En efecto, desde el comienzo de este período de gobierno, las tijeras de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, han afectado las finanzas del organismo, lo cual deviene, obviamente, en un resentimiento de los servicios e impacta directamente sobre la población más vulnerable. Ello configura una grave situación económica, cuya consecuencia son las carencias materiales y de recursos humanos.
Esa coyuntura alimenta no sólo la desprotección de menores procedentes de las familias más vulnerables, sino también un significativo aumento de la desigualdad y la pobreza, que afecta con mayor rigor a los menores de edad. En efecto, en estos tramos etarios la pobreza en este período creció tres puntos porcentuales y superó el 20 %.
Al respecto, en el marco de un conversatorio convocado el año pasado por Fundación de la Plaza, el sociólogo Gustavo de Armas, asesor en planeamiento estratégico de la oficina del coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay, presentó el informe titulado “Abatir la pobreza en Uruguay al 2030. Compromiso ético y condición del desarrollo”.
Una de las advertencias que formuló el técnico fue que si bien “Uruguay es el país con el Estado de bienestar más desarrollado de la región”, presenta, con relación a su población, registros de pobreza infantil de una “gravedad extrema”. Incluso, apoyándose en el manual de la Cepal, el expositor afirmó que el porcentaje de pobreza en niños y adolescentes en Uruguay es 33 veces más alto que el de los adultos mayores. Además, el 44 % de la población pobre es menor de 18 años, lo cual no es un tema menor.
Lo realmente irónico es que el asesor del candidato presidencial blanco Álvaro Delgado, el economista Agustín Iturralde, parece tener muy clara la gravedad de la situación. En efecto, en el mismo foro en el que coincidió con de Armas, afirmó que actualmente hay 270.000 uruguayos que, por las características de sus hogares, “son parecidos a los que están por debajo de la línea de pobreza que al resto de la sociedad”. A confesión de parte relevo de pruebas. Se trata de un técnico muy allegado al oficialismo y de extracción nacionalista. La pregunta es: si el problema es tan claro, ¿por qué no se trabajó en este quinquenio para evitar que la pobreza infantil y adolescente se disparara y recién ahora se preocupan por el tema en campaña electoral?
Si el diagnóstico ya era tan contundente, no se explica por qué el INAU dejó de ejecutar 60 millones de dólares en el quinquenio, recursos que fueron devueltos a Rentas Generales. Obviamente se trata de una vieja y engañosa estrategia de la derecha cuando está en el gobierno. Por un lado, asigna recursos presupuestales a las unidades ejecutoras del Estado y, por otro, instruye a esas dependencias para que ejecuten menos de lo presupuestado. En esas circunstancias, el sobrante regresa a las arcas del Estado.
Algo similar sucedió nada menos que con la Administración Nacional de Educación Pública, que también gestiona dineros de los contribuyentes destinados a la educación de los niños y los adolescentes. En tal sentido, la ANEP perdió el 3 % de su presupuesto por recortes, según lo denunciado hace apenas un año por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. En efecto, tomando en referencia a 2019, hasta fines de 2022 la ANEP perdió más de 2.400 millones de pesos, lo cual equivale a 59 millones de dólares. Incluso, al analizarse el nivel de ejecución, el estudio reveló que se perdieron 95 millones de dólares, que naturalmente regresaron a las arcas del gobierno central.
En el caso concreto del INAU, el creciente desfinanciamiento ha devenido no sólo en falta de recursos materiales y humanos calificados, sino también en graves problemas de gestión y planificación y desorden administrativo en la atención de los menores y en el funcionamiento disfuncional de los proyectos educativos destinados a la inserción de la población carenciada.
En tal sentido, la tragedia de la adolescente “amparada” por el organismo en Rivera, quien falleció en instancia de parto por sus paupérrimas condiciones de salud y todo parece indicar que fue abusada sexualmente, no es un mero hecho aislado.
Durante su exposición en el llamado a sala, la senadora frenteamplista Silvia Nane denunció que, según el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el 30 % de las víctimas de explotación sexual en 2022 eran infancias y adolescencias presuntamente bajo “protección” del Estado. Es decir, del INAU. Incluso, el 60 % de los reportados como personas ausentes son menores de edad. ¿Cómo puede racionalmente tolerarse tal aberración sin que se les mueva ni un pelo a las autoridades competentes y, por ende, al Gobierno?
Por sus graves carencias materiales y hasta si se quiere por la ausencia de valores de su hogares de origen, estos niños/as y adolescentes son más propensos a ser captados por la prostitución y por organizaciones dedicadas a la trata de blancas. Sin embargo, la víctima salía sin autorización y nadie se inmutaba. Obviamente, estos locales de acogida estatales no son prisiones, pero cuando el Estado se hace cargo de un interno debe controlarlo y, por ende, protegerlo. Es su deber y obligación legal. La actitud prescindente es una grave omisión, que debería ser sancionada penalmente.
La legisladora frenteamplista reveló que “son situaciones que tienen nombre, apellido y cédula de identidad. Estamos en una situación donde uno de cada cinco menores de seis años en nuestro país es pobre”. Al respecto, añadió que “hay hogares que no son capaces de sostener la crianza y la protección. Por eso, es bastante lógico el número que vemos después del ingreso al sistema de protección de INAU por causal pobreza, que se incrementó de 10,7 % en el primer semestre de 2020 al actual 20,4 % del segundo semestre de 2023”. Realmente contundente.
Para este Gobierno, si son pobres, no existen ni los niños ni los adolescentes ni los adultos mayores. No olvidemos los 16 ancianos muertos y calcinados en residenciales de Melo (2), Treinta y Tres (10) y Salinas (4), todos alojados en centros sin habilitación estatal y el vaciamiento del Sistema Nacional de Cuidados.
Esta derecha sólo cuida a los menores de la élite social y a los adultos mayores oligarcas que acumulan dinero a raudales, favorecidos por la apropiación de la plusvalía de las empresas de su propiedad y por las generosas exoneraciones tributarias que pagamos todos los uruguayos.
