Desde la restauración democrática, el sistema político se puso de acuerdo –explícita o implícitamente– en algunas cuestiones básicas como la reconstrucción de la convivencia democrática, reencontrándose con el sesgo y el pulso liberal que anida en la sociedad uruguaya.
Esa reconstrucción –diferencias que conviven sin dinamitar los puentes ni favorecer lógicas que luego son difíciles de desmontar– permitió atravesar diversos problemas como los heredados de 12 años de dictadura. No solamente había que atender las demandas por las violaciones a los derechos humanos. Ricardo Pascale, en uno de sus libros, recuerda la herencia económica, la endeble situación de varios bancos y el peso de la deuda externa.
Con idas y venidas, avances y retrocesos, el sistema político fue encontrando mínimos acuerdos consensuados para pasar de un estadio a otro.
Recuérdese que muchas “políticas de Estado” de aquellos años surgieron de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Las grandes líneas se cumplieron, pero no todo fue posible de realizar. Hay documentos interesantes que dibujaban las coincidencias de la hora.
Lo interesante es que la CONAPRO fue un marco y que luego, dentro de ese marco –en las negociaciones, conversaciones sin actas y sin fotos–, se tejieron miles de acuerdos para ir solucionando diversos problemas que iban surgiendo. Si hubo un Pacto del Club Naval –con las tensiones y controversias que se vivieron en esa época– no es menos cierto que hubo centenares de pactos tejidos en la reserva de los estadistas. ¿Qué duda hay de que el Uruguay de la “polarización amable” es hijo de la sucesión de pactos que jalonan la historia política y social del país?
El perfume del consenso
Esa dinámica está en el inconsciente subterráneo de la sociedad uruguaya. Son los “valores” que vertebran nuestra vida. El país de cercanías explicado por Carlos Real de Azúa hoy se expresa en que cada quien tiene hoy el número de WhatsApp de su contrincante o adversario.
Es quizás ese empuje que emerge de los estratos escondidos de la historia uruguaya, que explica que cada tanto se instala la necesidad de lograr acuerdos de políticas de Estado. Hoy, por ejemplo, hay dos temas que buscan esos entendimientos y que están ligados: la seguridad y la infancia.
¿Es un reclamo de la sociedad que haya acuerdos suprapartidarios sobre esos temas? No estoy seguro, aunque si apelo a las corrientes subterráneas del ser nacional, probablemente me encuentre con la respuesta.
El asunto es que hay un conjunto de políticas de Estado –las que duran, las mejores– que no necesitaron negociaciones públicas o fotos de los protagonistas de los acuerdos. Veamos: la política forestal (gobierno de Julio María Sanguinetti) y la Ley de Puertos (gobierno de Luis A. Lacalle) fueron controvertidas en su momento por buena parte de la izquierda. Pero luego, con el Frente Amplio en tres gobiernos consecutivos, no solamente las continuaron sino que las defendieron. En el caso del puerto, tal vez en el proximo gobierno se restablezca la competencia y la soberania.
Hay otros ejemplos, decenas. Lo interesante de todo esto es que esas políticas de Estado se fueron construyendo por capas y, seguro, muchos acuerdos reservados, sin fotos ni declaraciones altisonantes, se tejieron en los corredores del Palacio Legislativo.
Los riesgos de incumplir lo que se firma
En el último gobierno de Tabaré Vázquez y en este de Luis Lacalle Pou, la inseguridad o seguridad fue abordada en un intento de trazar una línea consensuada. Reuniones, documentos y fotos. ¿Qué se avanzó? Poco y nada.
Entonces, se crea el espejismo de que ahora, “que estamos todos juntos”, todo va a ser mejor. Y se engaña a la gente, a la ciudadanía. Y engañar no es gratis. Se construye el escepticismo hacia la dirigencia política y la frustración ciudadana genera la caída de la simpatía hacia la democracia, como se está mostrando en diversos indicadores. O sea: se pierde confianza con los amagues demagógicos.
En Uruguay, las buenas políticas de Estado no están registradas en documentos consensuados ni fotos, ni declaraciones. Se hacen y chau.
Espero que el próximo gobierno –el que sea– no busque una foto de acuerdos macro sobre política de infancia en segmentos pobres. Que se haga y chau. (De paso, si existiere algún distraído: el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta Continua de Hogares, que establece que la pobreza registrada en menores de 6 años es 11,6 veces mayor que la de los adultos mayores de 65, convirtiendo a Uruguay en el país con mayor infantilización de la pobreza en América Latina. Si esta cronicidad no está vinculada con la inseguridad crónica, después me cuentan).
