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Sociedad

Condenan a seis manifestantes que rechazaban el traslado de la Dra. Mariana Mota, en el 2013

La Jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leites, Jorge Zabalza, Aníbal Varela y Álvaro, Diego y Eduardo Jaume; el abogado, Juan Fagúndez, adelantó que apelará la sentencia esta semana.

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La jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, Diego Jaume y Eduardo Jaume por un delito de atentado, los primeros tres en calidad de autores y los últimos tres en calidad de cómplices, por las protestas del 15 de febrero de 2013 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el traslado de la órbita penal a la civil de la entonces jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo más de 50 expedientes vinculados a la violación de los derechos humanos en la dictadura.

En la jornada de ayer la notificación con el fallo de la sentencia empezó a circular en las redes sociales, dando cuenta del pedido de procesamiento, con el titulo criminalización de la protesta.

Fundamentos del Fallo

Para la Dra. de Salterain «La acción desarrollada por los encausados configuró efectivamente el ilícito previsto en el art. 171 del C.P , Atentado,  en tanto emerge claramente de infolios que los encausados, mediante violencia y amenazas contra funcionarios públicos, con el fin de impedir el libre ejercicio de la función, actuando con prepotencia, odio y menosprecio a la autoridad».

La Pluriparticipación

La Dra. de Salterain sostiene que «Agrava especialmente la responsabilidad penal de los imputados que el delito se hubiera cometido por más de tres personas y menos de quince, que se haya cometido contra más de dos funcionarios y contra un cuerpo judicial y de organización jerárquica y la elevación jerárquica de los funcionarios ofendidos (art. 172 del C.Penal). Concurre como atenuante la calidad de primario absoluto, en vía analógica (art. 46 nral.13 ejusdem).- A criterio de la suscrita no concurre la agravante genérica de la pluriparticipación, en tanto la misma se relevó como agravante especial.- Se computará como atenuantes para todos los indiciados la primariedad y la confesión parcial de los hechos (art. 46 C.Penal)».

A pesar del tiempo

La denuncia la presentaron los entonces integrantes de la SCJ contra Leites, integrante de la Plenaria Memoria y Justicia; Jorge Zabalza, exdirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros; los activistas Eduardo, Álvaro y Diego Jaume; y el exsecretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo Aníbal Varela. También denunciaron a la docente Patricia Borda, cuya causa se separó de la del resto.

El proceso

A fines de 2013, la jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los siete por el delito de asonada, contemplado en el Código Penal, que se puede aplicar a las personas que se reúnan “en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”.

La defensa de los manifestantes presentó un recurso de inconstitucionalidad y en 2015 una SCJ integrada –ya que no podían ser jueces los mismos denunciantes– hizo lugar al pedido por considerar que era “un claro exceso” sancionar penalmente “a las personas por reunirse alborotadamente” y que con ese delito se infringía varios principios jurídicos, “al recurrir al vago e indeterminado concepto de ‘fin ilícito’”, entre ellos, que “nadie puede ser castigado por una conducta que no se encuentre previamente establecida en la ley penal en forma clara, nítida, estricta y precisa”.

A este pronunciamiento de la SCJ siguió la clausura de la causa, por resolución de la jueza Blanca Riero. Pero el entonces fiscal Gustavo Zubía –actual diputado por el Partido Colorado– apeló el fallo y el Tribunal de Apelaciones siguió adelante con la causa, pero ahora por el delito de atentado y no de asonada.

Los Hechos

En la narración de los hechos la  sentencia de De Salterain expresa que sobre el mediodía del 15 de febrero, unas 150 personas ocuparon la sede y comenzaron “cánticos ofensivos, aplausos, gritos e insultos hacia los integrantes de la SCJ y hacia el propio presidente de la República, que impedían de hecho el inicio de la ceremonia”, como “Mariana no se va, Mariana no se va”, “Se va a acabar, se va a acabar la dictadura judicial”, “Ministros traidores, vende patria”, “Pepe traidor”.

Los encargados del operativo buscaron interlocutores para comunicarles que había una orden judicial para que desocuparan el edificio y luego de varias horas de negociaciones, la policía logró desalojar parcialmente el edificio de manifestantes. “Quedaba aún un grupo de personas que continuaban con los ánimos exaltados. La sala de las ceremonias se encontraba colmada con los familiares de los jueces que iban a jurar en sus nuevos cargos, los medios de prensa y las personas que manifestaban su disconformidad con el traslado de la Dra. Mota”, se detalla en la sentencia.

“En la antesala, Miguel Iraola [coordinador de la Jefatura de Montevideo] ya había tomado la medida de aislar la sala de juramentos, para impedir el paso de la gente que se encontraba ocupando el atrio del primer piso. Esos grupos que aún permanecían en el edificio, según las declaraciones contestes de los funcionarios policiales actuantes, respondían básicamente a Plenaria Memoria y Justicia por la presencia de la Sra. Irma Leites, algunas personas al Sr. Zabalza, e incluso había grupos que eran más radicales que otros sin poderse identificar a quién o quiénes respondían”, se indicó en la sentencia.

Criminalizar la protesta

En un comunicado que difundieron este domingo, Leites, Zabalza y Álvaro Jaume calificaron la sentencia como un “atropello judicial” que asociaron a un afán de “criminalizar” la protesta, una “persecución política” y una intención de dar un “castigo ejemplarizante para aquietar rebeldías” ante lo que catalogaron como “una inmoral y vergonzosa impunidad”.

En el texto destacan que en la convocatoria por la que se inició todo participaron “un par de miles” convocados por diversas organizaciones –entre ellas, el PIT-CNT y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos– con la “clara conciencia de que dicho traslado era un operativo político destinado a congelar las decenas de causas que tenía entre manos la jueza” y a “legitimar la impunidad de la que han gozado, y aún gozan, los terroristas de Estado”.

También señalan que ese día fueron “cientos” los que subieron a la sala de ceremonias de la sede, “exteriorizando pacíficamente” su protesta. Afirman que “se aplicó la violencia” para desalojarlos y que, pese a esto, los manifestantes abandonaron el edificio “voluntaria y pacíficamente”. Y, posteriormente, resaltan que de ese centenar de personas “selectivamente” seleccionaron a siete, que fueron procesados.

En la misiva se hace mención, asimismo, al fallo de 2015 de la SCJ por el cual se declaró la inconstitucionalidad del delito de asonada para este caso, y los imputados sostienen que suponían que ese “sería el cierre definitivo de la causa”, que, sin embargo, prosiguió por el delito de atentado.

“Denunciamos públicamente este atropello judicial, decididamente indigno, y reiteramos que nuestro reclamo, como el de gran parte de nuestro pueblo, sigue siendo tenazmente el mismo: ¡verdad y justicia!”, finaliza el comunicado.

 

 

 

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