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Columnas de opinión | derechos humanos | cargo |

INDDHH

Un mal manejo multicolor

Si prospera la repartija de cuota política, se debilitará la defensa de los derechos humanos, pero también el prestigio internacional de la República toda.

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La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) fue creada en Uruguay por Ley 8.446 de 2008, aprobada por unanimidad de las fuerzas con representación parlamentaria. Tengo el honor de haber integrado su primer Consejo Directivo (CD), propuesto por organizaciones de derechos humanos, legalmente constituidas. Como manda la ley, hacía más de dos años que no ocupaba cargo, electo o de confianza política, ni pude hacerlo hasta tres años después de dejar el cargo.

Hoy el tema vuelve a estar en el tapete. Se habla de nombrar por cuota política a sus miembros. Violenta los principios de la ley y nos haría incurrir en incumplimiento de compromisos internacionales. Se pretende manipular la información para engañar. Para mentir, dijo Onetti, “se miente cuando lo que se dice es verdad, pero se les quita el alma a los hechos”.

¿Cómo puede ser que un partido que sostiene que la Inddhh deje de existir pida un cargo para su sector partidario? ¿Cómo un legislador, además abogado, puede decir, que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia para que se cierre la Inddhh? ¿No sabe que la Corte si falla por inconstitucional es a los efectos de un caso y no tiene facultades para disolver una institución del Estado?

Nosotros, hoy, ni siquiera vamos a opinar, solo vamos a informar. Con la objetiva verdad como única arma y único instrumento.

La ley surge por la voluntad política de los legisladores en cumplimiento de tratados firmados y ratificados por el país y en cumplimiento de un fallo vinculante (o sea obligatorio) de la Corte Americana de Derechos Humanos.

Uruguay ha sido original: a) creando un órgano colegiado; y b) incluyendo tres instituciones en un mismo organismo: la Inddhh, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, credo en la “Convención Internacional contra la Tortura y demás Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes”.

Sobre este último (el Mecanismo de Prevención), ya desde el período anterior voceros de la coalición que hoy gobierna trataron de boicotearlo. Sostenía un jerarca del actual gobierno que podía haber muchos “Mecanismos”: es cierto que la normativa internacional lo prevé, pero no la ley uruguaya, que dice: “Será el Mecanismo […]”. O sea, el, no “uno de los”.

Sobre la elección de los miembros del CD, siguiendo los llamados Principios de París, a los que está obligada, hay dos procedimos distintos, uno para el primero, que integré, y otro para los siguientes. Mientras que para el primer CD sus miembros debían ser elegidos entre los propuestos por las organizaciones de derechos humanos en el futuro; estas debían además ser miembros de la Asamblea de Derechos Humanos.

¿Por qué ahora esa exigencia extra? Porque cuando fue elegido el primer CD, la asamblea prevista en la ley no existía aún. Pero en un caso y en otro solo las organizaciones civiles pueden nominar candidatos que los legisladores podrán votar.

Dicen que los legisladores también están habilitados por la ley para proponer miembros. Pero decir una parte de la verdad ocultando otra también es una forma de mentir. Los legisladores pueden presentar nombres, pero luego viene una coma, no punto. Los legisladores pueden presentar candidaturas (no los partidos), (coma) propuestos por las organizaciones civiles.

Toda la ley como las convenciones y los tratados internacionales que la rigen son muy cuidadosos de la no partidización de sus directores. No en vano, la elección es por cinco años a mitad de mandato de un gobierno. Es decir, cada CD actúa en la segunda mitad de un gobierno y en la primera del siguiente.

Haber integrado el primer CD es motivo de orgullo personal. Empezamos sin presupuesto, ni sede ni tarjetas. La primera sesión fue en el living de casa. Entregamos una institución reconocida por la ONU, calificada con la nota más alta. Con asiento, voz (no voto) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Examen Periódico Universal (EPU) de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Con sede y, lo más importante de todo, un elenco de funcionarios calificados, que serían orgullo de cualquier institución nacional. Doy fe de lo alto de la vara con que miden y juzgan los órganos competentes. Hasta tener nuestro propio presupuesto, el 100% de los funcionarios estaba “en comisión”, figura muy uruguaya y bastante desconocida en otros países. Por eso había que probar la independencia jerárquica de esos funcionarios de los organismos de los que procedían.

Están jugando con fuego para que el humo del mismo tape lo que quieren ocultar. Si prospera la repartija de cuota política, se debilitará la defensa de los derechos humanos, pero también el prestigio internacional de la República toda.

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