Lacalle Pou no está enterado de nada porque, fiel a su prédica de libertad responsable, deja que otros hagan barbaridades sin consultarlo, como el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, como los que le otorgaron un pasaporte ilegal a un delincuente o como un asesor presidencial que destruyó y ocultó pruebas a la Fiscalía. Él, por su parte, únicamente “pasa a saludar”.
En realidad, Lacalle Pou es un histrión, que en el teatro de la Grecia antigua era un actor que se disfrazaba para representar una comedia o una tragedia, pero también un mero bufón o un falsario. En efecto, aunque se disfrace de demócrata, ha gobernado durante estos cuatro años para una minoría privilegiada que se enriqueció como nunca.
Empero, también es un avezado maquillador. Sus asesores deben haber saqueado todas las perfumerías para obtener los cosméticos necesarios para maquillar, por ejemplo, la descomunal tasa delictiva que aqueja a la sociedad o para maquillar –como se puede– los actos de corrupción que dieron por tierra con la vara de la ética y comprometieron la imagen del país a nivel internacional.
Aunque parezca insólito, todavía hay uruguayos que creen en él, porque la comedia que interpreta como actor protagónico, sobre un tinglado con abundantes decorados, vestuario, numerosos extras, luces multicolores y profusa publicidad, es una mascarada perfecta.
Al realizar el balance de estos cuatro años de gobierno, omitió toda referencia a la pobreza y la corrupción. Evidentemente, para él, los uruguayos tienen la “libertad responsable” de ser pobres y los miembros de su gobierno, incluyéndolo a él, la “libertad irresponsable” de ser corruptos.
El mandatario subrayó que “tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años”. Lo que olvidó aclarar es que la inflación baja cuando cae el consumo. En ese contexto, los precios tienen que ajustarse a los escuálidos bolsillos de los consumidores.
También aludió a la presunta rebaja de impuestos –el IRPF y el IASS– que favoreció a una minoría y castigó a quienes tienen ingresos más bajos, ya que sólo el 30 % de los asalariados pagan el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y apenas el 25 % de los jubilados tributan el Impuesto de Asistencia de la Seguridad Social.
Asimismo, destacó el “fuerte crecimiento del empleo”. Este guarismo es meramente estadístico, porque la mayoría de los 80.000 puestos de trabajo son de empleados que perciben el salario mínimo nacional –que a enero de este año se situó en $22.258– o de sueldos de 25.000 pesos. Incluso, en 2023 más de la mitad de las nuevas fuentes de trabajo se crearon en el mercado informal.
Aunque parezca insólito, ponderó el presunto aumento del salario real, que llegará –al final del período– apenas a un 2 %. Por supuesto, la pérdida salarial y de jubilaciones que se verificó entre 2020 y 2022 ya no se recuperará, porque los ajustes no son retroactivos. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio el salario real creció un 63 %, a un promedio de 3,3 % por año.
Naturalmente, defendió la reforma de la seguridad social, aunque soslayó mencionar que los trabajadores perderán derechos y, lo que es peor, estarán obligados a afiliarse a las Administradoras de Ahorro de Fondos Previsionales, que rapiñaron los aportes de los asalariados durante veintiséis años. En 2017 el Estado debió invertir 2.500 millones de dólares para evitar que los trabajadores con causal jubilatoria se retiraran con pasividades de hambre.
Por supuesto, elogió la Ley de Urgente Consideración, afirmando que ninguno de los efectos catastróficos que se vaticinaban se cumplió. Tampoco esto es cierto. La LUC fue un cheque en blanco para la represión policial, recortó el derecho a la protesta de los trabajadores, aumentó el lavado de activos y la transformación o reforma educativa marcó un radical retroceso. En efecto, aumentó la tasa de egreso en los diversos niveles educativos gracias a la supresión de la repetición y a la baja de la calificación para obtener la promoción, tanto en Ciclo Básico como en el Bachillerato de Educación Media.
Naturalmente, Lacalle Pou también aludió a la presunta baja de los delitos, la cual es el desiderátum en materia de maquillaje. Las que cayeron fueron las denuncias de robos y rapiñas, por las trabas burocráticas y el ocultamiento. Con respecto a los homicidios, en menos de cuatro años, la tasa ya está por encima del período pasado. Incluso, la violencia es aún mayor, ya que aparecieron cuerpos descuartizados y quemados y hasta murieron niños, lo cual no sucedía en el pasado. Al respecto, no mencionó el exponencial aumento de las denominadas muertes sospechosas, que contribuye a aplanar la gráfica de asesinatos.
El termómetro de la inseguridad es lo que sienten o padecen cotidianamente los uruguayos en las calles de Montevideo y en el interior del país. Al respecto, todas las encuestas revelan que la mayoría de los ciudadanos se sienten inseguros, lo cual contrasta radicalmente con la sesgada percepción que tiene el Gobierno.
Aunque son muy magros los resultados en materia de regularización de asentamientos irregulares, Lacalle anunció la duplicación de las partidas presupuestales destinadas a atender a la población carenciada. Esta es la única alusión que hizo a la pobreza, aunque olvidó mencionar que la tasa de personas que viven en condiciones paupérrimas trepa actualmente al 10 % (350.000 personas), 42.000 más que en 2019, y se duplicaron los uruguayos en situación de calle.
En tal sentido, instó a “cuidar la cohesión social”, lo cual parece una ironía, ya que el que no la cuidó fue su propio Gobierno.
Por supuesto, ignoró olímpicamente los escándalos de corrupción de su administración, como la actividad delictiva del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, la ilegal entrega de un pasaporte a un narco, la operación encubierta para favorecer al pedófilo exsenador Gustavo Penadés, la entrega del Puerto de Montevideo a una multinacional belga, las licitaciones sospechosas, el pago de sobreprecios por aviones chatarra y drones, las exoneraciones a familiares de gobernantes y empresarios donantes de campaña, los acomodos y la entrega de viviendas a militantes políticos.
Más allá de que el Gobierno conserva una buena evaluación ciudadana, este fenómeno es únicamente atribuible al correcto manejo de la pandemia particularmente por la exitosa campaña de vacunación, pero fundamentalmente a la incisiva campaña mediática que ha maximizado los supuestos logros y minimizado los desaciertos o los meros actos de corrupción, que dilapidaron el prestigio acumulado durante 15 años de gobierno progresista a nivel internacional.
Fue tan burda la puesta en escena que hasta el cielo o el dios en el que cree el presidente se quejó, descargando un descomunal temporal que transformó a Montevideo en una suerte de Venecia sudamericana.
