La Justicia de Brasil condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de prisión en un nuevo caso por supuestos actos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
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El fallo a cargo de la jueza federal Gabriela Hardt, que sustituyó al frente de la investigación de la Operaión Lava Jato al magistrado Sérgio Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, consideró que Lula recibió coimas por reformas edilicias en una propiedad cedida temporalmente a su familia.
En el caso conocido como “Casa de Campo de Atibaia”, Hardt estableció que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) supuestamente se benefició de obras por aproximadamente un millón de reales (unos 271.000 dólares) que las empresas Odebrecht, OAS y Schain, habrían hecho en una casa en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo, a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Dicha propiedad está a nombre del empresario Fernando Bittar, que mantiene amistad con la familia de Lula, y había sido cedida temporalmente al expresidente en 2010.
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