En setiembre de 2022 el presidente de la República regresaba de un viaje con sus hijos y, entre otras personas, le acompañaba Alejandro Astesiano, quien aparte de su amigo era el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Antes de llegar al aeropuerto de Carrasco, Astesiano sabía que lo esperaban para detenerlo por su participación en la falsificación de partidas de nacimiento y pasaportes, pese a que se habían extremado las precauciones para que lo ignorara. ¿Quién le avisó?
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Quienes fueron a detenerlo lo dejaron continuar en el mismo vehículo del presidente hasta la residencia presidencial, lo que le dio tiempo para borrar los chats de su celular y quitarse de encima otros dos, los cuales jamás aparecieron.
No sabemos en qué momento exacto Luis se enteró de que aquel hombre, que durante años protegió a su familia, estaba metido en un lío grande. ¿No sabía que tenía infinidad de indagatorias policiales por hurto, estafa y apropiación indebida, en Montevideo, Colonia, Canelones y Maldonado, y antecedentes penales por estafa? ¿No sabía que en 2013 estuvo preso en el penal de Las Rosas, en Maldonado?
En 2021 México envió información a Uruguay sobre un numeroso grupo de rusos que circulaba por Sudamérica con pasaportes uruguayos falsificados. Poco después se descubrió que cada documento les habría costado, en promedio, 50.000 dólares. La maniobra consistía en modificar partidas de nacimiento de personas uruguayas fallecidas, adjudicándoles hijos rusos.
La investigación posterior demostraría que la organización delictiva tenía su centro de operaciones nada menos que en el 4to. piso de la Torre Ejecutiva, ya que Alejandro Astesiano tenía allí su despacho.
El tema de los pasaportes llevó a descubrir que Astesiano había creado una red de contactos en varios ministerios, y muy particularmente en el Ministerio del Interior. Él había sido el que estuvo detrás de la creación de la empresa Lunacar S.A., y sus socios apostaron todo a que su amistad con el presidente fuera la clave para ganar licitaciones públicas y compras directas.
Tras su detención comenzaron las turbiedades, trascendiendo que se había condicionado la entrega del celular del detenido a que no se descifraran los chats intercambiados con el presidente. La fiscal Gabriela Fossati habría aceptado “por respeto a su investidura”. Tras la indignación que esto produjo en la opinión pública, hubo marcha atrás y todo quedó como un malentendido. Otro “malentendido” surgió cuando los técnicos de la Policía afirmaron que sólo habían podido desencriptar el 10 % de los mensajes del celular; pero luego de las críticas mágicamente apareció la totalidad en menos de 24 horas.
La fiscal confesó en todos los idiomas que no estaba dispuesta a ir hasta el fondo del asunto y el tiempo demostraría que su admiración por Luis y su amor por el Partido Nacional la descalificaban como garantía de objetividad. Aprovechando la oportunidad que le brindaba el juicio abreviado, cerró trato con el acusado lo más pronto que pudo y varios jerarcas respiraron tranquilos. Astesiano estaría preso un tiempo en la cárcel de mediana seguridad de Florida y ellos no tendrían que dar mayores explicaciones. El juez Matías Porciúncula accedió al pedido de la fiscal y lo imputó por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.
Sin embargo, cuando se conocieron las confesiones grabadas de Gabriela Fossati al periodista Carlos Peláez (sobre todo la de que no estaba dispuesta a inmolarse por la justicia al final de su carrera) el caso pasó a otro fiscal.
El senador
En junio, y cuando el Senado se aprestaba a votar su desafuero, el senador Gustavo Penadés renunció a su banca y al Partido Nacional, tras múltiples denuncias en su contra. El 10 de octubre de 2023 la jueza Marcela Vargas le imputó 11 delitos de retribución y 4 de abuso sexual contra menores.
Poco después, el director del Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez y director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciaria, Carlos Tarocco, fue acusado de dar órdenes directas al policía Federico Rodríguez para que se reuniera con Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes del senador Gustavo Penadés, para sacarle datos sobre el resto de las víctimas.
Tarocco también ordenó a otros efectivos ingresar al Sistema de Gestión de la Seguridad Pública (SGSP) para obtener datos de los antecedentes e indagatorias de algunos de los denunciantes. Sin embargo, Penadés nunca contactó a Tarocco directamente. ¿Quién ofició de nexo? Aparentemente, un funcionario del Parlasur cercano al exsenador. Según comunicó el periodista Eduardo Preve, Diego Cuiñas integra la Gran Logia de la Masonería, y aprovechando que Carlos Tarocco era su hermano masón, lo contactó para pedirle el favor.
La Fiscalía investiga ahora de dónde sacó Tarocco 30.000 dólares para hacer una entrega y comprar una casa muy pocos días después de haber confeccionado el informe requerido por Penadés.
Paralelamente, por las escuchas telefónicas se supo que Graciela Del Vecchio, secretaria de Arturo Silvera (ministro de la Corte Electoral por el Partido Nacional), ingresó a la base de datos del organismo para extraer información requerida por Horacio Tejera, secretario de Penadés, sobre una de las víctimas del senador blanco.
Por su parte, lo que hicieron desde el primer momento el ministro del Interior y el mismísimo presidente de la República fue decir a los policías que el acusado era inocente y todo era una calumnia. No era de extrañar que algunos jerarcas pusieran a disposición de Penadés todo el poder del Estado para intentar salvarlo.
El narcotraficante
Todo comenzó cuando el subsecretario del Ministerio del Interior le envió un mensaje a su par de la Cancillería.
“Hola, Caro. Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. (Pretendemos) saber si sigue detenido o si lo liberaron lo cual sería terrible”, consultó Maciel.
“Hola, dale. Te averiguo”, contestó Ache. Posteriormente, el 5 de noviembre de 2021, respondió: “Sigue detenido”. Otro mensaje dice: “Carolina, te mando a subsecretaria toda la info que nos llegó de Dubái. Ese es el documento falso que usó. Son 3 mails”.
Por otra parte, al no obtener respuesta a sus pedidos de informes a la Cancillería sobre la investigación administrativa iniciada por la entrega de un pasaporte exprés al narco, los senadores Charles Carrera y Mario Bergara recurrieron a la Justicia, la cual ordenó enviar la documentación vinculada al caso. Así, y solo así, nos pudimos enterar del cruce de mensajes entre las subsecretarías de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior.
Pronto quedó claro que tanto lo dicho por Heber como por Bustillo (que no sabían quién era Marset) era falso.
Para colmo, el ya prófugo Sebastián Marset, líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa y África, reingresó a Uruguay en medio del escándalo, recogió a su primera esposa y se esfumó. Logró operar durante años desde Bolivia, Paraguay y Brasil, usando la hidrovía del río Paraná y exportando cocaína en contenedores incrustados en grandes embarcaciones.
El 29 de julio de 2023 un impresionante operativo, con 2.250 policías, cercó a Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra; pero su poder de corrupción le permitió escapar, gracias a que fue alertado a tiempo.
El 10 de noviembre de 2023, Leandro Grille dio a conocer algo impresionante en el programa Legítima Defensa. Durante una entrevista, el exministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio narró que en 2020 viajó a Uruguay para advertir al Ministerio del Interior que el narcotráfico estaba usando el puerto de Montevideo para enviar cocaína boliviana a Europa, pero, agregó, “no me dieron pelota”. Es más, desde Europa también se informó al Gobierno uruguayo que los cargamentos de drogas encontrados en puertos europeos, procedían de nuestro puerto.
Sin embargo, en agosto de 2023, los ministros Heber y Bustillo dijeron en el Parlamento que unos pocos meses atrás (antes de darle el pasaporte), nadie sabía quién era Sebastián Marset. ¿No sabían? Arnaldo Giuzzio reveló también que en enero de 2021 las autoridades uruguayas comunicaron a Paraguay que había un peligroso narcotraficante uruguayo operando en ese país.
En síntesis, el Poder Ejecutivo le mintió al Poder Legislativo. La pregunta del millón es por qué.
Sobre Marset había una espada de Damocles: un inminente pedido de extradición de Paraguay. Si lo devolvían a ese país, su destino era, sin dudas, el temible penal de Tacumbú, por lo que necesitaba desarrollar dos planes: uno, para convencer a las autoridades judiciales emiratíes de que, en su infinita inocencia, adquirió un pasaporte paraguayo falso creyendo que era legal; otro, lograr un pasaporte legal por parte de Uruguay para tomarse los vientos. Para ello, habría destinado 10 millones de dólares. Se desconoce cuántos millones desparramó en Emiratos Árabes; pero el hecho fue que lo consideraron una víctima de perversos paraguayos dedicados a engañar a gente honesta dándole documentos apócrifos.
Tanto el embajador uruguayo en EAU, Álvaro Ceriani, como la cónsul en Dubái Fiorella Prado, recomendaron esperar a que el narco saliera de la cárcel para otorgarle el documento; pero fueron desoídos. El sentido común indicaba que era poco prudente darlo a quien había sido detenido por usar un pasaporte falso.
Previamente, una reunión del abogado de Marset, Alejandro Balbi, con la vicecanciller Carolina Ache terminaría en que el presidente, buscando cortar por hilo más delgado, le pidiera su renuncia. Pasaría casi un año para que la abogada abriera la boca e hiciera caer a los verdaderos responsables.
Comenzó entonces un patético espectáculo con acusaciones cruzadas entre los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, comenzando a destaparse una olla con contenido más que nauseabundo.
Otro caído en desgracia fue el abogado Alberto Lacoste, destituido de la Dirección Nacional de Identificación Civil por haber apurado el trámite. Al cesarlo, el Gobierno intentó dejar todo por ahí, como que la culpa fue de un funcionario de tercera o cuarta línea. Con eso y lo de Carolina Ache, se suponía que la oposición dejaría de husmear en ese asunto; pero se equivocaron.
Cuando el Frente Amplio interpeló al canciller y al ministro del Interior, ambos argumentaron que obraron obligados por un decreto del Gobierno de José Mujica (2014); pero que, además, no tenían idea de quién era Marset. El tiempo dejaría al descubierto que se habían coordinado para mentir y que tampoco el famoso decreto obligaba a hacer lo que hicieron.
Ache narró al fiscal Alejandro Machado los detalles de una reunión en una casona que el Ministerio del Interior tiene en El Prado, para coordinar lo que dirían y no dirían durante la interpelación. Traducido al criollo: el Poder Ejecutivo puso a sus jerarcas a planificar cómo mentirle al Poder Legislativo y evitar que los chats intercambiados entre Maciel y Ache continuaran existiendo.
Bustillo comenzó a cavar su propia fosa cuando la llamó (sin saber que la exvicecanciller estaba grabando la conversación) y le sugirió que “perdiera” su celular, prometiendo, además, hacer que “la tipa” encargada de la investigación administrativa de la División Jurídica del Ministerio no hiciera preguntas comprometedoras.
Los que se creían los más vivos del planeta terminaron cometiendo las peores estupideces. Roberto Lafluf se degolló solo al llamar también a Carolina y decir que había destruido un acta notarial con los chats.
El primer día de noviembre de 2023, tras darse a conocer el contenido de sus llamadas, el canciller renunció. El presidente regresó el sábado siguiente a Uruguay y señaló que ninguno de los jerarcas había cometido ningún delito; pero aceptó las renuncias de Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel y Roberto Lafluf.
Si el presidente no estaba al tanto de lo que se había hecho, no tendría que haber aceptado las renuncias; tendría que haberlos destituido. Se había usado su nombre para conspirar y engañar al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
MDS PRND
Hay rumores de que la Fiscalía investiga si Astesiano llegó a facilitar pasaportes a cómplices de Marset; pero mientras eso se investiga debidamente, veamos los puntos de coincidencia en estos tres casos.
Las investigaciones administrativas de los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores terminaron en la nada. El excanciller comentó por teléfono que podía influir en la encargada de investigar. Lafluf reconoció haber destruido un documento público y el presidente mintió al decir que no formaba parte del expediente y era una sola hoja, cuando eran doce. La exvicecanciller declara que la presionaron para eliminar evidencia.
En los tres casos hubo intervención de funcionarios públicos de alta jerarquía para que los criminales lograran sus objetivos. En algunos casos se usaron vehículos, tecnología, archivos y hackers para propósitos ilícitos.
En los casos Marset y Penadés el presidente negó la existencia de delitos y sobre Astesiano resaltó que era un excelente funcionario.
En todos los casos se ha pretendido que el presidente quede libre de sospecha. No sabía lo que ocurría en planta baja de la Torre Ejecutiva (omisión de registros), ni en el piso 4 (asociación para delinquir), ni en el piso 11 (complot).
No sabía que el decreto de 2014 habilitaba dar el pasaporte a Marset solo para regresar a Uruguay mientras se aclaraba su situación.
El presidente no sabía nada. Ese es el punto en común de los tres casos.
Los uruguayos Marset, Penadés y Astesiano tienen un presidente que nunca sabe nada.