CovaxinGate: el escándalo que llevaría a Bolsonaro a un nuevo juicio político

Toda esta polémica llega en un momento frágil de Bolsonaro, a falta de un año y medio para las elecciones presidenciales, a las que pretende presentarse y que estaría perdiendo ante el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Qué es el #CovaxinGate?

La investigación en torno a posibles fraudes en la negociación de la vacuna india contra la covid-19 ha estrechado el cerco sobre Bolsonaro, salpicado por las supuestas irregularidades en el contrato de intención de compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) fue instalada hace dos meses por el Senado para determinar las responsabilidades del gobierno en la gestión de la pandemia que ya se ha cobrado más de 500 mil vidas en Brasil.

El escándalo se centra en el proceso de negociación para adquirir la vacuna india, durante el cual Luis Ricardo Miranda —jefe de importaciones del Ministerio de Salud de Brasil—, y su hermano Luis Miranda —diputado afín al gobierno de Bolsonaro— donde denunciaron “presiones atípicas” de sus jefes “a todas horas” para llevar a buen puerto la operación, además de “inconsistencias” en los documentos de compra.

La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda. El asunto tiene varias aristas. Se sospecha de la intervención de grupos de cabildeo.

La vacuna aún no había sido entregada. Pero lo que intrigó a Miranda, que se negó a autorizar su pago, fue que el contrato, por un monto total de 300 millones de dólares, al que correspondía esa factura no mencionara a Madison Biotech, la firma radicada en Singapur que la envió y que sería una empresa fantasma, y según información recibida por la comisión, tiene un capital declarado de escasos mil dólares.

Pronto surgieron otras irregularidades en el acuerdo y el gobierno acabó por cancelar la operación. Según el diario O Estado de São Paulo, Bharat Biotech inicialmente cotizó la dosis de la vacuna a 1.34 dólares, pero Brasil acordó pagarla a 15 dólares, más que por ninguna otra que haya comprado.

A diferencia de otras tratativas con laboratorios, que demoraron más de seis meses y fueron contactos directos, en el caso de Covaxin el negocio se concretó en 90 días, a través de intermediarios y por valores superiores al de otras vacunas negociadas por el gobierno, que en este caso totalizaban 320 millones de dólares.

También existe un “intermediario” local del negocio, identificado como Francisco Maximiano, investigado por corrupción y dueño de una empresa que ya “vendió” al gobierno medicamentos que jamás entregó.

Luis Ricardo Miranda planteó sus preocupaciones a su hermano, Luis Miranda, en que Bolsonaro los habría recibido a ambos el 20 de marzo en el Palacio de Planalto, la residencia oficial. Según contaron los Miranda ante la CPI, Bolsonaro les habría asegurado que enviaría el caso a la Policía Federal. Aparentemente nunca lo hizo.

“Hubo varias señales de alerta”, según Luis Miranda, quien testificó el 25 de junio ante la CPI. El congresista aseguró que le expresó al Bolsonaro su preocupación por el impacto político del caso y su sospecha sobre el autor del esquema.

“Si interfiero con esto, sabes qué tipo de mierda va a provocar. Este debe ser un trato de Fulano de Tal”, contó el diputado Miranda ante los legisladores de la comisión.

Presionado por los senadores para identificar a Fulano de Tal, el congresista insistió en que no lo recordaba, hasta que, al borde de las lágrimas, acabó por revelar el nombre: Ricardo Barros, el ex ministro de Salud en el gobierno de Michel Temer y un poderoso diputado que encabeza la bancada progubernamental.

“Me van a perseguir. Ya lo perdí todo. Sé lo que me va a pasar”, dijo Miranda, quien había llegado a la sesión con chaleco antibalas y se dijo “decepcionado” con Bolsonaro y con la anunciada intención del gobierno de acusarle de “calumnias” ante los tribunales. “No entiendo tanta rabia con quien está ayudando a combatir la corrupción”, declaró.

Barros, quien es uno de los líderes del Centrão en el Congreso de Brasil, negó haber cometido cualquier ilegalidad, al igual que Bolsonaro, quien alega que el contrato al final se canceló y acusa a los hermanos Miranda de una campaña de desprestigio contra él.