Como cuando se lanzó la campaña para habilitar un referéndum destinado a anular la aviesa Ley de Urgente Consideración en plena pandemia, propósito que no se logró en las urnas por escaso margen, esta nueva cruzada nacional, que sumó el esfuerzo del movimiento sindical, de las organizaciones sociales y de las cooperativas, sólo apunta a habilitar una consulta popular que permita a los electores decidir sobre su destino.
Por supuesto, este recurso legal de soberanía directa contribuirá a un amplio y fermental debate, que pondrá en tela de juicio, como en toda democracia que se precie de tal, un conjunto de herramientas jurídicas homologadas mediante un espurio acuerdo político del bloque conservador.
Demostrando un coraje que sólo ostentan quienes hacen de la dignidad una suerte de credo y compromiso, miles de militantes instalaron puestos callejeros, recorrieron barrios, casa por casa, ferias, centros comerciales y ollas populares, en un despliegue territorial que no conoció pausa. Naturalmente, la propaganda mediática fue casi nula, por el alto costo de los espacios y al complejo acceso a los medios audiovisuales.
Con todo en contra, los promotores del recurso lograron igualmente la hazaña de reunir muchas más firmas de las necesarias y así inaugurar un nuevo tiempo de lucha política contra la mentira, el ocultamiento, la hipocresía y la falta de escrúpulos de un oficialismo que reúne, en un mismo arco, a las peores expresiones de la más rancia derecha.
Para quienes vivimos, con intransferible pasión, hace apenas tres años, la patriada que permitió recolectar, en plena pandemia, bastante más de 700.000 firmas destinadas a habilitar un referéndum cuyo propósito era anular la LUC, y para quienes, a fines de la década del ochenta, fuimos protagonistas de la hazaña de lograr que la Ley de Impunidad fuera impugnada, esta epopeya realmente nos conmueve y acaricia el corazón.
Esta nueva pueblada reunió a los viejos militantes sobrevivientes de hace ya tres décadas y a una concientizada nueva generación de jóvenes que se rebela contra la abolición de sus derechos y la esperanza y rechaza el terrorismo verbal de los mezquinos y mentirosos profesionales que contaminan la actividad política.
No bien se conoció la noticia y las papeletas que contienen las rúbricas fueron entregadas en el Palacio Legislativo para su custodia hasta que sean derivadas a la Corte Electoral, el precandidato lacallista Álvaro Delgado saltó como una hiena en postura agresiva, afirmando que el “plebiscito hará colapsar” al sistema de seguridad social. Naturalmente, acusó al Pit-Cnt, al Partido Comunista y el Partido Socialista por haber apoyado la iniciativa, lo cual calificó de “irresponsabilidad”. ¿Por qué le temen tanto al dictamen de las urnas quienes ensayan permanentes gárgaras con la palabra democracia?
Realmente, ¿es irresponsable fijar la edad jubilatoria mínima en 60 años de edad y equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo nacional? ¿Es irresponsable promover la eliminación del lucro en el sistema jubilatorio? Por supuesto, no.
Delgado, al igual que otros socios de la coalición derechista que aprobaron este engendro de ley, saben bien que, si en octubre triunfara el plebiscito que reforme la Constitución de la República y le restituyera los derechos a los trabajadores que esta norma les escamoteó, no habría ningún colapso.
En cambio, si se mantuviera este adefesio, dos de cada tres trabajadores percibirán una pasividad inferior a la que cobrarían en el presente. En efecto, las prestaciones bajarán un 5 % porque se extiende el período de cálculo del monto jubilatorio y porque se elimina la compensación que hoy existe y paga el Banco de Previsión Social, de hasta un 50 % más, para los trabajadores no obligados a afiliarse a las AFAP que se adhirieron a este sistema.
Incluso, el aumento del tiempo de actividad hasta los 65 años de edad, afectará a más de un millón de personas. También serán mutiladas las pensiones por viudez y supervivencia, así como las prestaciones por retiro anticipado ante la hipótesis de invalidez e incapacidad.
Además, todos los trabajadores estarán obligados a afiliarse a una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional en forma compulsiva, a diferencia de lo que sucedía en el pasado cuando, para los mayores de 40 años, la afiliación era voluntaria.
Tal vez el único beneficio para los trabajadores que prevé la reforma previsional aprobada por el bloque oficialista a iniciativa del Gobierno, sea la posibilidad de volver a trabajar luego de acogerse a la jubilación.
Empero, mejor que forzar a los pasivos a volver a la actividad, sería que las jubilaciones crezcan lo suficiente para que ello no fuera necesario. En efecto, no es fácil regresar al mercado laboral en una edad avanzada, compitiendo con jóvenes por la misma porción de mercado. En ese contexto, salvo excepciones, sólo podrían aspirar a empleos de baja calificación y a magros salarios.
Incluso, el otro inconveniente, que no es menor, es que muchas de esas personas padecerían eventualmente patologías propias de su edad, por lo cual crecerían sustantivamente los subsidios por enfermedad, que también financia el sistema de seguridad social.
Retornando a la reflexión del precandidato lacallista Álvaro Delgado, que parece muy preocupado por los 22.000 millones de dólares de ahorros que tienen en sus arcas las AFAP como si fueran propios, pero olvida o se hace el distraído respecto a los 2.500 millones de dólares que debió invertir en 2017 el Estado para pagarle a los cincuentones y tapar el agujero dejado por estas empresas privadas, si prospera la iniciativa del movimiento sindical en las urnas, no habrá ningún colapso ni serán confiscados los dineros de los uruguayos. Además, Delgado obvió que más del 60 % de los primeros jubilados por el sistema mixto reciben de las AFAP pasividades de no más de 3.000 pesos.
El colapso ya lo provocó la derecha con la ruinosa reforma jubilatoria entreguista de 1996, con la crisis de 2002, con esta perversa ley, bajando salarios y jubilaciones, aumentando la pobreza y la indigencia, ingresando por la ventana del Estado a miles de militantes y perpetrando inéditos actos de corrupción.
Esta derecha es especialista en inventar cucos y desastres ficticios. Sin embargo, todos los desastres los provocaron ellos.
Si la clase dominante renunciara a algunos de sus privilegios, la seguridad social se podría financiar, además de con los aportes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado, con mayores gravámenes a la renta de capital y al patrimonio. Ese es el camino que siguieron los países nórdicos, que ostentan el mayor nivel de desarrollo humano.
El Estado es el único garante de que los dineros de los trabajadores estén a buen resguardo, algo imposible de entender para las obtusas y mezquinas mentalidades de la derecha y para la oligarquía rapiñera, que se enriquece cada vez más, mientras 350.000 compatriotas viven bajo la línea de pobreza.
