un plazo de seis meses para estudiar todas las instancias del acuerdo entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.

La comisión estará integrada por 17 miembros, nueve del Frente Amplio y ocho de la oposición, en la que estarán representados todos los partidos políticos. La presidencia estará a cargo de la oposición. Contará con un plazo de actuación de seis meses e investigará desde 2010 a la fecha.

Rescisión con Cardama

El pasado viernes 13 de febrero el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas OPV—por un valor de US$ 92 millones—tras constatarse "incumplimientos graves" vinculados a las garantías exigidas en el acuerdo. La decisión fue comunicada en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, donde también intervino el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

“Si tuviéramos que definir de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la seguridad nacional [...] Es esta una acción que apunta a la necesidad permanente de la transparencia en la gestión pública”, dijo el presidente al inicio de su oratoria, asegurando después que la rescisión "tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determina que el contrato funcione o no”, ya que ninguna cumple con lo establecido en el contrato firmado durante el periodo de Luis Lacalle Pou.

Orsi recordó que el 22 de octubre, se llevó a cabo una conferencia de prensa, tras constatar que la garantía de fiel cumplimiento "no existía, o peor aún, que era un documento falsó", en el entendido de que se trataba de "un hecho grave", algo que después "la propia empresa admitió".

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